Representantes de los pueblos indígenas de La Moskitia advirtieron que la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agrícolas favorece la ocupación ilegal de sus territorios y exigieron el saneamiento de sus territorios ancestrales.
Tegucigalpa, Honduras. – Organizaciones en representación de los pueblos indígenas de La Moskitia hondureña exigieron un alto a la implementación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial y, llamaron a las autoridades a ejecutar el saneamiento de su territorio comunitario pendiente desde hace seis años.
Calificaron la normativa como una “ley de despojo” que buscaría que quienes se han establecido ilegalmente en La Moskitia no puedan ser desalojadas, aun cuando se encuentren dentro de los límites de las zonas protegidas. Algo que apuntaron sería el “golpe de gracia al último pulmón verde de Honduras”.
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“Con esta propuesta de ley, unos pocos pretenden legitimar el despojo y el robo de nuestras tierras, permitiendo un proceso de destrucción acelerada del bosque, la construcción de caminos que ya afectaron gravemente la zona núcleo de la Reserva de Biosfera Tawahka y que ahora mismo están penetrando en la zona cultural de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano”, lee el pronunciamiento público.
Oficialmente llamada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agrícolas fue aprobada el 10 de junio y publicada en el diario oficial La Gaceta el 26 de junio de 2026. Bajo el Decreto Legislativo 107-2026, la normativa blinda jurídicamente a los sectores beneficiados y debilita las garantías territoriales de comunidades campesinas, indígenas y garífunas.
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La ley, que al momento de su aprobación únicamente blindaba a la agroindustria, sufrió cambios de forma y fondo durante la etapa de reconsideraciones, fuera de la normativa legislativa, agregándosele los sectores energéticos, turismo, ganadería y pequeños productores agrícolas.
VIOLENCIA Y DESPOJO EN LA MOSKITIA
Jairo Woods, de la Organización de las personas que viven en Drapap Tara, indicó que La Moskitia se ha convertido en una región de conflicto, apuntando que el estrés ecológico está a la vista de todos los consejos territoriales. Esto ha resultado en un declive en la calidad de vida de su población, lo que planteó forma parte de una estrategia de despojo territorial, con sutiles elementos de violencia, que esta arrinconando a las poblaciones cada día hacia la orilla del mar.
«Los miskitos, los garífunas, los pech siempre hemos vivido en la región próxima a nuestros bosques, y estos bosques están ocupados violentamente. Nos está condicionando nuestros recursos naturales, y por ende nuestros alimentos», explicó Woods durante la conferencia de prensa. Agregó que la presencia de terceros ha derivado en persecución contra lideres y jóvenes.
Carmelo Zschocher Norales, de la Unidad de Pueblos Indígenas y Negros de La Moskitia (UPINMH), remarcó que pese a que el Decreto 107-2026 dispone que la normativa no será aplicable en territorios indígenas y tribales sin antes realizarse una consulta previa libre e informada, por experiencia saben que no se le da cumplimiento. Agregó que les preocupa que fundamentados en la protección de la agroindustria invadan sus territorios y legitimen la privatización de estas.
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“Lamentamos muchísimo que para las elecciones si nos buscan y se desea la participación [de los pueblos], pero cuando construyen leyes de interés nacional, solo se consulta a quienes les interesa económicamente y no así a los que serían afectados”, comentó Zschocher Norales a Criterio.hn. Planteó, además, que la decisión tomada desde el Congreso Nacional fue realizada con conocimiento de que iba en contra de los intereses de los pueblos.
El martes de esta semana, más de una treintena de liderazgos de organizaciones y movimientos sociales y populares de Honduras –entre ellos la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la Plataforma Agraria del Aguán, entre otras–presentaron ante la Sala de lo Constitucional un recurso de amparo con suspensión inmediata de los desalojos y demás actuaciones que se pretendan ejecutar al amparo de la normativa.
Edy Tábora, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos que interpuso la acción en representación de las organizaciones, manifestó a Criterio.hn que busca garantizar los derechos fundamentales de las poblaciones amenazadas por la implementación del Decreto Legislativo 107-2026, la cual beneficia, a su criterio, a quienes se apropian y despojan de los recursos y los territorios a los pueblos y las comunidades en Honduras.
