El incremento de víctimas en homicidios múltiples y muertes violentas de mujeres durante 2026 reaviva el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad centradas en respuestas punitivas, mientras se refleja una ausencia de prevención, investigación y combate a las causas estructurales de la violencia.
La persistencia de la desigualdad, la impunidad y la falta de oportunidades sigue alimentando distintos ciclos de violencia en el país, mientras los indicadores muestran un deterioro de la seguridad ciudadana durante el presente año.
Tegucigalpa, Honduras. – Pese a años de políticas de seguridad orientadas al combate de la criminalidad, Honduras continúa enfrentando elevados niveles de violencia que reflejan problemas estructurales no resueltos y la falta de políticas integrales. El aumento de las masacres, los homicidios y las muertes violentas de mujeres durante 2026 evidencia las limitaciones de una estrategia centrada principalmente en medidas represivas y respuestas reactivas, olvidando combatir las causas estructurales de la violencia.
Por décadas, el país ha convivido con fenómenos complejos como las maras y pandillas –la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18—, además de redes de extorsión, narcotráfico y profundas condiciones de desigualdad social que han alimentado distintos ciclos de violencia, que se reflejan en el aumento de homicidios y delitos como la extorsión, el narcomenudeo, el contrabando, entre otros.
Las estadísticas más recientes del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) muestran que la problemática continúa agravándose. Durante los primeros meses de 2026 se registraron 16 masacres que dejaron 75 víctimas mortales.
Aunque la cantidad de masacres es la misma registrada durante el mismo período de 2025, cuando también se contabilizaron 16 muertes múltiples, la cifra de víctimas aumentó significativamente. El año pasado se reportaron 57 fallecidos, mientras que hasta el mediados de junio de 2026 la cantidad asciende a 75, lo que representa 18 víctimas más.
Según explicó la directora del IUDPAS, Migdonia Ayestas, del total de personas asesinadas en estas masacres, ocho eran mujeres.
A ello se suma el incremento de la violencia contra las mujeres. Hasta el 9 de junio de 2026, el Observatorio Nacional de la Violencia contabilizaba 112 muertes violentas de mujeres en el país, concentrándose principalmente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, con incidencia en municipios como el Distrito Central y San Pedro Sula.
Una de las masacres más recientes fue la ocurrida el pasado 21 de mayo de 2026, en la Cooperativa Campesina Paso Aguán en Rigores, Trujillo, Colón, dejó más de 20 personas muertas, según cifras del Ministerio Público. Este hecho ha dejado más dudas que respuestas, sobre el papel del Estado de Honduras para luchar contra la criminalidad y la violencia.
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INSEGURIDAD ES DE LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LA CIUDADANÍA
Durante una entrevista brindada a un medio de comunicación capitalino la directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), Migdonia Ayestas, advirtió que la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población hondureña.
Según Ayestas, los homicidios continúan siendo una de las principales causas de muerte por causas externas en el país y actualmente se registra un promedio de seis víctimas diarias.
Asimismo, señaló que las masacres u homicidios múltiples generan una percepción aún mayor de inseguridad debido a que suelen ocurrir en barrios densamente poblados y espacios públicos.
Ayestas explicó que estos crímenes suelen ser ejecutados por estructuras criminales que planifican cuidadosamente sus ataques, vigilan a sus objetivos y actúan con rapidez para evitar dejar evidencias que faciliten las investigaciones.
«Generalmente son sicarios que llegan, persiguen y planifican. Aunque persigan a una sola persona, están listos para matar a quien esté ahí porque no quieren dejar rastros», indicó.
A juicio de Ayestas, el incremento en el número de víctimas registradas este año resulta especialmente preocupante porque profundiza la sensación de vulnerabilidad de la ciudadanía y evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas del Estado.
IMPUNIDAD, DESIGUALDAD Y AUSENCIA DE PREVENCIÓN
Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), considera que la persistencia y el aumento de la violencia responde a una combinación de factores que históricamente no han sido atendidos de manera integral.
En pláticas con Criterio.hn el abogado señaló que «nunca se ha atendido realmente las causas de la violencia como sociedad, como Estado y como gobierno. Nos hemos enfocado únicamente en algunos de los efectos».
Acevedo enfatizó que Honduras carece de una estrategia clara de prevención de la violencia y de una política efectiva de persecución del delito, situación que se agrava por los altos niveles de impunidad actúa como un incentivo para la reproducción de la violencia y la criminalidad.
Por otro lado, también vinculó el fenómeno de la violencia y la criminalidad con las profundas desigualdades sociales que enfrenta el país. Diversos informes del Banco Mundial y otros organismos internaciones sitúan a Honduras como una de las naciones más desigual, superada únicamente por Haití.
«Somos un país excesivamente desigual, con una ausencia muy marcada de oportunidades para la mayoría de la población. Mientras tanto, las oportunidades económicas se concentran en un sector muy reducido», expresó el entrevistado.
El también defensor de derechos humanos remarcó que todas estas causas estructurales se suma un problema poco discutido en la agenda pública: la salud mental.
«Tampoco hemos atendido la salud mental de la población hondureña. Estamos reaccionando con violencia ante casi cualquier situación y eso también impacta la convivencia social», señaló. Por otro lado, reclamó que gran parte de los medios de comunicación –tradicionales y digitales— reproducen mensajes violentos.
Cuestionó que otra estrategia de los gobernantes de turno sea reformas al Código Penal con el aumento de penas en ciertos tipos penales, un eje que por sí solo no constituye una solución efectiva para reducir la criminalidad.
A su juicio, el primer paso debe ser la existencia de una decisión política real de combatir la violencia mediante una estrategia integral que combine prevención, investigación, justicia, oportunidades económicas y fortalecimiento institucional.
