En un mapeo de niñez en situación de calle, Casa Alianza, identificó en Tegucigalpa, Francisco, Morazán, 124 casos de niñas y niños realizando limpieza de vidrios de carro, vendiendo enseres y realizando otras actividades, de las cuales el 66% son de alto riesgo.
Tegucigalpa, Honduras. – La situación de trabajo forzado y situación de calle de la niñez hondureña ha sido normalizada por una sociedad egoísta, individualista, indiferente y apática, un gobierno que no invierte y evita dar soluciones a los problemas sociales de las poblaciones vulnerabilizados y la negligencia de instituciones frías y grises sin sensibilidad ni preparación para abordar un escenario tan crudo pero real.
La Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) de Honduras, compartió que más de 1 millón 22 mil de niñas, niños y adolescentes realizan actividades de trabajo, y al menos 549 mil lo hacen en condiciones peligrosas.
Un caso de Quimistán, Santa Bárbara, que compartió el observatorio de Casa Alianza, con Criterio.hn es el de una niña de 13 años en situación de calle que, estando en su casa, viviendo con su familia, quedó embarazada y cuando la familia se dio cuenta que estaba embarazada la tiró a la calle.
Todo el proceso del embarazo lo vivió en situación de calle, pedía para poder comer y buscaba cómo sobrevivir, nunca recibió atención médica, hasta que le tocó dar a luz, cuando fue dada de alta la niña y el bebé regresaron a su casa, los médicos ya habían contactado a la familia cuando estuvo en labor de parto, pero unos días después la niña terminó quitándose la vida. Estuvo desprotegida en todo momento, no recibió ningún apoyo por parte de su familia ni del Estado para hacer frente a esa situación.
Casos como el anterior, se repiten, Honduras es un lugar con niñez desprotegida y en riesgo, con inexistencia de políticas y medidas de protección que se adapten al contexto actual del país, porque no se está protegiendo ni salvaguardando a la niñez.
El trabajo infantil has sido una problemática que se ha mantenido históricamente en Honduras y, pese a esfuerzos por contar con planes nacionales para la erradicación del trabajo infantil, particularmente en sus peores formas, los avances obtenidos no son necesariamente los más esperanzadores.
Hoy la desigualdad y la exclusión social obliga a cientos de miles de niñas y niños en edad escolar a tener que involucrarse en diferentes tipos de trabajo infantil. Los departamentos de Lempira e Intibucá, así como Francisco Morazán y Cortés, presentan mayor incidencia de niñas y niños que realizan estos trabajos.
Una de las preocupaciones es que producto del trabajo infantil, no solamente se ven expuestos a diferentes vulneraciones a sus derechos, sino que también abandonan el centro educativo para asumir esta responsabilidad que en principio le corresponden a los padres y a las madres.
Grecia Moreno, coordinadora del observatorio de Casa Alianza, señaló en entrevista con Criterio.hn que, el circulo repetitivo en el cual la niña o niño en situación de trabajo forzado es sacado de las calles y al siguiente día regresa, es el resultado de la negligencia del Estado, en el cual, el gobierno y la sociedad normalizan la niñez en trabajo forzado.
Además, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) carece de fondos y capacidad suficiente para dar seguimiento a cada caso hasta garantizar la protección completa de la niñez en riesgo.
El estudio debe ser profundo porque cada situación es diferente, se debe revisar los factores de pobreza, desintegración familiar y hacer monitoreo de los padres de familia.
En un mapeo de niñez en situación de calle, Casa Alianza, identificó en Tegucigalpa, Francisco, Morazán, 124 casos de niñas y niños realizando limpieza de vidrios de carro, vendiendo enceres y realizando otras actividades, de las cuales el 66% son de alto riesgo.
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NI EL ESTADO NI LA SOCIEDAD RESPONDEN
Es oportuno resaltar que, cada vez que un niño está en la calle es propenso a la violencia sexual, a sufrir un accidente o lesionarse, incluso, Casa Alianza, durante el 2025, recibió reportes sobre dos niños que fueron atropellados por realizar actividades cerca de semáforos y el caso de un niño que se cayó de un camión por realizar actividades que le corresponden a un adulto.
Los recortes mencionan en su mayoría incidentes en mercados, calles donde hay semáforos y hasta cerca de los comedores ubicados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), lugar en el cual permanecen hasta altas horas de la noche pidiendo ayuda o vendiendo algún producto.
En temas de protección hay muchas políticas que deberían implementarse, la Senaf que es el ente rector, debería hacer un monitoreo constante y aplicar medidas de protección a los niños y niñas para evitar su retorno a las calles.
Las medidas se deben aplicar según la vulneración identificada, por ejemplo, hay niñas y niños que tienen a sus padres y no se encuentran en situación tan precaria, por lo que la Senaf los saca de la calle, los lleva a un centro de paso por 24 horas y luego salen y regresan a la situación de riesgo.
Definitivamente las medidas de protección y marco legislativo deben fortalecerse o modificarse porque las medidas actuales no responden a las necesidades que están afectando a estas niñas y niños.
Para que la Senaf dé una medida de protección a través de una denuncia anónima o de una entidad, como ser la Policía Nacional, el proceso es o debería ser el siguiente, luego de revisar el contexto social, económico y familiar, se identifica si hay vulneración de derechos, de ser así, sacan a la niña o niño de la comunidad y los llevan a un centro de paso, allí permanecen por 24 horas o una semana mientras los integran con la familia extendida o, en última instancia, identifican una Institución Residencial de Cuidado Alternativo (IRCA), que son los centros residenciales que los albergan.
El problema es que a veces solo se identifica el centro de paso, pero en el diagnóstico, por las debilidades, falencias o falta de capacidad del personal y, sumado a eso, la falta de logística y presupuesto, el proceso queda a medias, porque la Senaf no encontró una justificación para retener al niño o a la niña, aunque estén expuestos a todo tipo de peligro desde el momento en que ponen un pie en la calle.
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NIÑEZ HISTÓRICAMENTE OLVIDADA POR LOS GOBIERNOS
Todos esos casos que atiende la Senaf, en un 95%, son de niñas y niños que son reintegrados con la familia nuclear o una familia extendida, pero terminan en las mismas condiciones en las que estaban. El abordaje de los casos carece de análisis psicosocial, no se les está protegiendo, no se vigila, y como sociedad se ha normalizado ver niñez en la intemperie, a la deriva y al alcance de cualquier tipo de violencia.
“Es un circulo vicioso y pasa en todos los departamentos, Casa Alianza tiene una cobertura casi en 40 municipios y de los que puedo mencionar, que hemos tenido estos reportes de niñez en situación de calle y que la Senaf hace caso omiso a estas denuncias que ocurren, es en Copán, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Ocotepeque, esas zonas donde hay turistas son como puntos rojos y donde hay mayor exposición de las niñas y niños, y se han hecho las denuncias y recuperado al niño, pero regresan al mismo lugar, aunque se denuncia hay una falencia por parte de la institución para garantizar la protección y reubicarlos”, apuntó Grecia Moreno.
Se han realizado reuniones interinstitucionales en las que se ha manifestado que deben mejorarse los procesos de análisis en investigación de los casos que lleva la Senaf.
No obstante, la Senaf históricamente solo ha cambiado de nombre en cada cambio de gobierno y ha sido una institución más de controversias que de resultados, sin presupuesto que cubra logística, sin vehículos y falta de personal capacitado y sensibilizado parta atender cada demanda que requiere cada niña y niño, carece de una trato integral y falta de estrategia hacia una problemática tan grave. Lo anterior, demuestra la falta de voluntad política para atender a la niñez en riesgo.
Por otro lado, el director de Coiproden, Wilmer Vásquez, señaló que, las niñas y niños abandonan el sistema educativo nacional para tener que cruzar la ruta migratoria, huir del país para poder buscar oportunidades que les permita contribuir con el sustento de sus familias, sin embargo, en este intento vulneran sus derechos a través de la esclavitud laboral, sexual, la trata, el tráfico, la explotación, la utilización para la pornografía, otros pierden la vida en el intento y otros pierden partes de su cuerpo, se ven fácilmente cooptados por parte del crimen organizado de las maras y las pandillas y, también, de grandes redes de narcotraficantes.
