La Plataforma Agraria y COPA rechazaron declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad, Gerson Velásquez, quien vinculó a movimientos campesinos con estructuras criminales tras la masacre de 20 personas en Trujillo, Colón.
Tegucigalpa, Honduras. – Organizaciones campesinas del Bajo Aguán rechazaron las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad, Gerson Velásquez, quien vinculó grupos campesinos con estructuras criminales tras la masacre en la que fueron asesinados 20 campesinos el pasado jueves 21 de mayo en la aldea de Rigores, Trujillo, Colón.
La Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) cuestionaron que el funcionario omitiera testimonios que responsabilizan a la a la Policía Nacional del ataque.
Durante una intervención televisiva del domingo 24 de mayo, Velásquez relacionó en al menos tres ocasiones a los movimientos campesinos con estructuras criminales que operan en la zona. En una de sus declaraciones afirmó: “en la zona hay diferentes grupos armados, como le venía diciendo, muchos de ellos prácticamente están encubiertos dentro de los movimientos campesinos, que tienen el control mediante el uso de violencia de sus movimientos campesinos”.
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La Plataforma Agraria y COPA recordaron, además, que en 2018 las Fuerzas Armadas habrían facilitado la entrega de las tierras de la zona a grupos criminales violentos para sostener la tenencia –descrita por ellos como ilegítima– de tierra de la Corporación Dinant.
Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria, afirmó que en ningún momento el Movimiento Campesino Gregorio Chávez y la Cooperativa El Paso Aguán, organizada y representada por la Plataforma Agraria y Copa han realizado actos violentos. “No vamos a dejar de llamar a las autoridades competentes a cargo de esta investigación que investiguen cuál es la raíz de todos esos enfrentamientos”, declaró, precisando que este no es el único hecho violento que ha ocurrido.
Este año la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras presentó el informe Caminando nuestra justicia, en el que se reportó que 45% de las 2,484 agresiones contra personas defensoras en 2025, se concentraron en Colón, un departamento marcado por incursiones y ataques armados en contra de cooperativas campesinas y comunidades garífunas.
Señalaron múltiples denuncias ante autoridades estatales y reportes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la existencia de grupos armados operando en el Aguán. Además, denunciaron una estrategia para deslegitimar y criminalizar las organizaciones campesinas mediante la infiltración de grupos violentos, en beneficio de intereses agroindustriales en la región.
“Condenamos enérgicamente esta masacre, un hecho atroz que refleja el desprecio por la vida humana y que se inscribe en estrategias de guerra psicológica para estigmatizar y desprestigiar la lucha campesina. Estas prácticas han sido históricamente vinculadas a estructuras que operan con la tolerancia o participación de fuerzas de seguridad pública, en articulación con intereses de empresas agroindustriales que actúan en la región, incluyendo la Corporación Dinant”, lee parte del comunicado emitido por ambas organizaciones.
Yony Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, solicitó que la investigación sea dirigida por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), adscrita al Ministerio Público, ante denuncias sobre la supuesta participación de la Policía Nacional en el ataque.
Concluyeron que para alcanzar la paz en el Bajo Aguán es necesario enfrentar la impunidad histórica y estructural que mantiene sin resolver el asesinato de más de 200 campesinos, así como el desmantelamiento de estructuras sicariales.
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Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, sostuvo que tanto la Plataforma Agraria como COPA, cuentan con personería jurídica, y que desde 2018, ambas organizaciones presentaron un informe ante la CIDH denunciando cómo los grupos criminales se empoderaron de la zona del Aguán.
“Cada vez más aumenta la violencia gracias a la impunidad de la que gozan estas estructuras criminales que obedecen a la protección de intereses de Corporación Dinant”, declaró Rivas.
La masacre en Rigores ocurrió tres días después que Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional diputado por el Partido Nacional, anunció la militarización de las calles tras la aprobación de reformas al Código Penal orientadas a ampliar la participación de militares y policías en tareas de seguridad ciudadana, y se redefinió la figura de asociación terrorista.
Tras la masacre, el diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Marco Paz, afirmó que analizaban declarar terroristas a quienes calificó como estructuras criminales que “identifican cosechas [..] para robar el producto”, asegurando que no se trata de campesinos en busca de tierras para cultivar.
