Portada: Río Jilamito, Arizona, Atlántida. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn

Cada 5 de junio, la comunidad internacional conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. La fecha, establecida por la Asamblea General de la ONU en 1972 tras la Conferencia de Estocolmo, busca «profundizar la conciencia ecológica» y recordar a los gobiernos su compromiso con la preservación del planeta

Sin embargo, más de cinco décadas después, la realidad se ha tornado paradójica y profundamente alarmante. Lejos de ser una celebración, la efeméride debería ser un recordatorio de cómo los mismos Estados que firmaron los acuerdos se han convertido, a través de sus políticas, en los principales conspiradores contra la salud del planeta y la vida de sus habitantes.

La paradoja histórica: del activismo a la política depredadora

El origen del Día Mundial del Medio Ambiente fue un punto de inflexión, un «despertar» que llevó a la creación de ministerios ambientales y legislaciones pioneras. Pero la euforia inicial se topó con una realidad implacable. Como señala un análisis crítico de 2005, «las políticas ambientales preventivas» chocan con los ciclos económicos y las legislaturas de corto plazo, mientras que el deterioro avanza a un ritmo que la ciencia apenas puede seguir .

La gran ironía es que, con el ascenso del neoliberalismo y la globalización, los Estados han pasado de ser garantes de la protección ambiental a ser facilitadores de su destrucción. Este cambio de paradigma se consolidó con el «Consenso de Washington» y la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que priorizó el libre comercio y la desregulación por encima de cualquier estándar ecológico.

Los Conspiradores: Cuando el Estado Alimenta la Crisis

¿Quién conspira contra el ambiente? La respuesta no se encuentra solo en las empresas multinacionales, sino en su alianza estratégica con los gobiernos. El Estado moderno, capturado por intereses económicos, se ha convertido en el arquitecto de su propia ineficacia.

Militarización y criminalización: En lugar de fomentar el diálogo, los Estados responden a la crisis ambiental con mano dura. El artículo sobre la Sierra de La Macarena en Colombia es un ejemplo paradigmático de «gobernanza ambiental sin soberanía». Tras el acuerdo de paz de 2016, la respuesta del gobierno a la deforestación masiva (impulsada por la ganadería extensiva) no fue una reforma agraria, sino la Operación Artemisa, una estrategia militarizada que criminaliza a los campesinos, mientras las grandes talas continúan impunes. Esta política no sólo es ineficaz (protege menos del 5% del área deforestada), sino que recicla lógicas contrainsurgentes, sembrando terror en las comunidades 

Desregulación y corrupción: El caso de Esmeraldas, Ecuador, ilustra la «desinstitucionalización» del Estado. A pesar de que existe una «legislación casi perfecta en la teoría» para proteger los manglares y bosques, esta no se aplica. La Refinería de Esmeraldas opera sin control, vertiendo petróleo a los ríos y causando catástrofes como el incendio de 1998 en el barrio La Propicia. La complicidad se extiende a los gobiernos locales, que otorgan licencias ambientales sin estudios y se alían con madereras y palmicultoras que arrasan con 30 mil hectáreas de bosque al año.

Negocios y Medio Ambiente: ¿Aliados o Depredadores?

El discurso del «desarrollo sostenible» y la «responsabilidad social empresarial» suena hueco frente a la evidencia. La extracción de recursos es la base de la economía latinoamericana, pero los beneficios no se quedan en los territorios.

 La minería a gran escala en la cordillera del Cóndor es un ejemplo extremo: el Estado concesionó más de 260 mil hectáreas a empresas extranjeras (como la canadiense Aurelian) sin consultar a las comunidades indígenas shuar.

 Este «gigantismo» empresarial, lejos de ser un mal necesario, es la punta de lanza de una economía extractivista que, como afirma el investigador Jorge Albán, prioriza las demandas del mercado externo por encima de las necesidades locales.

Las empresas mineras, taladoras y palmicultoras no solo contaminan, sino que dividen a las comunidades, compran dirigentes y operan en la más absoluta impunidad, como denunciaron los líderes awá en el foro de 2005.

Honduras: uno de los países más peligrosos para defender el ambiente

Honduras es quizás el caso más extremo de esta tragedia. Según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) , entre 2015 y 2025 se registraron al menos 103 asesinatos de defensores ambientales y territoriales. La mayoría de estos crímenes están vinculados conflictos por tenencia de tierra (especialmente en el Bajo Aguán y Colón), explotación forestal ilegal, concesiones mineras otorgadas sin consulta, narcotráfico y presencia de actores armados

El 90 % de los casos permanecen en la impunidad. 

El informe «Entre la Ley y el Abandono» (ASJ-CONADEH, 2026) revela que el riesgo contra defensores ambientales es estructural. El marco normativo hondureño reconoce derechos, pero lo hace de manera fragmentada: las leyes agrarias, forestales y municipales operan sin coordinación, permitiendo que decisiones de alto impacto (como un plan de manejo forestal o una concesión) se tomen sin evaluar su impacto en la seguridad de quienes defienden el territorio.

Además, el Mecanismo Nacional de Protección es reactivo: actúa cuando el riesgo ya está presente, no antes. Y el sistema penal no investiga con enfoque diferenciado, lo que alimenta la impunidad.

Uno de los casos más recientes y emblemáticos ocurrió el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón, una de las regiones con mayor conflictividad territorial y presencia de economías ilegales en Honduras. Allí fue asesinado Juan López, ambientalista y defensor comunitario que se oponía a proyectos extractivos y a la tala ilegal en la zona.

Actualmente, los presuntos autores materiales del crimen se encuentran en prisión preventiva, en medio de un proceso judicial que, aunque representa un avance formal, sigue siendo frágil. La gran incógnita —y el principal reclamo de las organizaciones defensoras— gira en torno a la autoría intelectual.

Según lo señalado por el Ministerio Público, el nombre que aparece tras el ataque es el del exalcalde del partido Libre, Adán Fúnez. Una acusación de alto voltaje político que, de confirmarse, evidenciaría hasta qué nivel del Estado puede llegar la conspiración contra quienes defienden el ambiente.

Las organizaciones sociales y ambientalistas advierten que el esclarecimiento del caso está lejos de ser completo. Quedan pendientes múltiples líneas de investigación que resultan fundamentales para entender la magnitud del entramado criminal:

Transacciones bancarias y movimientos financieros que pudieron haber financiado el crimen.

Rastreo de datos y vaciados telefónicos para identificar redes de comunicación entre actores políticos, económicos y operadores logísticos.

Vacíos en la cadena de mando: ¿quién ordenó, quién facilitó, quién financió?

Y, sobre todo, una pregunta que parece sencilla:

¿A quién más incomodaba la defensa de Juan López? ¿A qué proyectos se estaba oponiendo?

Aquí puedes tener una mayor visión sobre este caso. 

“Los autores intelectuales no disparan, pagan”: claves para esclarecer el asesinato de Juan López

El rostro cíclico de la destrucción

Como se planteó al inicio de esta nota, uno de los mayores conspiradores contra el medio ambiente es el Estado a través de sus políticas, independientemente de la línea política que se encuentre en el poder. No se trata de un fenómeno exclusivo de derecha o izquierda: es una lógica estructural de saqueo, extracción y acumulación que atraviesa el espectro ideológico. Lo que cambian son los discursos; lo que se mantiene es la complicidad con los grandes capitales.

Sin embargo, en esta década, con el resurgimiento de la derecha en América Latina —unas veces por vías democráticas, otras impuestas por intereses geopolíticos— los proyectos de daño al medio ambiente han tomado una fuerza aún más descarnada, sin los mínimos ropajes de «progresismo» que en el pasado intentaban maquillar la devastación.

En Argentina, el presidente Javier Milei —libertario confeso, adulador de Donald Trump y negador del cambio climático— ha impulsado uno de los marcos normativos más agresivos contra el ambiente y los derechos territoriales de las últimas décadas: el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Aprobado en agosto de 2024 como parte de su «Ley Bases», el RIGI representa un salto cualitativo en la protección de inversiones extractivas. Si bien Argentina ya había firmado desde los años 90 tratados bilaterales de inversión (TBI) con 54 países —que otorgaban estabilidad jurídica, acceso a arbitraje internacional y protección contra expropiaciones—, el RIGI va mucho más allá:

El RIGI argentino es, en esencia, un manual de instrucciones para la destrucción ambiental con blindaje jurídico, y una advertencia para el resto de la región sobre la nueva ola de normativas «amigables» con las inversiones que están proliferando en América Latina.

En Honduras, el gobierno de Xiomara Castro llegó con una promesa en 2022: un país libre de minería y una protección prioritaria para los defensores del territorio. Sin embargo, poco se cumplió. La protección a las y los defensores fue casi invisible, las concesiones y los tratados capitalistas continuaron su curso como si nada hubiera cambiado. Al final, fue más la campaña que las acciones concretas.

Ahora, con el gobierno de Nasry Asfura, esos mismos proyectos extractivos y de infraestructura no solo mutan, sino que toman fuerza, se blindan jurídicamente y se alimentan de nuevas lógicas de poder —casi como si se impulsaran con energía nuclear. Se afianzan las relaciones entre el poder político, el gran capital y los intereses transnacionales.

Las ZEDE se expanden sin control. Se abren las puertas a megaproyectos que ya están afectando los arrecifes de coral en Roatán, mientras en tierra firme se perpetúa la violencia: al menos 20 campesinos fueron masacrados en Colón en mayo de 2026. Y ahora, el Estado les declara la guerra abierta a quienes luchan por la recuperación de la tierra, a través de figuras como la llamada «Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial» —un nombre que oculta, en realidad, una criminalización de la resistencia campesina y una profundización del despojo.

En conclusión, los incendios forestales, las sequías y los eventos climáticos extremos no se detienen ni se detendrán. Sus impactos seguirán afectando la vida, la salud, el acceso al agua, a la alimentación y los territorios de millones de personas en el mundo, mientras no haya un cambio de mentalidad desde el poder y desde los pueblos.