Tegucigalpa.- Organizaciones campesinas, indígenas, garífunas y de derechos humanos solicitaron a la Sala de lo Constitucional una medida cautelar para suspender la aplicación de la normativa, al considerar que vulnera derechos fundamentales, facilita desalojos y fortalece la protección jurídica de proyectos agroindustriales, energéticos, turísticos y ganaderos.
Asimismo, las organizaciones se declararon en movilización permanente y convocaron a todas sus bases a desarrollar un paro nacional por tiempo indefinido, mediante plantones, tomas, bloqueos y toda forma de legitima movilización y de protesta social, para exigir la derogación del Decreto 107-2026
Tegucigalpa, Honduras. – Más de una treintena de liderazgos de organizaciones y movimientos sociales y populares interpusieron este martes un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas, o Decreto 107-2026, al considerar que vulnera derechos y garantías constitucionales.
La ley que fue aprobada el 10 de junio de 2026 y publicada en La Gaceta el 26 de junio, consolida un régimen de protección para los sectores agroindustrial, energético, turístico y ganadero que, según especialistas y organizaciones sociales, profundiza la criminalización de los conflictos territoriales, blinda jurídicamente a los sectores beneficiados y debilita las garantías de comunidades campesinas, indígenas y garífunas.
Edy Tábora, abogado e integrante del Bufete Justicia para los Pueblos, manifestó que la acción judicial busca garantizar los derechos fundamentales de las poblaciones amenazadas por la implementación del Decreto 107-2026, y que beneficia a quienes se apropian y despojan de los recursos y los territorios a los pueblos y las comunidades en Honduras.
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“Ese recurso tiene como finalidad que la Corte Suprema, en primer término, lo admita a trámite, pero que, además, emita una medida cautelar para que ordene al presidente de Honduras, al secretario de Seguridad, al director de la Policía Nacional y al fiscal general de la República, que paren cualquier organización, planificación y ejecución de desalojos implementados en el marco de esta Ley de los Agroindustriales”, afirmó Tábora.
El abogado explicó que la Ley sobre Justicia Constitucional establece plazos muy cortos de respuesta, tanto para el habeas corpus como el recurso de amparo, por lo que la Corte no debería tener excusa para resolver la acción antes de irse de vacaciones y así no dejarles en un limbo jurídico.
Previamente, el 16 de junio, las organizaciones presentaron un hábeas corpus preventivo contra esta iniciativa de ley, cuando era discutida en el Congreso Nacional. Tábora señaló que la misma buscaba proteger a la población de 217 territorios en el país, al igual que el recurso de amparo.
Adelantó que próximamente presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, “porque claramente vulnera los derechos establecidos en la constitución y tratados internacionales”. Así como acciones en el Ministerio Público, el Congreso Nacional y ante entes internacionales.
Entre los aspectos cuestionados, las organizaciones señalan que el artículo 6 del Decreto 107-2026 obliga al Ministerio Público, la Policía Nacional y otras autoridades competentes a actuar de forma inmediata ante denuncias por ocupaciones, usurpaciones, tomas y bloqueos que afecten actividades agroindustriales, energéticas, turísticas y ganaderas. Además, ordena restablecer la posesión de los inmuebles cuando quienes los ocupen no cuenten con una resolución judicial definitiva.
Además, el decreto declara de interés, prioridad y protección nacional las actividades agroindustriales, energéticas, turísticas y ganaderas. Establece también la inafectabilidad de las tierras destinadas a esos proyectos y ordena a las instituciones públicas priorizar los trámites administrativos vinculados a esos sectores.
El Decreto 107-2026 también establece que las y los funcionarios públicos que incumplan las obligaciones previstas en la ley responderán de forma personal por los daños y perjuicios ocasionados al estado, inversionistas, trabajadores y terceros afectados, sin que puedan alegar obediencia debida u órdenes superiores para eximirse de responsabilidad.
COMUNIDADES SIN TÍTULOS, LAS MÁS EXPUESTAS
Carolina Hernández, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), planteó que la ley protege a “quienes promueven proyectos de muerte y de despojo”, a la vez que atenta contra toda lucha ligada a la defensa de la tierra y el territorio.
“Esto no es algo nuevo, sabemos que los pueblos hemos estado luchando por décadas, sin embargo, con la llegada de este nuevo gobierno se han profundizado las políticas y leyes que intentan acaparar los territorios para entregarlos directamente a los sectores empresariales y poderosos”, declaró Hernández.
Además, calificó la ley como contradictoria. Explicó que, aunque el artículo 1 establece que sus disposiciones no serán aplicables en territorios indígenas y tribales reconocidos, la mayoría de estas comunidades aún no han realizado el proceso de regularización de sus tierras ante el Instituto Nacional Agrario (INA). A su juicio, esa condición abre la puerta a la entrega de territorios, la criminalización de quienes se opongan y la vulneración de la vida e integridad de las comunidades.
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Para Rony Castillo de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) este segmento de la ley es una “cuña retórica”, a través de la la cual pretenden engañar a la comunidad internacional manifestando que respetan a los pueblos indígenas. Comparó la recién publicada normativa con la Ley de Minería, que, señaló, irrespeta el Convenio 169 y tampoco realiza la consulta previa, libre e informada.
Castillo planteó que esta ley profundizará los conflictos socioambientales, incluso en territorios sobre los que ya existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Hasta la fecha, el tribunal ha emitido cuatro fallos a favor de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos, en los que declaró la responsabilidad del Estado de Honduras por violaciones a sus derechos a la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales y ordenó medidas de reparación que siguen pendientes de cumplimiento.
El defensor señaló que, tras la publicación del decreto 93-2021, mediante el cual se reformó y endureció el delito de usurpación, no existía necesidad de aprobar otra ley para facilitar los desalojos. “¿Para qué crean esa ley? Justo para hacer expeditos los desalojos generales, sin preguntar, solo suponer que, si estamos reclamando o recuperando un territorio, ellos lo consideran invasión. ¿Cómo el pueblo indígena, pueblo negro y pueblo garífuna va a invadir un territorio que es suyo? La Corte misma ha dicho cuáles son los linderos. Nadie invade lo que es suyo”, remarcó.
Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán, sostuvo que la ley busca facilitar el desplazamiento de las comunidades campesinas de sus tierras en beneficio de los sectores agroindustriales. Además, lamentó que estos grupos, según dijo, tengan influencia sobre el gobierno y el Congreso Nacional. “Lo que están haciendo en el Congreso Nacional es cumplir las promesas que hicieron a las empresas corporativas” previo a las elecciones, afirmó.
Además de las acciones judiciales, las organizaciones se declararon en movilización permanente y convocaron a sus bases a desarrollar un paro nacional por tiempo indefinido, mediante plantones, tomas, bloqueos y otras formas de protesta social. Además, anunciaron que impulsarán nuevas acciones jurídicas y de incidencia política para exigir la derogación del Decreto 107-2026.
