Aunque el Ministerio Público sustentó el aseguramiento de bienes de Juan Orlando Hernández y su familia en presuntos vínculos financieros y societarios con personas relacionadas con el narcotráfico, cuatro años después ese señalamiento no derivó en otra acusación.
Ilustración de portada: Ruth Moncada
Tegucigalpa, Honduras. – Juan Orlando Hernández –el expresidente hondureño condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos de tráfico de cocaína e indultado por el presidente Donald Trump– regresará a Honduras sin que el Ministerio Público (MP) concretara el señalamiento en su contra por los presuntos vínculos financieros y societarios con personas ligadas al narcotráfico, que el ente investigador consignó hace cuatro años al solicitar el aseguramiento de sus bienes.
Hernández, quien anunció su retorno a Honduras para el viernes 31 de julio y cuya audiencia de presentación de imputados fue programada para el lunes 3 de agosto, tenía hasta hace unos días una orden de captura por la supuesta comisión de los delitos de fraude y lavado de activos por más de 62 millones de lempiras en la causa Pandora II.
El Poder Judicial justificó la medida en “la manifestación de presentación voluntaria” presentada por la defensa de Hernández. Agregaron que la suspensión de la orden de captura y la alerta roja internacional ante Interpol es temporal y tendrá vigencia entre el 20 de julio al 3 de agosto de 2026.
EL SEÑALAMIENTO QUE NUNCA SE JUDICIALIZÓ
En abril de 2022, al anunciar el aseguramiento e incautación de 33 inmuebles ubicados en Francisco Morazán, Olancho y Lempira, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros, propiedad de Juan Orlando Hernández y su núcleo familiar, el propio Ministerio Público sostuvo que la solicitud de medidas precautorias se sustentaba, entre otros elementos, en sus presuntos vínculos financieros y societarios con personas relacionadas con el narcotráfico.
En la nota de prensa, señaló como fundamento “su relación señalada con personas vinculadas al narcotráfico y con quienes en su momento existió relación transaccional financiera y de constitución de sociedades”. Pese a la relevancia del señalamiento, la noticia pasó desapercibida en los medios de comunicación corporativos.
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En mayo de este año, Criterio.hn solicitó al Ministerio Público información sobre la existencia de otra acusación contra Juan Orlando Hernández distinta al caso Pandora II. La institución respondió que no existían registros de otro proceso penal en su contra.
Criterio.hn publicó en febrero de 2022 la investigación “La cuantiosa fortuna de los Hernández García, un potentado construido en doce años”, a través de la cual se establece que desde su ascenso al Poder Legislativo, él y su esposa Ana García registraron 7 empresas y 60 bienes inmuebles, con un valor de aproximadamente, en ese momento de 7.8 millones de dólares. Mientras que la familia extendida registró al menos 109 bienes inmuebles y 11 empresas, entre las que se incluye la empresa “Inversiones Ducal Hernández Alvarado”, con registro mercantil en Gracias, Lempira y que fue constituida junto a sus hermanos Hilda (fallecida), Juan Antonio y Aixa Hernández Alvarado.
El caso Pandora fue el único proceso judicial, que el MP logró concretar en contra de Hernández e involucró a más de una treintena de funcionarios, diputados, exdiputados y particulares en el desvío de 288 millones de lempiras (12 millones) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el financiamiento de campañas político partidarias.
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SUSPENSIÓN DE LA ORDEN DE CAPTURA
Desde hace varios meses, la defensa de Hernández impulsó gestiones al interior del Poder Judicial para facilitar su retorno al país sin que se ejecutara la orden de captura en su contra activa desde 2023 y que Criterio.hn confirmó que se mantenía vigente en diciembre de 2025.
Tras el indulto de Trump, el 8 de abril, Hernández pidió al Ministerio Público liberar los bienes de su familia, que según él, fueron injustamente incautados tras el juicio de privación de dominio, afirmando que se les declaró una muerte civil. «Le pido al juez que suspenda la orden de captura porque soy de los que enfrento las cosas y quiero llegar a Honduras a enfrentar este otro juicio infame», declaró. Argumentó, que así como ya se dieron otros sobreseimientos definitivos y se permitió la defensa en libertad a otros requeridos, a él también se le debía permitir.
Para Joaquín Mejía, abogado constitucionalista, la suspensión de las órdenes de captura refleja la capacidad de influencia que el expresidente mantiene sobre el sistema de justicia. En su cuenta de X escribió: “Juan Orlando Hernández tiene tanto poder que puede ordenar al Poder Judicial violentar una cláusula pétrea para reelegirse ilegalmente y hoy, para que le suspendan las órdenes de captura en su contra a pesar de tantas evidencias sobre corrupción y su condena por narcotráfico”.
En la misma línea, el sacerdote jesuita, Ismael Moreno, advirtió que el retorno del expresidente tiene implicaciones para la institucionalidad del país. Desde sus redes sociales escribió: “La influencia política del exconvicto Juan Orlando Hernández revolotea en todos los ambientes políticos; con él se hunde más la democracia; simboliza la normalización del abuso de poder, la corrupción y el vínculo entre el Estado y el crimen organizado. Toca decirlo y advertirlo”.
LA NARRATIVA DE PERSECUCIÓN
Por este caso, también fue acusado el expresidente, también nacionalista, Porfirio “Pepe” Lobo, quien recibió un sobreseimiento definitivo en febrero de 2024, junto a Jorge Johny Handal Hawit, exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y Roberto Alonso Zúniga Barahona, exdirector de presupuestos de la secretaría de Finanzas.
Esta no es la primera vez que la Corte avala la voluntad de Juan Orlando Hernández. En marzo de 2022, cuando distintos medios anunciaron su extradición antes de concluir la audiencia, Hernández –sentado en la silla del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta– grabó un video en el que cuestionó el proceso judicial alegando que su extradición vulneraba el derecho internacional, al anteponer un autoacordado de la Corte Suprema a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos.
Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad, Garzón Velásquez anunció que Juan Orlando Hernández por su investidura como expresidente de Honduras tiene la protección especial del Estado y contará con los esquemas de seguridad correspondientes.
Juan Orlando Hernández dijo a un medio corporativo este lunes que «con la frente en alto» le dice al mundo que es inocente y que próximamente llegarán a Honduras las resoluciones de las asistencias judiciales en las que se eliminó su condena. Ana García, esposa de Hernández, ha amenazado a la prensa que denomine «convicto», «exconvicto» u otros términos vinculados a la condena de su esposo.
La semana pasada, senadores demócratas rechazaron el relato de persecución política promovido por Hernández. El senador por Vermont, Peter Welch, afirmó ante el Senado que “[e]l señor Hernández está libre por el indulto del presidente Trump, pero sigue siendo un delincuente convicto”.
