La propuesta de enmienda fue presentada en medio de cuestionamientos a la versión oficial de la masacre de Rigores y propone restringir la cooperación en seguridad con unidades de las fuerzas de seguridad hondureñas que hayan estado involucradas en el crimen.
La analista del Center for Economic and Policy Research (CEPR), Francesca Emanuele, considera que la iniciativa refleja la creciente preocupación del congreso estadounidense por la violencia en Honduras y las dudas sobre la versión oficial de la masacre en Rigores.
Tegucigalpa, Honduras. – A cuarenta días de la masacre de campesinos en Rigores, Trujillo, norte de Honduras, la congresista demócrata por Michigan, Rashida Tlaib, presentó una enmienda para impedir que fondos estadounidenses destinados a cooperación en seguridad beneficien a unidades de las fuerzas de seguridad hondureñas que sean encontradas involucradas en la masacre del 21 de mayo de 2026
La propuesta forma parte de un paquete de 26 enmiendas presentadas por Tlaib a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2027, orientadas a defender los derechos humanos tanto dentro como fuera de Estados Unidos, proteger el personal militar estadounidense, impedir la integración militar entre Estados Unidos e Israel y poner fin a la participación de Estados Unidos en crímenes de guerra.
La iniciativa de enmienda, titulada “Prohibición del uso de fondos para brindar asistencia a los responsables de masacres en Honduras”, de ser aprobada prohibiría que los fondos autorizados por la ley se destinen a la asistencia o cooperación en seguridad con cualquier unidad de las fuerzas de seguridad hondureñas que sea encontrada directa o indirectamente involucrada en la masacre del 21 de mayo de 2026.
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Además, ordenaría al secretario de Defensa, en consulta con el secretario de Estado, presentar al Congreso, en un plazo de 180 días, un informe sobre los avances de la investigación, incluida la posible participación de las fuerzas de seguridad hondureñas y las medidas adoptadas para llevar a los responsables ante la justicia.
Para Francesca Emanuele, analista del Center for Economic and Policy Research (CEPR), la iniciativa refleja la creciente preocupación en el Congreso estadounidense por la escalada de violencia en Honduras durante el gobierno de Nasry Asfura y las dudas sobre la versión oficial de la masacre ocurrida en Colón.
“Las autoridades hondureñas han intentado presentar la masacre como un enfrentamiento entre organizaciones criminales y jornaleros o un hecho vinculado al narcotráfico, cuando las víctimas fueron exclusivamente trabajadores campesinos en el Bajo Aguán, una región cuyo prolongado conflicto por la tierra y los reiterados episodios de violencia contra comunidades campesinas son ampliamente conocidos por numerosos congresistas demócratas en Washington”, señaló.
Inicialmente, la Policía Nacional negó que en la zona se hubiera registrado un hecho violento. Horas después cambió su versión y atribuyó la masacre a un enfrentamiento entre estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, una explicación rechazada por familiares de las víctimas y organizaciones campesinas.
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MASACRE DE RIGORES Y DUDAS SOBRE LA VERSIÓN OFICIAL
La madrugada del martes 21 de mayo, hombres fuertemente armados, irrumpieron en la Cooperativa Paso Aguán, en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, y abrieron fuego contra los campesinos que se disponían a iniciar su jornada laboral. Las versiones iniciales indicaban que los atacantes vestían indumentaria policial y militar, que se movilizaban en vehículos de los cuerpos de seguridad del Estado. La masacre dejó al menos 20 personas asesinadas, entre ellas hombres, mujeres y niños.
Tras el ataque, las autoridades tardaron varias horas en llegar al lugar. La demora permitió a los familiares de las víctimas realizar el levantamiento de los cuerpos, lo que derivó en la contaminación de la escena del crimen.
Antes de la masacre, las víctimas habían denunciado presuntos abusos por parte de cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos, ataques armados, la quema y el robo de cultivos, así como la supuesta siembra de drogas entre sus pertenencias.
Emanuele añadió que la explicación oficial pierde fuerza al considerar que el Bajo Aguán es una de las regiones más militarizadas del país.
“Que una masacre de esta magnitud ocurriera en una zona con una presencia tan significativa de fuerzas de seguridad plantea serios interrogantes sobre la posible responsabilidad de estas fuerzas de seguridad, ya sea por complicidad, aquiescencia u omisión, tal como parece reconocer la propia enmienda de la congresista Tlaib al solicitar una investigación que permita esclarecer a los verdaderos responsables y las motivaciones detrás de la masacre”, planteó.
EL PRECEDENTE
Emanuele recordó que Estados Unidos ya suspendió parte de la cooperación con unidades de la Policía Nacional hondureña a inicios de la década de 2010, tras la aplicación de la Ley Leahy por las denuncias que vinculaban al entonces director policial Juan Carlos “El Tigre” Bonilla con graves violaciones a los derechos humanos. A su juicio, la iniciativa de Tlaib traslada nuevamente ese debate al Congreso estadounidense y abre la puerta a revisar el respaldo que Washington brinda a la política de seguridad del gobierno hondureño.
Bonilla fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022 por cargos de narcotráfico, y en febrero de 2024, se declaró culpable. El 1 de agosto de ese mismo año fue condenado a 19 años de prisión por una corte federal de Nueva York que lo encontró responsable de utilizar su cargo como director de la Policía Nacional para brindar protección armada al tráfico de cocaína.
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“El mensaje es claro. El Congreso estadounidense, que muy probablemente quedará bajo el control demócrata tras las elecciones de medio término de noviembre, ya está poniendo bajo la lupa al gobierno de Asfura y su política de seguridad. Y no solo eso. Empieza a explorar mecanismos para impedir que la asistencia estadounidense siga respaldando la estrategia de seguridad de Asfura, basada en una creciente militarización, la ampliación de las facultades de las fuerzas de seguridad y el impulso de reformas penales disfrazadas de legislación antiterrorista; un modelo que en Washington se asocia cada vez más con una gran capacidad para criminalizar la disidencia y una capacidad casi nula para combatir el crimen”, sostuvo.
El paquete también incluye propuestas para limitar la cooperación militar con Israel, reforzar la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), frenar la expansión de centros de datos para inteligencia artificial en tierras federales y reorientar parte del gasto militar hacia inversiones comunitarias dentro de Estados Unidos.
