Funcionarios públicos, representantes empresariales y promotores de Próspera coinciden en foros y actividades mientras crecen las alertas sobre el impulso que han adquirido tras la imposición desde Estados Unidos de Asfura en la presidencia de Honduras.
Analistas advierten que el acercamiento entre el gobierno, sector privado y los promotores de Próspera podría interpretarse como un respaldo implícito a un modelo declarado inconstitucional.
Tegucigalpa, Honduras. – Tras la imposición presidencial del Partido Nacional en Honduras por parte de Estados Unidos, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), especialmente Próspera Honduras han cobrado nuevo impulso a nivel gubernamental y empresarial.
El diputado nacionalista por Atlántida, Marco Midence, ya lo adelantaba en enero, cuando planteó la necesidad de “revisar” el modelo pese a la declaración de inconstitucionalidad de origen por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2024 y la derogación de su andamiaje legal desde el Congreso Nacional en 2022.
Ahora el presidente Nasry Asfura participa y posa frente al estand de Próspera durante el Foro Iberoamericano de Turismo, un evento organizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), en el que que la empresa promotora de la ZEDE en Roatán y Satuyé figuró entre los patrocinadores.
Previamente, en abril, entidades gubernamentales como el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende) y la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes participaron en el foro “Roatán Inspira Honduras Lidera”, organizado por Honduras Próspera, evidenciando el acercamiento de instituciones estatales a un cuestionado proyectos.
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La participación del Cohep en foros y eventos patrocinados por inversionistas de las ZEDE representa un giro de 180 grados respecto a la postura de 2021, cuando concluyó que estos regímenes “son una imposición de un nuevo Estado dentro del Estado de Honduras” y advirtió a inversionistas nacionales y extranjeros sobre los riesgos de invertir en proyectos autorizados al margen de la ley.
ENTRE PRIVILEGIOS FISCALES Y PÉRDIDA DE SOBERANÍA
Para Daisy Ávila, directora de Oxfam en Honduras, la participación conjunta de representantes del gobierno, el Cohep y los promotores de las ZEDE resulta llamativa debido a que este régimen fue declarado inconstitucional y existen otros mecanismos legales mediante los cuales estas empresas podrían operar en el país. Señaló qué esperaría que estos acercamientos tengan el propósito de explorar alternativas dentro de un marco jurídico vigente y no para reactivar un modelo que ya fue eliminado del ordenamiento nacional.
Ávila advirtió que la reactivación de esquemas de excepción como las ZEDE profundizaría privilegios para determinados grupos empresariales, afectaría la recaudación tributaria y generaría condiciones de competencia desleal frente a empresas que sí operan bajo las mismas obligaciones fiscales que el resto del sector productivo. Asimismo, apuntó que estos regímenes rompen con el concepto de un único marco normativo y de gobierno para todos los ciudadanos.
Ismael Moreno, exdirector de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), dijo a Criterio.hn que el proceso de privatización y escisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) está acompañado de un proceso que pone los bienes del país, en este caso el territorio, al servicio del mejor postor internacional.
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Al igual que Moreno, Rony Castillo, integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), sostiene que estos encuentros en foros entre gobierno, Próspera y el Cohep evidencian que todo ya está pactado entre estos grupos, sin importarles qué dice la Constitución, sin importar derechos o si entregan el país a grupos empresariales. “Estamos claros de cuál es la política y cuál va a ser el rumbo de este gobierno que va a ser entregarlo totalmente a estos grupos, a los intereses privados”, señaló.
Una lectura similar tiene Ligia Ramos, exdiputada del Congreso Nacional, quien considera que la participación conjunta de gobierno, el Cohep y representantes de estos regímenes evidencia una estrategia para revitalizar un modelo ya derogado y declarado inconstitucional. Asimismo, cuestionó que algunos funcionarios nombrados por la administración Asfura mantengan vínculos estrechos con las ZEDE, aunque no identificó a ningún funcionario en particular.
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¿ESTAMOS ANTE UN RESPALDO IMPLÍCITO A LAS ZEDE?
Para Ramón Barrios, abogado constitucionalista y exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), los funcionarios del Estado que participan en eventos vinculados a las ZEDE actúan en contradicción con el orden constitucional vigente, ya que este modelo fue eliminado de la Constitución y declarado inconstitucional por la CSJ. A su juicio, estas actuaciones constituyen el delito de traición a la patria, incluido el presidente Asfura.
“Lo que puedo decir, que cada vez que un funcionario de gobierno asista a un evento de cualquier zona especial de desarrollo, ya está derogada constitucionalmente, comete el delito de traición a la patría”, aseveró Barrios.
Esta postura es reforzada por Fernando García, excomisionado presidencial contra las ZEDE, quien dijo a Criterio.hn que la derogación de este régimen y la sentencia que declaró su inconstitucionalidad siguen plenamente vigentes. Según García, la participación de servidores públicos en actividades promovidas por las ZEDE podría interpretarse como un desconocimiento de esas resoluciones.
Advirtió, además, que constituye una señal de reconocimiento tácito a proyectos como Próspera, lo que podría ser utilizado en las demandas de arbitraje internacional promovidas por los inversionistas de ZEDE Próspera y ZEDE Morazán contra el Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Este acercamiento ocurre mientras Próspera expande su territorio en Roatán a cerca del 4% de la superficie de la isla caribeña y proyecta obras en el Puerto de Satuyé en La Ceiba, Atlántida, en el territorio continental hondureño. La expansión de estos proyectos coincide con una creciente presencia de Honduras Próspera Inc. en espacios gubernamentales y empresariales bajo una administración encabezada por el mismo partido político que impulsó su creación.
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Criterio.hn contactó por mensajería a Eiby Aguirre, gerente de comunicaciones del Cohep, para solicitar una entrevista con la presidenta de la organización Anabel Gallardo, a fin de abordar el cambio de postura del organismo empresarial respecto al análisis jurídico que emitió en 2021 sobre las ZEDE, sin embargo no se obtuvo respuesta.
