La violencia dentro de los centros educativos ha provocado el asesinato de docentes. La problemática puede originarse de un simple llamado de atención, intentando hacer cumplir las normas disciplinarias, son amenazados, agredidos y hostigados por grupos delictivos, a veces en contubernio con padres de familia que no han inculcado valores y principios, y tampoco toleran un llamado de atención hacia sus hijos.
Tegucigalpa, Honduras. – En Honduras la violencia y el crimen siguen imperando, fortaleciéndose y mutando, penetró en el sistema educativo, revelando planificación criminal, tácticas de encubrimiento, ruptura grave de normas, valores y cohesión dentro de la comunidad educativa y su entorno, revelando falta de mecanismos de contención de la violencia y se perpetúa el quebrantamiento de normas que terminan por degradar a la población estudiantil en todos los niveles.
La debilidad institucional en el sistema educativo crea un vacío de autoridad y protección, que permite el ingreso de la violencia comunitaria y social a los centros escolares. Esta vulnerabilidad demuestra la incapacidad para prevenir el acoso, mediar conflictos y garantizar entornos seguros para docentes y docentes.
Ese contexto genera un alto riesgo de repetirse y un trauma colectivo a nivel nacional ocasionado por una dinámica de odio y delito en detrimento de la sociedad.
Para Javier Torres, docente y dirigente magisterial del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), uno de los problemas es el desacuerdo con los llamados de atención que son parte de las normas del centro educativo para poder llevar un proceso educativo normal y coherente.
Sin embargo, hay padres de familia que se vuelven cómplices y no permiten que se apliquen las normas de disciplina con las que estuvieron de acuerdo el día de matrícula, terminan respaldando comportamientos incorrectos de los hijos que deberían ser corregidos.
“Como maestros estamos solos, por ejercer nuestra labor los docentes somos afectados y algunos hasta han perdido la vida por eso, me di cuenta que un docente en Cortés, no sé si fue expulsado el alumno y al profesor le quitaron la vida”, señaló a Criterio.hn, Javier Torres, profesor en un instituto de La Paz, La Paz.
El docente señaló que en la institución donde labora muchos jóvenes menores de edad conducen motocicleta. El director del centro educativo quiso poner orden por el ruido que los alumnos hacían con las motos y porque se comete una infracción al conducir sin cumplir la mayoría edad que establece la ley.
Sin embargo, el intento de tomar cartas en el asunto no funcionó, los alumnos apoyados por los padres se tomaron el centro educativo, incluso llamaron a personas de derechos humanos, quienes debieron actuar como mediadores y entender por qué se tomaron determinaciones por parte de las autoridades educativas.
Javier Torres señaló que la Paz todavía es una ciudad tranquila, pero no ocurre lo mismo en otras zonas de Honduras en las que hay más población y mayores problemas de violencia e inseguridad. Expresó que, si los padres de familia tomaran la batuta de sus hijos, los problemas no llegaran a asesinatos ni otro tipo de violencia como agresiones o amenazas.
“Como maestros nos toca educar, pero los valores y principios deben venir desde la casa, quizá que el alumno ande el pelo largo no hará que no aprenda, pero hay normas que hasta por seguridad deben cumplirse en su vestimenta, sobre todo cuando se llevan clases de área técnica”, explicó Javier Torres.
Todos los días se comprueba ese deterioro en el sistema educativo, por ejemplo, lo sucedido el 26 de mayo en el colegio Perla del Ulúa, en El Progreso, Yoro, el número de matrículas bajó contundentemente, debido a que todos los años sus estudiantes son asesinados tras salir del instituto cuando van camino a sus casas. Este año se reportó la masacre de tres alumnos de ese recinto escolar, Geral Isaac Padilla Castro, Carlos Daniel Vásquez Suazo y Jonathan Joel Hernández Moreno, por parte de pandillas que operan en esa zona.
Otro caso muy sonado aconteció a finales de mayo de 2026 y ha ocasionado incertidumbre. Se trata de Víctor Fiallos, director del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Cofradía, Cortés, de quien se dijo en las primeras pesquisas que se trataba de un suicidio porque se le encontró ahorcado en su propia oficina. No obstante, días después se actualizó que se trataba de un asesinato, pero que los ejecutores del crimen armaron una escena en la que parecía suicidio.
Un día antes, Violeth Acosta, de 14 años, estudiante del mismo colegio, apareció muerta en su propia casa, según informes policiales por ahorcamiento, ella habría sido suspendida por tres días por un incidente ocurrido dentro de la institución. En la investigación se busca aclarar varios casos y si están relacionados de alguna forma.
Otro hecho sucedió contra Alex Castro, docente y directo de la escuela “Francisco Montalván”, en El Chaparral, municipio de Nacaome, Valle, en plena jornada escolar frente a los estudiantes. Dos individuos armados, que llegaron en motocicleta, ingresaron a la institución y se dirigieron directamente al aula donde se encontraba Castro, disparándole en varias ocasiones y provocando su muerte inmediata en presencia de varios alumnos, según el testimonio de testigos.
En entrevista con Criterio.hn, el criminólogo Reynaldo Rubio Peña, señaló que hay muchas situaciones en las que el crimen organizado se ha adentrado con sus tentáculo y estrategias, además el quebramiento social ha permitido que los centros educativos en todos sus niveles sean un blanco del crimen organizado, principalmente de las maras y pandillas.
Además, hay una fuerte proliferación de drogas en escuelas primarias y secundarias y el reclutamiento de alumnos por lo miembros de las bandas del crimen organizado. En las nuevas generaciones de alumnos, muchos padres están ligados a los grupos de pandillas que se relacionan con ventas drogas y uso y venta de armas.
“Viene de los hogares ese tipo de comportamientos, son aprendidos en sus mismas casas, en los barrios, a tal grado que hay centros educativos que están bajo la fuerza criminal de esos grupos, siendo que hay alumnos que amenazan a los maestros y son obligados a pasarlos como tal, aun sin llegar a recibir clases al centro educativo”, resaltó Reynaldo Rubio.
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ESCUELAS CONVERTIDAS EN RECINTOS PARA EL CRIMEN
Hay centro de educación que por las tardes sirven como centros de refugio para esconder armas, personas que han cometido crímenes y asesinatos. Los directores por coacción o voluntad otorgan las llaves para que ingresen a altas horas de la noche, es información no es conocida por la Policía Nacional, agregó.
La situación se ahonda en todo el país, sobre todo en los institutos públicos de Tegucigalpa y San Pedro Sula, permanece la venta de droga en las escuelas, que son convertidas en lugares de disputa del crimen organizado al convertirlas en centros de acopio y obligan a los alumnos a ser simpatizantes de los grupos pandilleriles.
A nivel superior suceden los mismos delitos e incluso con un nivel de degradación más marcado dentro y fuera de los predios, un claro ejemplo es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en la que no es desconocido que hay personas infiltradas que ingresan a realizar venta de drogas y llevar a cabo otros “negocios ilícitos”, además se han reportado asaltos y en años anteriores denuncias de violación sexual de estudiantes en los baños.
“Hace falta estrategias de prevención y de una Policía Escolar más fuerte y efectiva y la investigación de los hechos para someter a los criminales. Pero cuando alguien quiere combatir realmente la criminalidad es amenazado, agredido o extorsionado, crear mesas de trabajo en cada institución para abordar el problema y accionar. Hay un círculo vicioso de criminalidad, maestros cómplices de alumnos, alumnos cómplices de grupos organizados, se debe evitar que se siga fortaleciendo”, destacó Reynaldo Rubio.
Por su parte, el abogado y criminólogo, Gonzalo Sánchez, comentó a Criterio.hn que, la Policía Escolar y la Policía Comunitaria se dedican a la investigación y al trabajo en las escuelas y colegios pero que es difícil controlarlas todas porque no se dan abasto.
De acuerdo con las proyecciones de la coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, a finales de 2026 se mantendrá una tendencia muy similar a la del 2025, estimando que la tasa de homicidios cerrará entre 24 y 26 por cada 100,000 habitantes.
