El Congreso Nacional destituyó al exconsejero del CNE, Marlon Ochoa, y al magistrado del TJE, Mario Morazán, junto a otros dos funcionarios, tras un juicio político cuestionado por irregularidades, falta de garantías procesales y denuncias de motivaciones políticas.
La destitución de funcionarios electorales profundiza la crisis institucional en Honduras, tras un juicio político impulsado por el bipartidismo (partidos Nacional y Liberal) y señalado como una herramienta de control político sobre los órganos electorales.
Tegucigalpa, Honduras. –En una controvertida sesión legislativa, el Congreso Nacional aprobó la destitución del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán (propietario), así como de los suplentes Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, tras un cuestionado proceso de juicio político que ha generado críticas por múltiples irregularidades.
La votación se produjo a las 11:29 de la noche del jueves, con 88 votos a favor, según informó el secretario del hemiciclo, Carlos Ledezma, el pleno avaló la remoción de los funcionarios electorales.
Posteriormente, en una segunda votación, los diputados aprobaron también la destitución del magistrado propietario del TJE, Mario Alexis Morazán, completando así la separación de los cuatro funcionarios sometidos al proceso.
La decisión se produjo luego de una extensa jornada en la que únicamente compareció el magistrado propietario Mario Morazán, ya que el consejero Marlon Ochoa —quien junto a su familia habría salido del país tras denunciar amenazas en su contra— y los magistrados suplentes Mejía y Gutiérrez no se presentaron ante el pleno del Poder Legislativo.
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MORAZÁN DENUNCIA QUE JUICIO POLÍTICO NO CUMPLE REQUISITOS INTERNACIONALES
El magistrado suspendido denunció que el informe que recomendaba su destitución —de más de 180 páginas— le fue entregado apenas dos horas antes de su comparecencia, lo que, a su criterio, vulneró su derecho a preparar una defensa adecuada.
Asimismo, recriminó las condiciones en las que se desarrolló su participación, al señalar que no se le permitió intervenir desde el podio, como corresponde a su investidura, sino desde una curul legislativa. En medio de un ambiente tenso entre las bancadas del Partido Libre, Partido Liberal y Partido Nacional; Morazán increpó directamente a la presidencia del Congreso Nacional, cuestionando el trato recibido y la conducción del proceso.
En su intervención, Mario Morazán cuestionó la legalidad y legitimidad del proceso, asegurando que no se cumplieron las garantías mínimas para su defensa y las recomendaciones establecidas en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras.
Según expuso, este mecanismo presenta deficiencias estructurales, como causales “vagas e imprecisas” para la destitución de funcionarios y la ausencia de recursos judiciales efectivos.
Morazán advirtió que dichas falencias podrían dar lugar a destituciones arbitrarias, afectando la independencia judicial. En ese sentido, recordó que la Corte IDH ha instado al Estado hondureño a adecuar su normativa para garantizar procesos imparciales, con pleno respeto a los derechos fundamentales.
Durante su intervención, también denunció que no se le permitió contrainterrogar testigos ni ejercer otras garantías básicas del debido proceso, lo que —según afirmó— evidencia las limitaciones de la actual Ley de Juicio Político.
El ambiente en el hemiciclo se tornó aún más tenso tras señalamientos del magistrado sobre supuestas intimidaciones por parte del diputado del Partido Nacional, Jack Uriarte, lo que obligó al presidente del Congreso Tomás Zambrano a llamar al orden a las distintas bancadas.
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MORAZÁN APUNTÓ A JORGE CÁLIX COMO PRINCIPAL PROMOTOR DEL JUICIO POLÍTICO
Morazán continuó su intervención en un ambiente marcado por tensiones y acusaciones cruzadas. El magistrado, apuntó directamente al diputado Jorge Cálix como uno de los principales impulsores del proceso de juicio político en su contra, durante su comparecencia ante una comisión legislativa.
Morazán defendió su actuación al frente del órgano electoral, asegurando que varios de los señalamientos utilizados para justificar su destitución carecen de fundamento político, ya que se le inculpa por el fallecimiento de la magistrada Miriam Barahona, quien murió por complicaciones de una enfermedad (cáncer) que padecía.
El exmagistrado detalló irregularidades dentro del TJE relacionadas con el manejo de convocatorias y expedientes, particularmente en el proceso vinculado a la inscripción de Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho.
Según explicó, existieron inconsistencias en los tiempos de recepción de documentos y convocatorias a sesiones, lo que, a su juicio, evidencia una posible colusión interna. “El despacho recibió la convocatoria antes de que ingresaran los documentos que supuestamente se iban a conocer», declaró el también abogado.
Morazán relató que una sesión administrativa en curso fue abruptamente interrumpida alrededor de las 11:50 de la mañana para dar paso a una sesión jurisdiccional, pese a que —según su versión— no existían aún los expedientes necesarios para tomar decisiones.
“Lo correcto era terminar la sesión administrativa. Faltaba aproximadamente una hora, pero había una urgencia. Lo único importante para la presidencia eran esas medidas tutelares”, sostuvo.
El exfuncionario aseguró que advirtió en ese momento que no podía pronunciarse sin contar con la documentación de respaldo. “¿Cómo me voy a pronunciar de algo que no tiene insumos?”, cuestionó, al tiempo que señaló que históricamente el TJE no conocía casos sin que antes el Consejo Nacional Electoral remitiera los expedientes.
Además, mencionó que en esa misma sesión cuestionó la convocatoria anticipada para conocer dos solicitudes: la de Jorge Cálix —quien buscaba una candidatura por Olancho tras haber participado previamente en las elecciones primarias como precandidato a la Presidencia y fue derrotado por Salvador Nasralla— y la de otro aspirante a diputado por el departamento de Valle, Cristhian Villalobos.
Morazán insistió en que existen grabaciones que respaldarían su versión de los hechos y sugirió que estas se encuentran en poder del Ministerio Público. “Si quieren conocer la verdad, ahí están las grabaciones”, expresó.
En su intervención, también defendió el principio de legalidad en los procesos electorales, recordando que la normativa hondureña prohíbe que un candidato que pierde en elecciones primarias participe en comicios generales. “Si alguien que pierde en la primaria llega a ser diputado, lo hace mediante fraude de ley o aprovechando vacíos”, afirmó el exfuncionario electoral.
El momento más tenso de la comparecencia se produjo durante un intercambio directo entre Morazán y Cálix, quien lanzó fuertes críticas contra el exmagistrado y cuestionó su gestión en el TJE, incluso señalando como culpable del fallecimiento de la magistrada Miriam Barahona.
“Hablan del pescado y resulta que ustedes se comieron un tiburón. ¿Ya liquidaron esos más de 26 millones cada uno? ¿Ya liquidaron esos 176 millones?”, increpó el congresista, aludiendo a presuntos manejos financieros irregulares y que no tenía nada que ver con el proceso de juicio político.
Cálix también señaló que la situación actual de Morazán responde a decisiones tomadas durante su gestión, acusándolo de haber abandonado sus funciones. “Dejó su silla vacía por presiones del gobierno”, afirmó.
En contraste, evocó la figura de la exmagistrada Miriam Barahona, destacando que “cumplió hasta el último momento”, en una comparación que elevó aún más el tono del debate.
Ante estos señalamientos, Morazán rechazó las acusaciones y defendió su conducta administrativa dentro del TJE. Reconoció que existían prácticas cuestionables en el manejo de recursos, como adelantos de beneficios laborales, pero aseguró que se opuso a ellas en su momento.
“Cuando me presentaron esas solicitudes, no había justificación y no estaba de acuerdo en usar el tesoro público como chequera personal”, afirmó. No obstante, aclaró que posteriormente autorizó algunos casos por razones humanitarias vinculadas a problemas de salud de una funcionaria.
Asimismo, indicó que varios de los hechos señalados corresponden a 2024, previo a que se conocieran circunstancias específicas que habrían justificado ciertas decisiones administrativas.
El intercambio entre ambos actores refleja el alto nivel de confrontación política que rodea el juicio contra Morazán, un proceso que continúa generando debate tanto en el Congreso Nacional como en la opinión pública, en medio de cuestionamientos sobre la independencia de los órganos electorales y el uso de mecanismos de control político.
Tras varias horas e intervenciones de diputados del bipartidismo y el magistrado Mario Morazán, el presidente del Congreso Nacional Tomás Zambrano, quien fue mencionado en los audios que el consejero Marlon Ochoa presentó ante el Ministerio Público sobre un supuesto plan para cometer un fraude electoral, llamó al pleno para realizar la votación y lograr la destitución de los cuatro funcionarios electorales sometidos al proceso de juicio político.
A las 11:15 de la noche del jueves, el magistrado suspendido finalizó su comparecencia ante el pleno. Tras levantarse del curul se dirigió a los medios de comunicación donde declaró que “yo acudo aquí no porque reconozca ninguna legitimidad sino porque la población tiene derecho a saber la verdad, lo que sucedió. La población es inteligente, esto es un juicio politizado, no un juicio político. Me voy tranquilo, me voy con la frente en alto».
Los diputados de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) se levantaron de sus curules y se acercaron al magistrado para brindar su apoyo. Tras unos minutos, salieron del pleno cuando se procedía a la votación.
La votación se efectuó a las 11:29 de la noche con base en un listado, en ausencia del sistema electrónico. Según el secretario del hemiciclo, Carlos Ledezma, el pleno avaló la remoción de Ochoa junto a los magistrados suplentes del TJE, Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta con 88 votos.
Posteriormente, en una segunda votación, supuestamente con la misma votación, los diputados aprobaron también la destitución del magistrado propietario del TJE, Mario Alexis Morazán, completando así la separación de los cuatro funcionarios sometidos al proceso.
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El proceso también ha sido objeto de críticas por los actores que lo impulsaron. Diputados que integraron la comisión especial de juicio político han sido señalados por presuntos conflictos de interés y por su vinculación en investigaciones previas.
Entre ellos, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha sido mencionado en audios presentados por Marlon Ochoa ante el Ministerio Público, en los que se aludiría a un supuesto plan para manipular el proceso electoral.
Estos elementos han alimentado la percepción de que el juicio político fue utilizado como una herramienta de control político, que dejará al Partido Libertad y Refundación (Libre), tercera fuerza política con mayor caudal electoral, sin representación en los órganos electorales.
MORAZÁN PIDE CONOCER INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL SE JUICIO POLÍTICO
Horas antes de presentarse ante el pleno del Congreso Nacional, el magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Morazán confirmó su presencia ante la Comisión de Juicio Político, pero solicitó el informe oficial para ejercer su defensa.
Durante una breve declaración a medios de comunicación dijo estar dispuesto “dispuesto a ir a cualquier espacio de rendición de cuentas y ejercer mi derecho de defensa en el marco de un debido proceso”.
En ese sentido, solicitó se le compartiera el informe con las conclusiones del proceso de juicio político que fue elaborado y posteriormente presentado por la Comisión Especial el miércoles 15 de abril en la sesión del Congreso Nacional, cuya conclusión fue la destitución de los cuatro funcionarios electorales enjuiciados.
Tras la insistencia de Morazán el secretario del Poder Legislativo, Carlos Ledezma, compartió el documento a menos de dos horas antes de su comparecencia ante ese poder del Estado.
“Luego que una Comisión conformada únicamente por diputados nacionalistas y de una facción Liberal, se emitió un informe de 184 páginas que no se me quiso compartir sino hasta dos horas antes de la audiencia, para evitar mi comparecencia o que pudiera preparar una adecuada defensa”, denunció el funcionario suspendido desde su cuenta de X –antes Twitter–.
Pese a los cuestionamientos planteados, el Congreso procedió a aprobar la destitución de los cuatro funcionarios, en una decisión que podría tener repercusiones en el sistema electoral y judicial del país, en un contexto de creciente polarización política.
La resolución abre un nuevo capítulo en la crisis institucional que enfrenta Honduras, en medio de señalamientos sobre el uso del juicio político como herramienta de control político, lo que ha encendido las alertas entre sectores jurídicos y organismos defensores de derechos humanos.
