Entre febrero y abril de 2026, el Ejecutivo remitió al Congreso Nacional una serie de decretos de emergencia para atender sectores como salud, carreteras, abastecimiento de placas y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, autorizando contrataciones directas que en el pasado han derivado en actos de corrupción.
Tegucigalpa, Honduras. – En menos de cuatro meses, la administración de Nasry Asfura Zablah, promovió la aprobación de al menos cuatro decretos de emergencia que autorizan compras y contrataciones directas de bienes y servicios, una práctica que, aunque legal en contextos excepcionales, ha sido cuestionada por su potencial para generar opacidad y riesgos de corrupción.
Entre febrero y abril de 2026, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional, para su aprobación, decretos de emergencia en sectores clave como: salud, infraestructura vial, abastecimiento de placas vehiculares y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), bajo el argumento de atender crisis urgentes que afectan a la población.
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El primero de estos decretos fue aprobado el 2 de febrero, cuando el Poder Legislativo respaldó —con 93 votos a favor y 35 abstenciones— la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud. Esta normativa declara una emergencia sanitaria por un período de un año, prorrogable, con el objetivo de reducir la mora quirúrgica y mejorar el abastecimiento hospitalario.
La ley habilita la contratación directa de bienes y servicios, bajo el argumento de responder con mayor rapidez a la crisis del sistema sanitario. Entre sus principales disposiciones destacan la agilización de procedimientos médicos pendientes, el acceso a la red privada de salud para ampliar la cobertura, el abastecimiento inmediato de insumos y la simplificación de procesos administrativos.
Pocos días después, el 11 de febrero, el Legislativo aprobó la Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales, con la que se declara en emergencia por un año varios puntos críticos de la red vial del país.
Según el Poder Ejecutivo, esta medida busca responder de forma inmediata al deterioro de carreteras y a los efectos de fenómenos climáticos. La normativa también permite mecanismos excepcionales como la contratación directa, compras consolidadas y el arrendamiento con opción a compra (lease-back) de maquinaria.
El decreto incluye disposiciones de control, como auditorías estrictas por parte del Tribunal Superior de Cuentas y la obligación de publicar los procesos en portales de transparencia, expertos advierten que la efectividad de estos mecanismos depende de su cumplimiento real.
El 19 de marzo, el Congreso Nacional aprobó un tercer decreto de emergencia, esta vez para autorizar la compra directa de placas vehiculares a través del Instituto de la Propiedad (IP), con el fin de atender el desabastecimiento que afecta a más de 800,000 automotores.
La iniciativa, presentada por la diputada liberal Gerlen Bonilla, fue aprobada por unanimidad en su momento, aunque posteriormente generó cuestionamientos desde algunos sectores políticos.
El presidente Nasry Asfura, anunció la instalación de una planta perteneciente al consorcio alemán Tönnjes C.A.R.D. International para la producción de placas vehiculares con el fin de reducir el déficit nacional.
Según reportes oficiales esta empresa fue contratada entre 2016 y 2021 durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de prisión por cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos y posteriormente indultado por el presidente estadounidense Donald Trump en diciembre de 2025, en un proceso dirigido por el exfuncionario Ebal Díaz.
En 2023, según la publicación de un medio económico, esta misma empresa se alzó con un contrato de 992.4 millones de lempiras para la adquisición de 606,884 placas para automóviles, 960,220 kit para motocicletas, 13,373 para remolques, 10 juegos de equipo y accesorios para puntos de control de instalación fija para el procesamiento RFID.
A finales de marzo, el Poder Ejecutivo emitió el PCM-007-2026, mediante el cual se declaró en emergencia al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por un año. Este decreto permite compras directas y procesos acelerados para la adquisición de medicamentos, insumos y la contratación de personal.
El objetivo, según el gobierno, es superar el desabastecimiento, agilizar la atención médica y reducir la mora quirúrgica que afecta a miles de derechohabientes.
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COMPRAS DIRECTAS NO DEBEN SER LA SOLUCIÓN
A juicio de economistas consultados por Criterio.hn la reiteración de este tipo de medidas –declaratorias de emergencia y compras directas— no debería ser la única solución para agilizar procesos de adquisición de bienes y servicios.
Liliana Castillo, economista y expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), advirtió que la proliferación de compras directas incrementa el riesgo de corrupción, especialmente cuando no existe un presupuesto detallado ni una planificación clara.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn, la economista explicó que este tipo de adquisiciones evade los procesos de licitación pública, los cuales están diseñados para garantizar competencia, transparencia y mejores condiciones para el Estado.
A su criterio, la ausencia de un cronograma definido facilita que las autoridades justifiquen compras de emergencia, incluso cuando pudieron haberse previsto dentro de la planificación presupuestaria.
Por su parte, el economista Ismael Zepeda explicó que el uso recurrente de declaratorias de emergencia responde a al menos tres factores estructurales.
El primero, indicó, es la incapacidad institucional del Estado para cumplir con los procedimientos administrativos y normativos establecidos.
El segundo factor apunta a posibles intereses particulares, ya que las compras directas reducen los controles y permiten adjudicaciones discrecionales, lo que puede derivar en favoritismos o corrupción.
Y el tercero, según Zepeda, es la desactualización de la Ley de Contratación del Estado, que no responde a las nuevas dinámicas y necesidades del contexto actual.
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COMPRAS DIRECTAS, LA PUERTA ABIERTA A POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN
Aunque en teoría las compras directas buscan agilizar la respuesta ante situaciones críticas, la experiencia reciente en Honduras ha demostrado que estos mecanismos también han sido utilizados para desviar fondos públicos.
Uno de los antecedentes más recientes fue la adquisición de los hospitales móviles durante la pandemia de Covid-19, una compra irregular que derivó en un millonario fraude.
En ese caso, el exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, fue condenado a más de 10 años de prisión por la adquisición de unidades médicas sobrevaloradas y de baja calidad. Asimismo, el exgerente administrativo Alex Moraes también fue sentenciado por delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Otro antecedente se dio tras las emergencias provocadas por los huracanes Eta e Iota, así como en la pandemia, se documentaron múltiples irregularidades en el manejo de fondos públicos.
En ese contexto, analistas coinciden en que el reto no radica únicamente en atender las emergencias, sino en hacerlo sin debilitar los mecanismos de control y rendición de cuentas.
La reiteración de decretos de excepción en un corto período plantea interrogantes sobre la planificación estatal y la capacidad institucional para gestionar recursos públicos de manera eficiente.
Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta las consecuencias de sistemas de salud colapsados, infraestructura deteriorada y servicios básicos deficientes, en un escenario donde la urgencia no siempre justifica la falta de transparencia.
