La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia el próximo 5 de agosto para examinar las denuncias sobre el uso del juicio político, el incumplimiento de una sentencia de la Corte IDH y los cuestionamientos a la independencia judicial en Honduras.
Organizaciones nacionales e internacionales sostienen que las destituciones de altas autoridades evidencian un patrón de debilitamiento institucional y de incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado hondureño.
Tegucigalpa, Honduras. –La aplicación del juicio político contra el exfiscal general Johel Zelaya, funcionarios electorales y magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) será analizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el próximo 5 de agosto celebrará una audiencia temática sobre la independencia judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado hondureño.
La audiencia fue solicitada por un grupo de organizaciones nacionales e internacionales que advierten un deterioro en la independencia del Poder Judicial, la utilización del juicio político contra altas autoridades, la intervención política en órganos de justicia y el incumplimiento de una sentencia emitida en 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El proceso comenzó el 23 de marzo de 2026, cuando el Congreso Nacional inició el proceso de juicio político contra el entonces fiscal general, Johel Zelaya, quien fue destituido de su cargo dos días después.
La actuación del Legislativo despertó preocupación debido a que la Corte IDH ya había determinado, en la sentencia Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras, que la regulación hondureña sobre el juicio político contiene disposiciones incompatibles con los estándares internacionales de independencia judicial.
Semanas después se inició el proceso de juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Morazán (propietario), y así como de los suplentes Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, que culminó con la destitución de los funcionarios electorales.
Estos procedimientos fueron cuestionados por organizaciones como Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America).
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LA CIDH SOLICITA INFORMACIÓN A HONDURAS
Tras la destitución del fiscal general, la CIDH activó el 10 de abril el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y remitió una comunicación a la canciller hondureña, Mireya Agüero, solicitando información sobre las medidas adoptadas por Honduras para adecuar su legislación a los estándares interamericanos.
La CIDH preguntó qué acciones ha impulsado el Estado de Honduras para reformar la normativa sobre juicio político, garantizar el debido proceso y asegurar recursos judiciales efectivos para las personas sometidas a este mecanismo.
En ese momento, la CIDH expresó preocupación porque información pública indicaba que el juicio político podría extenderse a otros altos funcionarios del Estado. Entre ellos mencionó que la renuncia de la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, habría ocurrido en medio de presiones relacionadas con la posible aplicación de esta figura.
La CIDH recordó que la Corte IDH estableció –en la sentencia del caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras— que tanto el artículo 234 de la Constitución de la República como la Ley Especial del Juicio Político contienen elementos contrarios a la Convención Americana, particularmente por la amplitud de la causal denominada «lesión al interés nacional», la inexistencia de recursos judiciales contra las destituciones y la ausencia de garantías que eviten ceses arbitrarios.
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ORGANIZACIONES DENUNCIAN UN PATRÓN DE DEBILITAMIENTO INSTITUCIONAL
El 23 de abril, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), el Centro Jurídico por los Derechos Humanos y Abogados Sin Fronteras Canadá solicitaron formalmente a la CIDH la celebración de una audiencia temática sobre la independencia judicial en Honduras.
En la petición sostuvieron que persisten problemas estructurales relacionados con la concentración de facultades administrativas dentro del Poder Judicial, la utilización del juicio político contra autoridades judiciales y electorales, cancelaciones masivas de nombramientos, designaciones con influencia política y el incumplimiento de recomendaciones emitidas por el Sistema Interamericano.
Como resultado de esa solicitud, el 8 de junio la CIDH notificó al Estado hondureño que la audiencia se celebrará durante su 196 período de sesiones en Washington D.C., Estados Unidos el próximo 5 de agosto de 2026.
Sobre el tema, Criterio.hn consultó con el abogado e integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Juan José Vargas, que explicó que la audiencia no constituye un proceso derivado directamente del caso Gutiérrez Navas, sino un espacio para evaluar el cumplimiento general de las obligaciones internacionales del Estado hondureño.
No obstante, señaló que la sentencia sirve como un referente para analizar los acontecimientos recientes. Según Vargas, las organizaciones solicitantes han identificado «un patrón sistemático de debilitamiento» de la independencia judicial que se ha intensificado durante los últimos años.
Precisó que la preocupación no se limita únicamente a los juicios políticos, sino que comprende diversas actuaciones dentro del Poder Judicial que podrían evidenciar una concentración de poder y afectar el acceso de la ciudadanía a una justicia independiente.
«Creo que es fundamental esclarecer, ante el Estado de Honduras, la CIDH y las organizaciones solicitantes, si el Estado hondureño ha incumplido sus obligaciones internacionales y vulnerado los derechos de la población en materia de independencia judicial”, argumentó el jurista e integrante de CEJIL.
A su juicio, la independencia judicial no constituye un privilegio de jueces o fiscales, sino una garantía para toda la población, ya que permite resolver controversias con imparcialidad y evita que otros poderes del Estado interfieran en la administración de justicia.
HONDURAS INCUMPLE SENTENCIA DE CORTE IDH
El abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, considera que Honduras incumplió una obligación internacional –derivada de la sentencia en el caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras— al continuar aplicando el juicio político sin haber reformado previamente la Constitución y la Ley Especial del Juicio Político, tal como ordenó la Corte IDH.
Durante su intervención en un foro de debates el jurisconsulto explicó que el artículo 15 de la Constitución establece que las sentencias internacionales son de cumplimiento ineludible y recordó que el artículo 67 de la Convención Americana dispone que los fallos de la Corte IDH son definitivos e inapelables.
Mejía señaló que la sentencia Gutiérrez Navas ordenó al Estado modificar el marco normativo debido a que la regulación vigente permite destituciones por conceptos imprecisos, impide la revisión judicial de los juicios políticos y no ofrece garantías suficientes para evitar ceses masivos y arbitrarios.
Sostuvo que el Congreso Nacional debió reformar la legislación antes de volver a utilizar esa figura contra funcionarios públicos y advirtió que el incumplimiento de una sentencia internacional puede generar una nueva condena contra el Estado de Honduras.
“El Congreso Nacional, donde el Partido Nacional y el Partido Liberal mantienen una mayoría legislativa, debió reformar el artículo 234 de la Constitución y la Ley de Juicio Político antes de continuar aplicando ese mecanismo, en cumplimiento de la sentencia Gutiérrez Navas vs. Honduras de la Corte IDH”, indicó el jurista.
Señaló que el artículo 15 de la Constitución establece que las sentencias internacionales son de cumplimiento obligatorio para el Estado hondureño, por lo que el Poder Legislativo estaba obligado a adecuar la normativa interna a los estándares fijados por la Corte IDH.
Asimismo, cuestionó que el Congreso haya continuado aplicando una figura que, según afirmó, la Corte IDH ha considerado incompatible con los estándares internacionales sin realizar previamente las reformas ordenadas.
En ese contexto, planteó que el Código Penal sanciona el incumplimiento de resoluciones judiciales y argumentó que, si las sentencias de la Corte IDH son de obligatorio cumplimiento conforme al artículo 15 de la Constitución, el desacato a dichas resoluciones por parte del Congreso podría generar responsabilidades legales.
Asimismo, cuestionó si posteriormente el Estado ejercerá acciones de repetición contra los funcionarios responsables de provocar una eventual responsabilidad internacional, de manera que una posible indemnización no sea asumida por los contribuyentes.
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EL ESTADO PREPARA SU DEFENSA
El 18 de junio, la Procuraduría General de la República solicitó al Ministerio Público y a diversas instituciones remitir información actualizada para preparar la defensa del Estado hondureño durante la audiencia.
Por su parte, la canciller Mireya Agüero informó que Honduras participará en la sesión de la CIDH y señaló que será el procurador general, Dagoberto Aspra, quien encabezará la representación oficial.
Durante una breve entrevista brindada a un noticiero capitalino la funcionaria indicó que la convocatoria surgió a partir de la solicitud presentada por diversas organizaciones de derechos humanos y que corresponde a la Procuraduría General coordinar la posición que expondrá el Estado ante la Comisión.
La audiencia del próximo 5 de agosto podría convertirse en un nuevo escenario de evaluación internacional sobre el respeto a la independencia judicial en Honduras y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en un contexto marcado por los cuestionamientos al uso del juicio político en Honduras.
