“Yo creo que 6 meses -de gobierno- son suficientes, a esta altura el tema de seguridad pública requiere revisión de ese tipo de liderazgo y de acciones ejecutadas porque no se ve que estén dando resultados positivos”, apuntó el sociólogo Armando Orellana en entrevista con Criterio.hn, sobre la ineficacia de la Secretaría de Seguridad y la promesa del presidente Nasry Asfura de remover a ministros y funcionarios que no den resultados
Tegucigalpa, Honduras. – En Honduras incluso las “pintas” o las modas pueden ser motivo suficiente para quitarle la vida a un joven, usar los tenis con la “flechita azul”, ¡cuidado!, -le advierten-, si se peinó de cierta forma, que los pantalones flojos, por el tatuaje, en fin, también pasarse el límite de “control” entre un barrio y otro es suficiente, la vulnerabilidad de la vida, la ingobernabilidad y la criminalización de la juventud está encarnada en la sociedad hondureña.
La masacre de tres jóvenes del colegio Perla del Ulua, la semana pasada en la colonia Suazo Córdova, en El Progreso, Yoro, una zona denominada como “conflictiva”, cuando salieron de una actividad muy popular conocida como “día de ropa de color”, sucedió mientras se movilizaban en una moto en un callejón por donde vivían, pero en el trayecto desconocidos sin mediar palabra los siguieron y dispararon hasta quitarles la vida.
La hipótesis de la Policía Nacional fue que seguramente hubo una “confusión de identidad”, porque existen maras y pandillas que controlan la zona y se disputan el territorio como si fuera propio, casos como este se repiten a diario en Honduras, llegando incluso a normalizarse bajo una respuesta simplista ante la negligencia e inoperancia para atender los problemas estructurales que arropan al crimen, la inseguridad y la falta de investigación y justicia, es así como el Estado desvía la atención para ocultar sus propias fallas, permitiendo en este caso la continuidad de la estigmatización a los jóvenes más vulnerables.
Es espeluznante lo serio de esta situación, lo cual narró durante una entrevista a un medio local, el director del colegio Perla del Ulua, Ovidio Quezada, quien señaló que cada año al menos uno de los estudiantes del colegio muere en manos del crimen en horas de tarde, luego de salir de clases.
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PASIVO, NEGLIGENTE Y REPROBADO SISTEMA DE SEGURIDAD
Cuestionó la pasividad de la Policía frente al alto grado de inseguridad en la ciudad de El Progreso y a nivel nacional, zonas con barrios y colonias conflictivos. “Lo sabemos nosotros y lo debe saber la Policía porque es el trabajo de ellos. Siempre vamos a pedir que por lo menos manden seguridad mientras los muchachos regresan a sus casas”, destacó.
El profesor reiteró que la situación es de suma preocupación porque son situaciones que se dan todos los años, y no se detiene allí, ese panorama ha provocado que la matrícula escolar baje debido al temor de los padres de perder a un hijo mientras va camino al centro de estudios. El simple hecho caminar hacia el centro escolar es suficiente para que puedan quitarles la vida.
La juventud es siempre víctima, como en el caso de las personas 20 personas asesinadas en la masacre de la aldea de Rigores, Trujillo, la Red La Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), compartió en su página de X, que entre ellos al menos se contabilizan 3 niños y 7 jóvenes.
COIPRODEN registró además del 1 de enero al 30 de abril de 2026, 190 muertes violentas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Honduras, pero de ese total 73 fueron a causa de accidentes viales y 117 en manos del crimen. Del total, 159 eran jóvenes (84%) de 18 a 30 años, mientras que 31 (16%) eran niñas, niños y adolescentes. Por sexo: El 81%, 153 eran hombres y 19%, es decir, 37 eran mujeres. La mayoría de los casos se reportaron en los departamentos de Francisco Morazán (52), Yoro (26) y Cortés (22).
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ÉLITES DEFINEN POLÍTICAS QUE SIEMPRE CRIMINALIZAN A LOS SECTORES VULNERABILIZADOS
Según las reformas que ordenó el Decreto No. 84-2026, publicado en el Diario Oficial «La Gaceta» No. 37,148, el 22 de mayo de 2026, a los artículos 272, 373, 374, 375, 415, 473, 522 y 587 del Código Penal de Honduras, el cual endurece las penas por extorsión, señala a las maras, pandillas y estructuras de crimen organizado como “asociaciones terroristas”, e incrementa las sanciones por el descubrimiento y revelación de secretos.
En tal sentido, la modificación al artículo 587 del Código Penal a través del Decreto Legislativo 84-2026, además de declarar como “asociaciones terroristas” a las maras, pandillas y estructuras vinculadas con el narcotráfico, podría permitir que se aplique esa denominación incluso a “jóvenes que formen parte de organizaciones sociales y de protección a su entorno” y eso es lo delicado de esas modificaciones en un país carente de investigación, en el que por portar un tatuaje o verse de cierta forma o promover un mensaje que no sea aceptado por las élites pueda ser criminalizado por “actos terroristas”, tal como explicó el sociólogo Armando Orellana a Criterio.hn.
Orellana, apuntó que con este gobierno (de Nasry Asfura) han incrementado las masacres y criminalidad cotidiana, evidenciando que faltan políticas de seguridad que tengan como centro la vida humana, en vez de la represión y uso excesivo de la fuerza contra los jóvenes en esos barrios y colonias en conflicto.
Detrás de la idea de tipificar como terroristas a miembros de maras y pandillas sin mayor investigación, lo que se está haciendo es aumentar la situación de cárcel en un país con juventud mayoritaria que se desperdicia por el abandono del Estado y las políticas neoliberales que históricamente no han resuelto nada.
Uno de los motivos por lo que no hay resultados, pese a repetidas reformas, es que los sectores conservadores y las élites políticas y económicas, deciden las políticas públicas que criminalizan a los pobres y sirven para seguir estigmatizando, lo cual determina una situación de persecución a la juventud que no necesariamente participe en actividades irregulares, expresó Orellana.
“Yo creo que 6 meses -de gobierno- son suficientes, a esta altura el tema de seguridad pública requiere revisión de ese tipo de liderazgo y de acciones ejecutadas porque no se ve que estén dando resultados positivos”, apuntó sobre la ineficacia de la Secretaría de Seguridad y la promesa del presidente Nasry Asfura ante medios de comunicación desde inicios de febrero de 2026, sobre remover a ministros y funcionarios que no den resultados.
