En un pódcast, el ministro José Argueta aseguró que en 90 días el gobierno pagó la mitad de la deuda flotante, reactivó 200 proyectos y entregó 10 millones de textos escolares.
Tegucigalpa, Honduras. – El ministro de Comunicaciones del gobierno de Nasry Asfura, José Argueta está presentando como “logro cumplido” el pago de la mitad de la deuda flotante del país en apenas 90 días, una afirmación que no se sostiene con los propios datos oficiales y que se usa para construir una imagen de “orden y responsabilidad” que no es exacta.
Además de presumir el supuesto pago de “la mitad” de la deuda flotante, el ministro de Comunicaciones desplegó una lista de 12 logros que mezcla datos falsos, verdades a medias y promesas presentadas como hechos consumados. Desde la entrega total de 10 millones de textos escolares hasta la reactivación de 200 proyectos de infraestructura, la reducción de la mora quirúrgica y el lanzamiento de un gobierno digital integral.
¿QUÉ VERIFICAMOS?
En esta edición de El Mirón [la sección de verificación de Criterio.hn] verificamos las declaraciones del ministro de Comunicaciones, José Argueta, quien en un pódcast aseguró que en solo 90 días el gobierno de Nasry Asfura ya suma varios “logros”. Nos enfocamos en revisar, con datos disponibles y fuentes públicas, si esos supuestos avances —como el pago de la mitad de la deuda flotante, la entrega de millones de textos escolares, la reactivación de proyectos de infraestructura y la reducción de la mora quirúrgica— son hechos comprobables o parte de un relato político que exagera resultados.
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EL CIADI Y LA EXCUSA STARLINK
El gobierno de Nasry Asfura sí oficializó el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Estados e Inversionistas (CIADI) el 6 de marzo de 2026, en un acto en la sede del Banco Mundial en Washington, presentado justamente como señal de “gobierno responsable” y de mejora del clima de inversión.
Honduras dejó de formar parte del CIADI durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, cuando el Estado decidió retirarse en el contexto del conflicto por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y otras disputas con inversionistas extranjeros que utilizaban ese mecanismo de arbitraje como medida de presión para mantener vigentes contratos que habían sido rechazados por la administración Castro por ser desiguales. La administración de Castro, enfatizó que se tomó la decisión porque el CIADI se había convertido en una instancia donde empresas transnacionales podían demandar al país por miles de millones de dólares, limitando la capacidad del Estado para revertir concesiones, revisar contratos o derogar marcos legales, como la Ley de las ZEDE, sin enfrentar litigios millonarios.
Sin embargo, medios de comunicación y el actual gobierno destacan que el retorno busca fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera.
Sobre la llegada al país de la transnacional tecnológica Starlink, con el regreso de Honduras al CIADI, el ministro Argueta falta a la verdad cuando intenta vincular el ingreso a Honduras de la empresa bajo el gobierno de Nasry Asfura, porque la firma de internet satelital de Elon Musk comenzó su proceso de ingreso a Honduras durante el gobierno de la expresidenta Castro.
En 2022 el canciller Eduardo Enrique Reina, confirmó que el gobierno de Libre respondió favorablemente al ofrecimiento de SpaceX para brindar conexión en escuelas y centros de salud rurales, iniciando negociaciones formales con Starlink.
Un año después, en diciembre de 2023, Starlink anunció que su servicio ya estaba disponible en Honduras.
Starlink entró al país antes del actual gobierno nacionalista y sobre la base de gestiones hechas por Libre, por lo que usar a la empresa como ejemplo del supuesto “efecto CIADI” de Asfura es engañoso.
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LA “MITAD” DE LA DEUDA FLOTANTE QUE NO CUADRA
Según el artículo 68 de la Ley Orgánica de Presupuesto (LOP), la deuda flotante está “constituida por las obligaciones devengadas pendientes de pago al cierre del ejercicio fiscal”, pero no forma parte de la deuda pública registrada. Esto implica que son cuentas por pagar ya reconocidas por el Estado —por bienes, servicios u obras recibidas— que quedan fuera del saldo oficial de la deuda interna, lo que las vuelve menos visibles para la ciudadanía y para el debate público.
En la práctica, ese carácter “invisible” permite que la deuda flotante funcione como una especie de segundo piso de endeudamiento: presiona las finanzas del Estado, pero no aparece en los indicadores tradicionales de deuda, facilitando que distintos gobiernos la utilicen sin el mismo nivel de escrutinio ni control que la deuda pública formal.
Argueta asegura que el gobierno de Tito Asfura pagó “la mitad” de la deuda flotante en solo 90 días, pero los propios datos de Finanzas lo desmienten. Según el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, la administración actual heredó una deuda flotante de 24,100 millones de lempiras y hasta mediados de abril había logrado saldar un poco más de 10,000 millones a proveedores del Estado, lo que equivale aproximadamente al 41% de ese monto, no al 50% que asegura la Secretaría de Comunicaciones.
Es decir, hay una reducción significativa, pero no puede hablarse de que “ya se pagó la mitad”, sino de que el gobierno ha cubierto menos de la mitad y exagera el dato para convertirlo en un logro mayor al que realmente es o busca confundir a la opinión pública con el concepto de deuda pública que en el 2025 cerró en 18,500 millones de dólares, según el Banco Central de Honduras.El economista Ismael Zepeda, remarca que la deuda flotante son cuentas por pagar acumuladas por bienes y servicios ya prestados al Estado —como proveedores de salud, educación o infraestructura— que no se liquidaron en el año fiscal correspondiente, y cuya cifra exacta suele ser opaca porque distintas secretarías van sumando partidas y proyectos con documentación incompleta.
En ese contexto, más que un “gran logro” aislado, el pago de más de 10,000 millones en 90 días, de acuerdo con Zepeda, es parte del funcionamiento normal del aparato fiscal frente a una bola de nieve heredada y atravesada por posibles nichos de corrupción, por lo que usarlo como prueba de una gestión “ejemplar” y además redondear el dato a “la mitad” de la deuda flotante se vuelve engañoso y contribuye a la confusión ciudadana sobre el verdadero estado de las finanzas públicas.
¿SE REACTIVARON 200 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA?
En el clic, que se ha viralizado en las redes sociales por hablar de los “logros” del Partido Nacional, estando en el poder, el ministro de comunicaciones menciona la reactivación de 200 proyectos de infraestructura. Sin embargo, en el primer mes, Asfura anunció la reactivación de 82 proyectos de infraestructura por 2,430 millones de lempiras.
Además, el propio secretario de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehrler, reconoció ante medios de comunicación que, tras ponerse al día con una deuda de 2,600 millones de lempiras con las empresas contratistas, lo que se logró a finales de febrero fue es la reactivación de 69 proyectos que estaban paralizados.
Además, en su intervención aseguró que para marzo se reactivarían entre 60 y 70 proyectos. Haciendo una sumatoria con su proyección, se habla de al menos 139 proyectos de los más de 300 proyectos paralizados por falta de pago que se encontraron, según Ehrler.
En ese sentido, hasta la fecha no existe ningún registro público que respalde la cifra de “200” proyectos ya reactivados en estos primeros 90 días. La reactivación de obras es real, pero el número que usa el ministro es falso y construye una narrativa engañosa que magnifica los avances del gobierno.
LOS 10 MILLONES DE TEXTOS: ENTRE IMPRESIÓN Y PROPAGANDA
El ministro José Argueta asume la “entrega de 10 millones de textos” como el quinto logro de los primeros 90 días, pero la verificación de El Mirón titulada: Libros que presume Nasry Asfura no fueron creados por su gobierno demuestra que se trata de una verdad a medias.
El Mirón ya documentó que estos textos no fueron creados por la administración de Nasry Asfura, sino que son materiales elaborados desde 2018 con apoyo de USAID y propiedad de la Secretaría de Educación, que este gobierno retomó para imprimirlos en gran escala. En resumen: sí hay libros impresos y en proceso de distribución, pero decir que ya se “entregaron” todos en 90 días, es engañoso y forma parte de una narrativa propagandística más que de una rendición de cuentas precisa.
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SUSCRIPCIÓN DEL RÉGIMEN DEL RIT… BENEFICIA A EMPRESARIOS
El ministro José Argueta habla de la “suscripción del RIT” como si se tratara de un nuevo régimen creado por este gobierno, pero en realidad se refiere a la ampliación del ya existente Régimen de Importación Temporal (RIT), vigente desde 1984. El Congreso Nacional aprobó el Decreto 2-2026, publicado en La Gaceta el 6 de febrero de 2026, que extiende por cinco períodos fiscales adicionales los beneficios e incentivos fiscales del RIT para unas 125 empresas acogidas a este esquema, que venció en diciembre de 2025, permitiéndoles seguir importando temporalmente bienes, maquinaria e insumos sin pagar impuestos como el Impuesto Sobre la Venta (ISV) y los derechos arancelarios a la importación.
Para Hugo Noe Pino, diputado de Libertad y Refundación (Libre), este régimen genera pérdidas fiscales estimadas en alrededor de 4,000 millones de lempiras anuales por uso incorrecto del beneficio y débil fiscalización, es decir, por empresas que se acogen a las exoneraciones sin cumplir plenamente con los objetivos de exportación.
MORA QUIRÚRGICA Y 800 MILLONES PARA SALUD: DINERO SIN RASTRO CLARO
La supuesta reducción de la mora quirúrgica y 800 millones de lempiras para el sector salud, son otros logros enumerados por Argueta, que al igual que los anteriores carecen de datos. A inicios del gobierno Asfura, lanzó un programa para reducir supuestamente la mora quirúrgica con la meta de resolver al menos 80% de más de 5,000 cirugías pendientes antes de final de año.
Según Argueta, en los primeros 90 días de mandato del presidente, apadrinado por Donald Trump, quien además se autonombró como titular de la Secretaría de Salud, ya se registraron 160 cirugías, que, si se toma como base 5000 en lista de espera, representa un 3.2%. Sin embargo, ya se reporta un primer grupo de cirugías realizadas en hospitales privados y públicos, que a inicios de abril sumarían 59 cirugías, según el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Eduardo Midence.
A esto se suma que las acciones sobre la mora y la compra de medicamentos se desarrollan bajo el paraguas del decreto 5-2026, que declaró emergencia sanitaria desde el 6 de febrero y habilita compras directas y fideicomisos, un esquema históricamente asociado a opacidad y riesgos de corrupción, como ya advirtió Criterio.hn.
En una entrevista con este medio, a finales de marzo, el presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, cuestionó que se utilice la emergencia como plataforma para estos programas y, además, puso en duda las propias cifras oficiales: mientras la Secretaría de Salud habla de más de 20,000 pacientes en mora, Santos sostuvo que el registro real es de 5,408 personas en mora y 10,836 en lista de espera, aclarando que solo se considera mora cuando un paciente supera tres meses en el listado.
En ese contexto, el discurso triunfalista del gobierno sobre las más de 100 cirugías y cientos de millones ejecutados choca con la falta de datos claros y con la advertencia de los médicos de que estas medidas pueden abrir la puerta a una privatización encubierta y a nuevos focos de discrecionalidad en el manejo de fondos públicos destinados a salud.
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¿SIETE MÁQUINAS POR MUNICIPIO?
El ofrecimiento del ministro José Argueta en cuanto a que “en mayo cada municipio tendrá siete máquinas” también omite un contexto clave: el proceso de compra de maquinaria para la red vial secundaria y terciaria no empezó con el gobierno de Asfura. En septiembre de 2025, la expresidenta Xiomara Castro entregó a la Secretaría de Infraestructura y Transporte un lote de 87 máquinas pesadas —entre motoniveladoras, retroexcavadoras, vibrocompactadoras, excavadoras y volquetas— adquirido con un financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 357.5 millones de lempiras, como parte del “Programa Nacional Carreteras Democráticas Xiomara Castro”.
Ese equipo se distribuyó en los 18 departamentos y se presentó como la primera etapa de un plan que aspiraba a llegar a 200 máquinas para fortalecer la capacidad pública de atender la red secundaria y terciaria, incluyendo apoyo a municipalidades.
Mencionar que ahora “por primera vez” se dotará de maquinaria para 298 alcaldías, sin reconocer que ya existía un programa de compra y entrega de equipo pesado en la gestión anterior, construye la idea de que el modelo arranca con Asfura cuando, en realidad, este gobierno hereda y reconfigura una política que empezó bajo Xiomara Castro.
MERIENDA ESCOLAR GENERA DUDAS
La Secretaría de Desarrollo Social informó que la Alimentación Escolar 2026 está lista para beneficiar a más de 1.2 millones de niños en más de 21 mil centros educativos, con productos almacenados en bodegas departamentales y distritales para su distribución.
Sin embargo, El Mirón dialogó con una docente de un centro básico en Tatumbla que, por miedo a represalias, pidió mantener en reserva su nombre y el del centro educativo, pues teme que cualquier denuncia pueda afectar futuras gestiones de alimento para sus estudiantes. La maestra relató que, tanto durante la gestión del gobierno anterior como en lo que va del actual, su escuela no ha recibido ningún tipo de insumo de merienda escolar, lo que contrasta con el discurso oficial de cobertura nacional y deja en evidencia los vacíos y desigualdades en la entrega real de este programa.
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EMPLEO TEMPORAL: ¿A QUIÉN BENEFICIA?
La nueva Ley de Empleo a Tiempo Parcial surge después de la derogación de la Ley de Empleo por Hora en 2022, cuando el gobierno de Xiomara Castro y el Congreso Nacional argumentaron que esa figura precarizaba el trabajo y violaba el Código del Trabajo. Aunque el gobierno presenta la nueva Ley de Empleo a Tiempo Parcial como una solución “ganar-ganar” para empresas y jóvenes, su aprobación ha generado fuertes cuestionamientos desde la academia y el movimiento sindical, incluyendo a la propia Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Un boletín reciente de la UNAH advierte que, aunque la normativa reconoce derechos proporcionales (vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes, seguridad social), también abre la puerta a la expansión de modalidades de trabajo parcial que pueden sustituir empleos formales de jornada completa y debilitar la estabilidad laboral si no existe una fiscalización estricta.
Organizaciones de trabajadores señalan que, en un mercado caracterizado por alta informalidad y desequilibrios de poder entre patronos y empleados, el riesgo real es que esta “reactivación” del empleo temporal se convierta en una nueva vía para precarizar el trabajo, limitar la organización sindical y consolidar un modelo donde más personas tienen empleo, pero con menos derechos efectivos.
De acuerdo con Henry Rodríguez, economista y exdirector del departamento de economía de la UNAH, el principal problema del mercado laboral, no es solo la falta de empleo sino la precarización de los puestos actuales, lo que va a demandar mayor dinámica en el crecimiento económico.
Luego de estos hechos verificados, El Mirón concluye que el gobierno de Nasry Asfura está construyendo un relato de “logros” que descansa, en buena medida en hechos falsos, verdades a medias y discursos engañosos que descansan en políticas heredadas que hoy se presentan como si fueran gestiones originales de esta administración. Ni se ha pagado la mitad de la deuda flotante, ni se han reactivado 200 proyectos de infraestructura, ni hay certeza que se hayan entregado 10 millones de textos, tampoco existen datos públicos que respalden los montos y efectos que el secretario de Comunicaciones, José Argueta, atribuye a la reducción de la mora quirúrgica o al “boom” de empleo temporal.
En varios casos, además, el gobierno omite reconocer que programas clave —como la compra de maquinaria o la llegada de Starlink— comenzaron bajo la administración anterior y hoy son reciclados como insignias propias. Frente a ese patrón, la conclusión es que más que transparencia y rendición de cuentas, el ministro de Comunicaciones está usando datos parciales para sostener una narrativa de éxito que no contrasta con la evidencia, lo que obliga a la ciudadanía y a la prensa a mirar con lupa cada “logro” que se anuncia desde Casa Presidencial.
