El senador Peter Welch afirmó que no existe evidencia creíble que respalde la versión de Hernández sobre una conspiración política en su contra y recordaron que, pese al indulto de Donald Trump, continúa siendo un delincuente convicto.
Aunque fue bloqueada por la mayoría republicana, 44 legisladores estadounidenses –principalmente demócratas, con el respaldado por dos independientes y dos republicanos– apoyaron una resolución que buscaba esclarecer los vínculos entre narcotráfico, corrupción y violaciones a derechos humanos durante la presidencia de Juan Orlando Hernández.
Tegucigalpa, Honduras. – “El señor Hernández está libre por el indulto del presidente Trump, pero sigue siendo un delincuente convicto”, dijo el senador Peter Welch durante el debate de una resolución que habría obligado a la actual administración estadounidense a detallar las violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción cometidos durante los dos mandatos presidenciales de Juan Orlando Hernández en Honduras.
La iniciativa exigía información sobre relaciones entre altos funcionarios hondureños y organizaciones de narcotráfico, casos de lavado de dinero y sobornos, así como las conexiones entre los carteles y delitos como tortura, detenciones ilegales, manipulación de testigos y asesinatos. También requería evaluar posibles vínculos vigentes entre Hernández y estructuras del narcotráfico y determinar si la asistencia estadounidense a los cuerpos de seguridad hondureña fue utilizada para respaldar actividades relacionadas al narcotráfico y otros delitos.
Aunque la Resolución del Senado 616 fue bloqueada por los senadores republicanos, la votación –44 votos a favor, 50 en contra y seis abstenciones o ausencias– evidenció que la narrativa de víctima promovida por Hernández no convence a un importante sector del poder político estadounidense. Los votos favorables provinieron principalmente de los demócratas, respaldados por dos senadores independientes y dos republicanos.
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Juan Orlando Hernández fungió como presidente del Congreso Nacional entre 2010 y 2014, así como presidente de Honduras durante los periodos 2014 a 2018 y 2018 a 2022. En abril de 2022, tras finalizar su mandato presidencial, fue extraditado a Estados Unidos. En marzo de 2024 fue declarado culpable por un jurado federal de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego.
En junio de ese mismo año fue condenado a 45 años de prisión. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2025 recibió un indulto del presidente estadounidense Donald Trump. El indulto fue otorgado en medio de cuestionamientos sobre la injerencia de Trump en el proceso electoral de noviembre de 2025.
La senadora Catherine Cortez Masto, quien junto al senador Tim Kaine de Virginia, presentó la iniciativa, afirmó que el pueblo estadounidense merece conocer las consecuencias de indultar a un “infame criminal” y cómo la medida entra en contradicción con el enfoque de Donald Trump de combate al narcotráfico, además de socavar la aplicación de la ley, que el mandatario estadounidense dice promover.
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Cortez Masto, senadora demócrata por Nevada, remarcó que el indulto es un insulto a los hombres y mujeres sin afiliación política que luchan contra el narcotráfico y quienes trabajaron fuerte para poner a Hernández tras las rejas.
“Desde que fue indultado, el señor Hernández ha estado concediendo entrevistas a la BBC y afirma que el indulto del presidente Trump demuestra que era inocente. Les diré algo. El pueblo estadounidense merece algo mejor que eso, y merece transparencia. […] Merecen saber por qué el presidente Trump indultó a este hombre. Merecen comprender plenamente las conexiones entre el gobierno de Hernandez, las organizaciones de tráfico de drogas y el historial de Honduras en materia de derechos humanos”, explicó la senadora.
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Durante su alocución, el senador demócrata de Vermont, Peter Welch, recordó que fiscales estadounidenses señalaron a Hernández como una pieza central en una extensa y violenta red de narcotráfico. Además, sostuvo que el exmandatario habría utilizado cuerpos de seguridad del Estado para detener, encarcelar, torturar y, en algunos casos, asesinar a opositores políticos y a periodistas que cuestionaron y denunciaron la corrupción y los abusos de su gobierno.
Con respecto a las declaraciones de Hernández, quien asegura ser “víctima de una conspiración internacional de la izquierda radical” en la que habrían participado el Partido Libertad y Refundación (Libre) en Honduras, la administración estadounidense de Joseph Biden y el llamado Deep State, Welch calificó la narrativa como “fraudulenta” y afirmó que no existe evidencia creíble que la respalde. Además sostuvo que la resolución no tiene un carácter partidista.
Tras el bloqueo de la resolución, la senadora Cortez Masto criticó a los republicanos, a quienes señaló de estar más interesados en proteger a Trump que en garantizar la seguridad pública. Por su parte, el senador Tim Kaine aseguró que continuará exigiendo explicaciones a la administración estadounidense sobre qué motivó el indulto otorgado a Hernández.
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