Juicio político contra fiscal General y presidente de la Corte

Operadores de justicia ocultan elementos en caso de agente vinculado a asesinato de hijo de expresidente

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Tegucigalpa. –La eliminación de una publicación en Twitter por parte del Poder Judicial que contraria un comunicado del Ministerio Público sobre el vínculo directo de un agente de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en el asesinato del hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, evidencia la cooptación de los operadores de justicia por parte de estructuras criminales.

Pese a que la Fiscalía intentó ocultar la captura del agente Fernando López Lara por sustraer un arsenal de armas y hurtar evidencia vinculada a la masacre del pasado 14 de julio en Tegucigalpa, donde fueron asesinados cuatro jóvenes, incluidos Said Lobo Bonilla, hijo del expresidente Lobo y también un sobrino del diputado del conservador Partido Nacional, Walter Chávez y el sobrino político del exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, el caso fue develado aunque se negó su participación en el crimen.

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A través de un comunicado, el Ministerio Público confirmó la captura contra el agente y lo acusó de hurto continuado, lo que expone que era una práctica recurrente, además de tráfico de armas y asociación para delinquir, al tiempo que negó que el arsenal sustraído sirvió para cometer el violento homicidio múltiple.

 

Este martes, tras finalizar una extensa audiencia inicial contra Lara, el Poder Judicial publicó un tuit en el que se ratifica que está vinculado directamente en el asesinato de los jóvenes, logrando demostrarse con prueba científica su participación, sin embargo, la publicación fue borrada minutos después y se realizó una nueva en la cual solo se confirmó la acusación en su contra y los delitos.

El tuit original revelaba que “luego de realizar maratónica audiencia inicial juez con jurisdicción nacional dicta auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva para Fernando Daniel López Lara, los delitos por los que es acusado se vinculan con la masacre del 14 de julio en el bulevar Morazán”.

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, en reiteradas ocasiones se ha referido sobre la cooptación de los operadores de justicia con estructuras del crimen organizado, en este caso señaló que existen “evidencias cambiantes”. Asimismo, publicó una foto del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla en la que se observa tapando a la diosa Temis que simboliza la justicia.

También, recordó el caso del asesinato en 2018 de la jefa de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de la zona occidental de Honduras, Sherill Yubissa Hernández, que el Ministerio Público quiso hacer pasar como suicidio. Hasta el momento este caso sigue en impunidad.

Villanueva, que fungía como directora de Medicina Forense, en ese año, denunció que no se trataba de un suicidio sino de un asesinato, lo anterior le valió amenazas a muerte en su contra y a otros médicos forenses que investigaban las causas de muerte de la agente. Posteriormente, fue destituida de su cargo por parte del fiscal general, quien ha señalado de ser parte de la estructura del crimen organizado y el narcotráfico.

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Recientemente, el propio asesor presidencial, coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) y expresidente, José Manuel Zelaya, aseveró que los grupos criminales han cooptado el Estado y mantienen vinculación directa en sus fechorías.

Amplió que “tienen dinero y abogados”, además que “han infiltrado sectores de la sociedad” auspiciado por el régimen criminal y dictatorial que constituyó el exgobernante Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

LA PROTECCIÓN AL CRIMEN ORGANIZADO

No es la primera vez que los organismos operadores de justicia se contradicen y eliminan pruebas, comunicados o publicaciones en los que ocultan la verdad. En 2016 Criterio.hn publicó un comunicado del Ministerio Público en el que exponía a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por proteger a criminales vinculados al narcotráfico.

La nota detallaba que varios magistrados de la Sala Penal, entre estos Jacobo Antonio Calix Hernández respaldó con fallos judiciales a narcotraficantes, específicamente a los hermanos “Pinilla”, colombianos que administraban un narcolaboratorio en el departamento de Lempira y que fueron defendidos por el bufete jurídico de Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, sentenciado en marzo de 2021, por cargos de narcotráfico a cadena perpetua más 30 años de prisión en Estados Unidos.

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No obstante, el Ministerio Público borró la evidencia y la Corte Suprema de Justicia pidió derecho a réplica negando las acusaciones de la Fiscalía. Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público son señalados de ser columnas que mantuvieron al régimen criminal de Hernández y que promovieron la corrupción, la criminalidad y la impunidad, a tal grado que el actual Congreso Nacional mantiene la pugna por someterlos a juicio político.

De igual manera, la Comisión Especial que nombró el Congreso Nacional para investigar a operadores de justicia demostró que tanto la Fiscalía como la Corte responden a intereses del crimen organizado.

Se denunció que se recibió información y testimonios de detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), quienes entregaron documentación con órdenes ilegales, obstrucción a su labor, relevos irregulares por parte de la actual directora Soraya Cálix.

Asimismo, develaron que tienen un informe presentado a Chinchilla por un detective de la DLCN en el que se denuncia las acciones de Cálix en protección a la actividad criminal del cártel de los hermanos Tony y Juan Orlando Hernández, sin resultado alguno.

“Denunciaron actos de intimidación y amenazas en su contra, la alteración de informes de investigaciones que realizaron sobre personas vinculadas con el narcotráfico y varios extraditables, también la falsificación de la firma de uno de los detectives de esa dirección”, expone el informe.

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