El Mirón comprobó que el artículo 245 de la Constitución no otorga al presidente de la república la potestad de entregar recursos financieros directos a congresistas y que Casa Presidencial mantiene en reserva el origen y destino de los fondos entregados a los diputados.
La entrega de dinero a diputados configura un mecanismo inconstitucional, clientelar que erosiona la independencia de poderes y revive las viejas prácticas de opacidad y corrupción en el manejo de los recursos públicos.
Tegucigalpa, Honduras. – Tras la denuncia pública de la diputada del partido Liberal, Iroska Elvir, quien reveló haber recibido en su cuenta bancaria un depósito de 100 mil lempiras de fondos de Casa Presidencial, la polémica por el uso irregular de fondos públicos se reavivó.
Elvir advirtió que podría tratarse de un intento de comprometerla políticamente, pues nunca solicitó dicho dinero.
Analistas consideran que las arcas del Estado siguen abiertas y que, esta vez, el dinero sale directamente de Casa Presidencial hacia los bolsillos de diputados, un esquema de reparto que pone en entredicho la independencia de los poderes del Estado y profundiza las prácticas corruptas y clientelares en Honduras.
¿QUÉ VERIFICAMOS?
El presidente Nasry Asfura admitió a medios de comunicación la entrega de 100 mil lempiras a varios diputados asegurando que “la ley” le otorga esa facultad, que existe “un reglamento” y que es “potestad del presidente poder ayudar”, sin explicar el origen y el propósito del uso de estos recursos.
La frase:
“La ley me lo otorga, hay un reglamento y es potestad del presidente poder ayudar”: Nasry Asfura, presidente de Honduras
La respuesta del presidente nacionalista, apadrinado por Donald Trump, sobre la controversia de los 100 mil lempiras, que Casa Presidencial otorgó a diputados del Partido Liberal, previo al feriado de Semana Santa, ha generado cuestionamientos.
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¿ESTÁ EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FACULTADO PARA ENTREGAR DINERO A DIPUTADOS?
En la breve respuesta a los medios de comunicación, Asfura no mencionó qué ley lo faculta a entregar, a discreción, fondos estatales a los diputados..
En ese sentido, El Mirón [la sección de verificación de Criterio.hn], revisó la Constitución de la República y analizó el contenido del artículo 245 —que enumera las facultades del presidente en la administración del Estado y de la Hacienda Pública— y constató que en ninguno de sus numerales se otorga al titular del Ejecutivo la potestad de entregar recursos financieros directos a diputados del Congreso Nacional.
El artículo 245 define las atribuciones del presidente como jefe de la administración general del Estado: dirigir la política general, administrar la Hacienda Pública, ejecutar el presupuesto, dictar medidas económicas, formular el Plan Nacional de Desarrollo, entre otras funciones de conducción y gestión pública. Estas facultades son de carácter general y se ejercen a través de normas presupuestarias, leyes y reglamentos, no como poderes discrecionales para transferir recursos a actores políticos específicos.
En ese sentido, el abogado y exintegrante de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Alex Navas, advierte que la Constitución no faculta al presidente para entregar dinero directamente a diputados y que, tal como se está ejecutando, este esquema se parece más a una estructura clientelar que a un programa de ayudas sociales.
Criterio.hn presentó una solicitud de información a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho) para que Casa Presidencial precise bajo qué concepto y/o partida presupuestaria se otorgaron los fondos a los congresistas y, además, proporcione el listado de diputados propietarios y suplentes que recibieron estos recursos; sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta verificación, el medio no había recibido respuesta a ninguna de estas preguntas, lo que mantiene en opacidad el origen y destino de los dineros entregados.
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“NO HAY UN ARTÍCULO DE LA CONSTITUCIÓN QUE LO FACULTE”
Consultado sobre la afirmación de Asfura de que “la ley le otorga” la facultad de dar estos 100 mil lempiras, Navas es categórico: no existe un artículo constitucional que habilite al presidente para transferir dinero directamente a diputados.
De acuerdo con Navas, lo que sí existe son disposiciones en el Presupuesto General de la República, particularmente la llamada “partida confidencial”, es decir la Partida de Servicios Financieros de la Administración Central, conocida como Partida 449 y la que algunos denominan Partida Confidencial que permiten al mandatario ejecutar ciertos proyectos, ayudas y gastos vinculados a la operación de Casa Presidencial.
“Esa partida establece que el presidente, a su criterio, puede establecer ciertos proyectos, ciertas ayudas, ciertos gastos que se pueden dar en la operación del presidente de la República”, explica. “Pero de ahí a decir que eso lo faculta para dar fondos a diputados, que son otro poder del Estado, es una interpretación análoga que choca con la independencia y los contrapesos de la Constitución”, enfatiza.
Durante el gobierno anterior liderado por Xiomara Castro, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, salió en defensa de la llamada partida confidencial, al subrayar que dicha asignación presupuestaria no era en realidad “confidencial”, sino una partida de contingencia incorporada al Presupuesto General y, por tanto, sujeta a reglas de ejecución y control, negando que se utilizara como una bolsa de recursos poco transparente del Ejecutivo, pese a la falta de transparencia.
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DE “AYUDAS SOCIALES” A MECANISMO CLIENTELAR
Para Navas, el primer problema está en la palabra “ayuda”: “Hay que definir a quién va a ayudar. ¿Va a ayudar a los diputados? ¿Bajo qué enfoque y qué criterio? ¿O se trata de ayudas sociales?”.
Si el gobierno pretendiera justificar los bonos como ayudas sociales, debería existir un mínimo de requisitos, señala Navas: perfiles de beneficiarios, presentación de proyectos, presupuestos y objetivos claros de los supuestos programas. “En ninguno de los casos he visto que exista esta situación”, apunta. “Simplemente esto se convierte en una estructura, en un mecanismo clientelar, donde se ayuda a diputados para tener dividendos políticos que ayuden en las votaciones en el Congreso Nacional”.
Otro aspecto que alarma a Navas es la opacidad con la que se está manejando la entrega de estos recursos. Aunque desde el oficialismo se ha insistido en que los diputados deberán “liquidar” los fondos, el exintegrante de la MACCIH destaca que no existe un mecanismo público de regulación ni reglas claras de rendición de cuentas.
“Dicen que van a liquidar, pero ¿cuál va a ser el proceso de liquidación?, ¿cómo lo van a liquidar?, ¿cuáles van a ser las regulaciones que lo van a establecer?”, cuestiona. “No he visto en ninguna parte, ni en el Congreso ni en la Presidencia, un mecanismo de regulación en el tema de la rendición de cuentas”.
En la práctica, advierte, todo apunta a que los diputados pueden gastar esos 100 mil lempiras “en lo que quieran”, sin requisitos, sin presupuesto y sin una disposición legal que establezca un mecanismo de transparencia. “Eso abre la puerta a que el dinero termine en pagos a la persona que corta el pelo, a quien cuida el carro o a la señora que hace las uñas, sin ninguna trazabilidad real como política pública”, ejemplifica.
El excandidato presidencial Salvador Nasralla también reaccionó en sus redes sociales, donde sugirió que algunos “toros” del Partido Liberal habrían recibido millones de lempiras, mientras que otros no obtuvieron nada y los de menor influencia solo 100 mil lempiras cada uno, señalando que estos pagos se habrían canalizado a través de la misma partida confidencial que él prometió eliminar en campaña y cuestionando, además, si ya se reembolsó el dinero que, según él, alguien habría prestado en enero para asegurar la elección del presidente del Congreso Nacional.
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PRESIDENCIALISMO SIN FRENOS Y LECCIONES NO APRENDIDAS
Alex Navas enmarca este episodio en una práctica histórica del presidencialismo hondureño, donde el titular del Ejecutivo termina comportándose “como un rey” que se siente por encima de la ley.
“Me parece que esto es una mala práctica que se ha dado con el presidencialismo hondureño, que pone al presidente como una figura que no es susceptible de las leyes”, explica. “Sin embargo, esto realmente constituye un hecho muy reñido con la legalidad, un acto irregular”.
Para Navas, el problema de fondo es que la clase política “no ha aprendido las lecciones” y sigue manteniendo estructuras clientelares, muchas de ellas vinculadas a la corrupción. “Saben que dominan el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia, que no hay ningún contrapeso, y eso les permite establecer cualquier tipo de acción sin que ningún órgano auditor o persecutor del delito pueda pedirles cuentas”, concluye.
Por su parte, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) advirtió que la entrega —o “regalo”, como lo describe— de 100 mil lempiras a diputados y diputadas en plena Semana Santa no puede darse por superada como un episodio más del “pescadito” veraniego, porque evidencia una práctica normalizada de usar dinero público para comprar voluntades políticas y reforzar un presidencialismo que actúa como dueño del país, cometiendo abusos con total impunidad.
La organización califica de deplorables y criminales las declaraciones de Nasry Asfura y de dirigentes políticos como Tomás Zambrano, Jorge Cálix y Roberto Contreras, quienes han intentado justificar los recursos como ayudas sociales o apoyo a actividades políticas. “Lo justifiquen como quieran justificarlo, pero la entrega de 100 mil lempiras a diputados/as es un acto de corrupción y punto. Y contrario a lo que creen no pueden regalar, como si fuera suyo, los recursos que nos pertenecen a todos/as”, enfatiza el MADJ a través de un pronunciamiento.
Además, advertirte que, aunque no esperan respuestas honestas, las autoridades tienen el deber mínimo de rendir cuentas frente a un pueblo “harto de tanto delincuente hecho gobierno”.
El Mirón concluye que la afirmación de Nasry Asfura es falsa. Ni el artículo 245 de la Constitución de la República ni otra disposición citada públicamente otorgan al presidente la facultad de entregar recursos financieros directos a diputados, y la referencia genérica a una “ley” y a un “reglamento” nunca fue acompañada de los instrumentos jurídicos concretos que lo respalden.
