La captura del exalcalde de Tocoa, acusado por el asesinato de Juan López, reactivó las exigencias para que el Ministerio Público investigue a empresarios y actores políticos afectados por las denuncias ambientales del líder comunitario.
Tegucigalpa, Honduras. – Mientras el propietario del proyecto minero contra el que luchaba Juan López se codeaba en la Florida con congresistas republicanos y simpatizantes del presidente Donald Trump, el Ministerio Público en Honduras preparaba la orden de captura contra el exalcalde Adán Fúnez por el asesinato del lider ambientalista.
Fúnez fue capturado la madrugada de este martes por presumirlo responsable en el asesinato del líder ambiental Juan López. También fueron aprehendidos Héctor Eduardo Méndez, quien fungió como jefe de infraestructura en la municipalidad y Juan Ángel Gallegos.
En horas de la tarde de este martes se desconocía los cargos judiciales imputados a los capturados. Por un lado, la policía hablaba de autoría intelectual, mientras el Ministerio Público, estableció los delitos de asesinato y asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales.
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Ismael Moreno, sacerdote jesuita, advirtió que la captura de Fúnez es importante, pero debe elevarse a una tercera línea de investigación enfocada a los actores afectados por las denuncias por daños ambientales realizadas por Juan López, quien coordinaba el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT).
“Juan López, junto al Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, denunció reiterada y constantemente la explotación arbitraria e ilegal de la minera Pinares Ecotek, propiedad del señor Lenir Pérez, destruyendo la montaña de reserva Carlos Escaleras”, planteó Moreno ante medios de comunicación.
FÚNEZ, EL OPERADOR POLÍTICO DE LOS INTERESES MINEROS
Adán Fúnez, exalcalde de Tocoa por tres periodos consecutivos bajo la bandera del Partido Libertad y Refundación (Libre) y quien admitió ser amigo de Javier Rivera Maradiaga, jefe de la banda criminal Los Cachiros, actuó durante años como escudo de los intereses mineros del empresario Lenir Pérez, frente a las denuncias realizadas por las comunidades afectadas por la minería a cielo abierto en un área protegida.
Adán Fúnez, aparece en un video que se filtró en agosto de 2024, junto a Carlos Zelaya, exdiputado y hermano del expresidente y coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales. En el video Carlos Zelaya, aparentemente pactaba apoyos económicos del cártel de Los Cachiros para la campaña de Libre de 2013.
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A tal punto llegó la defensa del exalcalde al proyecto extractivista en el Parque Nacional Carlos Escaleras, que el mismo tribunal de honor de Libre recomendó a la asamblea general expulsarlo del partido, caso contrario “Libre perderá credibilidad”. La defensa de Fúnez ante los señalamientos fue que él únicamente actuaba acorde a la ley.
Kenia Oliva, abogada del Bufete Justicia para los Pueblos y representante legal del CMDBCPT, dijo a Criterio.hn que en Tocoa era un secreto a voces el posible involucramiento de Fúnez en el asesinato de Juan López, sin embargo, el Ministerio Público les negó datos sobre la investigación del crimen tras los allanamientos y diligencias investigativas realizadas.
No fue sino hasta diciembre, contó, que el Ministerio Público les dijo que “estaba ya, con muchísima certeza, de que había actores intermedios, es decir, personas que habían subcontratado a los actores materiales. Pero que [además] había personas involucradas a nivel de mando […] que tenía que ver con empresarios, funcionarios públicos y personas de la política que estaban interesados en asesinar a Juan”.
EL DECRETO QUE GOLPEÓ A PINARES ECOTEK
Tras la publicación del decreto 18-2024, promovido por Juan López y que prohíbe la explotación minera en áreas protegidas y zonas de reserva forestal, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) negó las prorrogas de las concesiones mineras ASP y ASP2 en el Parque Nacional Carlos Escaleras a Inversiones Los Pinares, afectando los intereses económicos de Pérez.
“Nosotros estamos casi convencidos que tiene que ver con el megaproyecto Ecotek Pinares, que tiene que ver con Lenir Pérez, puesto que la denuncia y exigencia de Juan era contra esa empresa. Ya se había logrado el Decretro 18-2024, que recuperaba la zona núcleo y parte de las exigencias de Juan era el desmantelamiento de la empresa en el Parque Nacional Carlos Escaleras”, declaró la abogada Oliva.
Además de la explotación minera y el procesamiento de oxido de hierro, Fúnez celebró cabildos abiertos ilegales para legalizar la instalación de un proyecto, siempre ligado al proyecto minero de Pérez, de generación eléctrica a base de coque de petroleo conocido como Ecotek, o Tocoa Energy, pese a la oposición comunitaria y las denuncias presentadas por López en representación de los afectados.
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“Juan había denuciado a personas con mucho poder económico y político, a quienes obviamente les interesaba callarlo. Entendemos que la dinámica fue que Adán, junto con estos empresarios y funcionarios que Juan denunció, pudieron haber ordenado su muerte”, planteó Kenia Oliva.
MILITARES, VIGILANCIA Y CRIMINALIZACIÓN
Una alianza de medios integrada por Reportar Sin Miedo, Reporteros de Investigación y Radio Progreso, revelaron tras el asesinato de Juan López, que en 2023 el Instituto de Previsión Militar (IPM) compró más de 152 millones de lempiras en acciones a la empresa Alutech, siempre del Grupo Emco Holding de Lenir Pérez, introduciendo al conflicto de intereses a las Fuerzas Armadas de Honduras.
La abogada Kenia Oliva dijo a Criterio.hn que, si bien los militares tienen participación legal en las acciones de Alutech y un Holding radicado en Miami de Pérez, es necesario recordar que “los militares estuvieron acompañando a la empresa, fueron parte de la estructura de vigilancia, investigación y labores de inteligencia contra los miembros del Comité”, que posteriormente fueron asesinados. Entre estos están Jairo Bonilla y los hermanos Alí y Oquelí Domínguez, ambos hermanos del entonces presidente de la junta de agua de la comunidad de Guapinol, Reynaldo Dominguez.
LENIR PÉREZ Y SUS CONEXIONES POLÍTICAS
Si bien Libre protegió a Fúnez, la alianza de este con Pérez no fue política partidaria sino económica. Incluso, tras el asesinato de López y las investigaciones judiciales por daños ambientales y falsificación de documentos públicos ligados a la concesión minera, el 31 de diciembre de 2025, Fúnez extendió permisos de operación a las empresas Pinares y Ecotek, pese a que estas no contaban con derecho minero vigente o licencias ambientales.
El entonces edil se aseguró de dejar los permisos de operaciones, luego que su ungido, Oswaldo Sandoval, no ganara la alcaldía de Tocoa, y esta pasara a manos de Rojer Banegas del Partido Liberal.
No obstante, los vinculos de Lenir Pérez no se limitan a la figura de Libre a través de Fúnez. Durante las administraciones del narco expresidente Juan Orlando Hernández, Pérez fue beneficiado con el otorgamiento de millonarios contratos por parte del Estado. Entre estos destada la construcción y concesión, por medio de una alianza publico privada, del Aeropuerto Internacional Palmerola, llegando a obtener financiamiento a través del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio.
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Pérez se encuentra en medio de un proceso judicial por daños y explotación del parque nacional por el que luchó López junto a sus compañeros y compañeras. Pero eso no le impide presumir la reunión que tuvo, el fin de semana, en su residencia de Palm Beach, Florida, con la congresista republicana María Elvira Salazar, y a la que asistieron otros actores políticos de Estados Unidos y Honduras como el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano,
Juan López, quien coordinó el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), presentó más de 25 denuncias ante el Ministerio Público contra autoridades municipales y funcionarios de las empresas Inversiones Los Pinares y la siderurgica Inversiones Ecotek, ambas del Grupo Emco Holding de Lenir Pérez.
Al momento del crimen, López, junto a otras 30 personas, la mayoría integrante del CMDBCPT, gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daños irreparables. Sin embargo, el Estado no protegió su vida. Cuatro días antes de su crimen el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) había emitido una alerta por la no implementación de las medidas cautelares.
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A 19 meses del asesinato de Juan López, su caso se ha dilatado en los tribunales de justicia donde hasta el momento se ha judicializado a tres personas: Óscar Alexis Guardado Alvarenga, quien habría disparado; Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, quienes se encuentran con auto de formal procesamiento y prisión preventiva.
