La institución calificó de “FALSO” un análisis periodístico que se basó en una publicación oficial donde la misma Policía afirmaba que podía capturar a jóvenes sin “probar un delito” y que luego eliminó de sus redes.
La evidencia digital y las declaraciones del ministro de Seguridad muestran que la narrativa oficial ha relativizado la exigencia de prueba penal, mientras se usa el rótulo de “falso” para estigmatizar a la prensa crítica en un contexto de reformas antiterroristas.
Tegucigalpa, Honduras. – Tras las reformas al Código Penal que permite declarar como organizaciones terroristas a maras y pandillas, el discurso oficial de seguridad en Honduras se volvió aún más delicado para el ejercicio del periodismo. En este contexto, la Policía Nacional respondió a críticas periodísticas no con información, sino con una publicación en la que tilda de “FALSO” el trabajo del medio digital de Reporteros de Investigación y los acusa de “desinformar”.
¿QUÉ VERIFICAMOS?
El 25 de mayo de 2026, la Policía Nacional de Honduras publicó en sus redes sociales una imagen en la que superpone la palabra “FALSO” sobre un post de Reporteros de Investigación y afirma: “Aclaramos que es FALSO lo que menciona esta publicación sobre que la policía va a llevar a prisión a jóvenes sin ‘probar un delito”. En el mismo mensaje, la institución llama “enérgicamente” a este medio y al resto de la prensa a “verificar la información antes de publicar, para no desinformar a la población ni desacreditar el trabajo policial”.
La frase: “Aclaramos que es FALSO lo que menciona esta publicación sobre que la policía va a llevar a prisión a jóvenes sin ‘probar un delito’”.
PERO, ¿QUÉ PUBLICÓ LA POLICÍA NACIONAL?
La “aclaración” se produce después de que Reporteros de Investigación cuestionara una publicación de la propia Policía, en la que se aseguraba que “ya no necesitamos probar un delito, con solo ser parte de una mara o pandilla lo podemos capturar”.
El post, que luego fue eliminado, fue el origen de la crítica periodística y del posterior desmentido institucional, que intenta instalar la idea de que nunca se habló de privar de libertad sin probar un delito.
El Mirón buscó en Google la frase mediante la cual la Policía Nacional asegura no haber publicado en sus redes ya no necesitar probar un delito para capturar a un miembro de una mara o pandilla y uno de los resultados remite a una publicación de la propia institución uniformada en la red social Facebook. Al intentar acceder al enlace, Facebook muestra el mensaje: “Este contenido no está disponible en este momento. Por lo general, esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó”. Este hallazgo indica que la publicación existió y luego fue restringida o eliminada, lo que refuerza que la crítica periodística se basa en un contenido originalmente público y no en una frase inventada.
Reporteros de Investigación publicó el post el pasado 24 de mayo en redes advirtiendo que ese mensaje contradecía garantías básicas del debido proceso y permitía detener a jóvenes sin probar un delito, citando la publicación oficial de la Policía.
Horas después, la Policía difundió una nueva publicación en la que superpone la palabra “FALSO” sobre el contenido de Reporteros de Investigación y afirmando que dicha publicación era falsa.
Lejos de ser una simple aclaración técnica, este señalamiento público desde una institución armada contra un medio que documentó y analizó mensajes oficiales envía un mensaje de intimidación a la prensa crítica. Con las nuevas figuras antiterroristas en vigor, la combinación entre un discurso que relativiza la necesidad de probar delitos y el uso de plataformas institucionales para estigmatizar a periodistas configura un riesgo directo para la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a cuestionar las políticas de seguridad sin ser tratada como enemiga del Estado.
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¿REALMENTE LA POLICÍA NACIONAL VA A CAPTURAR SIN PROBAR DELITO?
Mientras la Policía cataloga como “falsa” la publicación de Reporteros de Investigación aduciendo que no realizaron ninguna publicación. Durante un programa de televisión nacional el ministro de seguridad, Gerzon Velásquez declaró que ya no es necesario acreditar un delito precedente, porque con las reformas al Código Penal, las maras y pandillas son consideradas organizaciones terroristas. Con esto el funcionario reforzó la idea de que bastaría la pertenencia a una estructura para actuar penalmente.
Minutos después, el ministro matizó esa postura al afirmar que el delito de terrorismo “no es un cheque en blanco para capturar a cualquier pandillero por el simple hecho de andar un 18 o un MS 13 en el pecho”, y añadió que “tenemos que obtener una serie de elementos probatorios para decirle al juez que este es un miembro, permanente o temporal de esta estructura y que ha cometido delitos graves y, por tanto, es parte de la asociación terrorista”.
Aquí introduce condiciones mucho más exigentes: no solo pertenencia, sino elementos probatorios suficientes y la comisión de “delitos graves”. Es decir, vuelve a acercarse al estándar del debido proceso y prueba que exige el derecho penal.
La comparación de ambas declaraciones evidencia una contradicción de fondo. En la primera, el ministro presenta la pertenencia a una estructura criminal designada como terrorista como suficiente, desplazando la necesidad de probar un delito precedente y dejando la puerta abierta a detenciones basadas en la sola afiliación. En la segunda, intenta corregir esa impresión y asegura que no habrá capturas solo por “andar un 18 o un MS 13”, sino que se requerirán pruebas y delitos graves.
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LA POLICÍA BORRA PRUEBAS, ATACA A LA PRENSA Y ENCUBRE A LOS ALIADOS DEL CRIMEN
La periodista y directora de Reporteros de Investigación, Wendy Funes, calificó como una “falta de integridad” y de “ética total” la reacción de la Policía Nacional, que tachó de falsa una publicación de su medio que cuestionaba mensajes oficiales sobre capturas de supuestos integrantes de maras y pandillas. A su juicio, la institución quiso “gobernar con mentiras” y confió en que, borrando la publicación original y desmintiendo después, el caso quedaría cerrado y el medio no tendría capacidad de reconstruir lo ocurrido.
Funes sostiene que esta conducta revela un menosprecio estructural hacia la prensa, basada en la idea de que los periodistas no verifican la información y pueden ser manipulados sin consecuencias. Por eso considera que el ataque no es solo contra Reporteros de Investigación, sino contra toda la prensa independiente que investiga lo que el poder intenta ocultar y que no se deja controlar “mediante el soborno”. En su lectura, etiquetar su trabajo como “falso” el Día del Periodista Hondureño refuerza un patrón heredado de gobiernos anteriores: usar el rótulo de “noticia falsa” para deslegitimar la crítica y aumentar la agresión.
La periodista vincula este episodio con la “remilitarización de la política criminal del Estado” y con un intento de consolidar una política autoritaria de seguridad. Afirma que las autoridades buscan convertir la violencia en “espectáculo de la muerte” para manipular a la opinión pública, mientras intentan silenciar a quienes cuestionan esa estrategia. Como no pueden cooptar a la prensa alternativa, explica, recurren a la estigmatización: califican a periodistas de irresponsables para “matarlos moralmente” y lograr que la ciudadanía deje de creerles.
Respecto al contenido de fondo, Funes, quien además es especialista en criminología, considera especialmente delicado que la Policía haya admitido en una publicación que ya no necesitaba probar delito para actuar y luego intentara borrar el registro. “Prácticamente el posteo apunta a una falta de estado de derecho, que se va a meter presa a cualquier persona sin ningún tipo de evidencia”, advirtió. Aunque reconoció que después las autoridades han insistido en la necesidad de pruebas, cuestionó que la narrativa oficial concentre toda la carga sobre mareros y pandilleros, mientras deja fuera a actores con poder político, económico y militar que también participan en estructuras criminales.
“¿Qué pasa con los alcaldes, con los diputados que están recibiendo dinero de maras y pandillas?”, se pregunta Funes, al poner en duda la selectividad del discurso gubernamental. A su juicio, no basta con prometer cárcel para quienes ejecutan extorsiones en la calle, si quienes se benefician de esas rentas ilícitas, desde espacios de poder, permanecen intactos. “¿De qué sirve estar encarcelando a todos los mareros por extorsión si quien recibe el dinero de la extorsión, porque también hay empresarios en esa estructura, no va a pagar?”, cuestionó.
La directora de Reporteros de Investigación concluye que el problema no es solo una publicación borrada o un desmentido agresivo, sino el modelo de seguridad que se intenta consolidar: uno que combina opacidad, castigo selectivo y hostilidad hacia la prensa que documenta las contradicciones del poder.
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SEÑALAR A LA PRENSA COMO FALSA ES SÍNTOMA DE UNA DEMOCRACIA ENFERMA
Las agresiones provenientes de cualquier cuerpo de seguridad del Estado hacia medios nativos digitales y de periodismo de investigación, como Reporteros de Investigación, “representan una de las señales más alarmantes para el estado de una democracia”, advierte Lourdes Ramírez, directora del medio digital En Alta Voz. No se trata, dice, de un hecho aislado o de “un simple abuso de autoridad individual”, sino de “un síntoma de vulnerabilidad estructural” que se agrava cuando las declaraciones del secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, se emiten en un programa de televisión de alcance nacional y luego se descalifica como falsa una información que está respaldada con evidencia de lo dicho.
Ramírez sostiene que señalar como falsa una publicación que recoge fielmente declaraciones oficiales “genera un impacto negativo para la prensa independiente, para la libertad de expresión y también para la libertad de prensa”, porque se traduce en intentos de censura que “debilitan el tejido social aún más de lo que ya se encuentra”. “Cuando una institución que constitucionalmente debe garantizar la seguridad se convierte en el agresor, el periodismo independiente queda en la absoluta indefensión”, alerta.
Recuerda que estos medios subsisten gracias a su credibilidad y capacidad de fiscalización, y que cualquier agresión —“sea física o virtual, desde el decomiso de equipos hasta el bloqueo de redes o el hostigamiento”— busca desgastar su resistencia, especialmente la de medios alternativos que no cuentan con blindajes corporativos o políticos.
Para la directora de En Alta Voz, el avance de la autocensura es uno de los riesgos más graves de este clima hostil: “Si la prensa se inhibe por temor a represalias de los uniformados, la ciudadanía pierde su derecho a emitir juicios informados y la narrativa pública pasa a ser monopolizada por las oficinas de relaciones públicas institucionales y la propaganda gubernamental”.
Ramírez recuerda que “la libertad de prensa mide la salud democrática de un país” y que las agresiones policiales evidencian la fragilidad de los sistemas estatales de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. “El mensaje implícito es que investigar al poder es un costo violento aceptable para el sistema”, denuncia, al tiempo que expresa la solidaridad de En Alta Voz con Reporteros de Investigación y llama a las instituciones a “retroceder en sus intentos de deslegitimar el trabajo periodístico de investigación” de los medios independientes.
El Mirón concluye que la publicación de la Policía Nacional en la que tilda de “FALSA” la información de Reporteros de Investigación es falsa. La evidencia recopilada demuestra que la institución sí difundió previamente un mensaje en el que aseguraba que podía capturar a personas por ser parte de una mara o pandilla “sin necesitar probar un delito”, y que posteriormente procedió a eliminar esa publicación de sus redes.
Al negar ahora lo que antes afirmó públicamente y presentar como mentira el trabajo de un medio que documentó ese contenido, la Policía no solo falta a la verdad, sino que recurre a la desinformación institucional para encubrir su propio mensaje.
Al cierre de esta verificación, el Mirón no había obtenido la versión de la Policía Nacional. Nos contactamos con el comisionado de policía, Edgardo Barahona, vocero de la Secretaría de Seguridad solicitando una entrevista para hablar sobre la publicación y del porqué había tildado como falsa la publicación de Reporteros de Investigación. Barahona consultó qué a qué publicación nos referíamos, sin obtener más respuestas.
