Desde la administración anteriores hasta la actual gestión de Nasry Asfura, persisten las prácticas opacas por la negativa de responder solicitudes de información sobre uso de recursos públicos en entrega de bonos a diputados, viáticos y gastos relacionados con viajes.
La ausencia de respuestas contrasta con las obligaciones legales de las instituciones estatales de garantizar el acceso a la información.
Tegucigalpa, Honduras –La opacidad y la falta de rendición de cuentas continúan siendo una constante en distintas instituciones del Estado hondureño, independientemente de quién ocupe el poder.
La negativa de Casa Presidencial a entregar información pública solicitada por medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía en general evidencia que los problemas de transparencia persisten en la administración pública y limitan el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Diversas solicitudes de acceso a la información presentadas por Criterio.hn ante el Poder Ejecutivo a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) permanecen sin respuesta definitiva, mientras otras continúan bajo prórrogas que únicamente prolongan los plazos establecidos por la normativa para atender estas peticiones.
El artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que las instituciones obligadas deberán responder las solicitudes de información en un plazo máximo de diez días hábiles. Asimismo, contempla la posibilidad de otorgar una prórroga de otros diez días hábiles cuando existan razones justificadas para ampliar el tiempo de respuesta.
Sin embargo, en varios casos las solicitudes han superado incluso los períodos de ampliación establecidos por la normativa, sin que las peticiones sean respondidas con la información requerida.
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Uno de los casos más recientes fue una solicitud de información realizada por Criterio.hn para conocer los fondos transferidos a diputados (propietarios y suplentes) del Partido Liberal. La información resulta relevante debido a las preocupaciones sobre el manejo de recursos públicos y el posible retorno de prácticas que en el pasado derivaron en escándalos de corrupción relacionados con subvenciones y fondos discrecionales.
Tras vencer el plazo inicial de diez días hábiles, Casa Presidencial solicitó una ampliación de otros diez días para responder la petición. No obstante, una vez agotado el período adicional, la información tampoco fue entregada.
El 21 de mayo, fecha en la que expiraba la prórroga otorgada por la Oficina de Transparencia del Poder Ejecutivo, la solicitud seguía sin respuesta. La falta de contestación implicó un nuevo incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia.
Dicha normativa contempla en sus artículos 28 y 29 sanciones administrativas e incluso responsabilidades penales para los funcionarios que incumplan con las obligaciones relacionadas con el acceso a la información pública.
La ausencia de respuestas se produce en un contexto en el que distintos portales institucionales presentan deficiencias en la publicación de información de oficio. En el caso del Poder Ejecutivo, diversos apartados relacionados con gastos, contrataciones, transferencias y ejecución presupuestaria carecen de actualizaciones oportunas.
Otra solicitud presentada por Criterio.hn buscaba conocer cuántos comisionados y asesores han sido contratados desde el inicio de la administración del presidente Nasry Asfura. Sin embargo, el requerimiento permanece en estado de prórroga-
A pesar de ello, una revisión del Portal de Transparencia permitió identificar registros de pagos a por lo menos cinco asesores presidenciales, cuyos salarios oscilan entre los 75,000 y los 110,000 lempiras mensuales.
Además se encontró otros pagos realizados a una asesora en Desarrollo Organizacional con una remuneración mensual de 75,000 lempiras. Asimismo, se registran pagos a un asesor presidencial en temas ambientales por 100,000 lempiras mensuales y a dos asesores legales que perciben 100,000 lempiras cada uno.
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OPACIDAD EN ADMINISTRACIÓN CASTRO
La situación revive cuestionamientos históricos sobre el acceso a la información pública en Casa Presidencial, una problemática que también estuvo presente durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026).
En febrero de 2022, pocas semanas después de asumir la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-04-2022. Aunque fue emitido en febrero, su publicación en el diario oficial La Gaceta ocurrió hasta noviembre de ese mismo año.
El decreto autorizó a la Administración de la Casa Presidencial a realizar contrataciones directas por razones de seguridad nacional y alto interés del Estado para la adquisición de bienes y servicios relacionados con transporte terrestre y aéreo, alimentación, mantenimiento de instalaciones, vigilancia, equipos tecnológicos, sistemas de inteligencia, comunicación, seguros y otros rubros.
Desde la entrada en vigor de esa disposición, organizaciones y medios de comunicación han denunciado mayores dificultades para acceder a información vinculada con contrataciones y gastos ejecutados por Casa Presidencial.
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Uno de los temas que permaneció bajo reserva durante la administración Castro fue el relacionado con los viajes oficiales de la mandataria y las comitivas que la acompañaban.
Durante 2022 y 2024, Criterio.hn solicitó información sobre los gastos efectuados en cada uno de los viajes oficiales realizados por la entonces presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, Casa Presidencial se negó a proporcionar los datos requeridos.
Ante la negativa, el medio de comunicación presentó un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), procedimiento que, según denunció, no fue resuelto ni por el anterior pleno de comisionados ni por el actual.
La situación volvió a repetirse en agosto de 2024, cuando se presentó una nueva solicitud para conocer los costos acumulados de los viajes oficiales realizados por la presidenta durante casi tres años de gobierno.
En esa ocasión, Casa Presidencial solicitó una ampliación de diez días hábiles para responder el requerimiento. Sin embargo, al concluir el plazo el 12 de septiembre de 2024, la información tampoco fue entregada.
La negativa a proporcionar esos datos contravino lo establecido en el artículo 13 numeral 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a las instituciones a divulgar de oficio información relativa a contrataciones, compras directas y sus resultados.
Para analistas en temas de transparencia, estos casos reflejan problemas estructurales que trascienden los cambios de gobierno y evidencian la persistencia de una cultura institucional de secretismo.
El abogado penalista y especialista en temas anticorrupción, Luis Urbina, considera que la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos destinados a diputados y diputadas responde a una práctica histórica de discrecionalidad en el Estado hondureño.
Durante una entrevista con Criterio.hn, Urbina señaló que en los últimos quince años se ha consolidado un sistema que dificulta la investigación y fiscalización de los recursos asignados a congresistas, utilizando incluso mecanismos institucionales para proteger a funcionarios de posibles procesos de rendición de cuentas.
A juicio del jurista, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo han mantenido prácticas que limitan el acceso a información sobre el destino final de fondos públicos, lo que obstaculiza la supervisión ciudadana y el combate a la corrupción.
