Aunque aclaró que Amnistía Internacional aún no ha analizado de forma específica las reformas aprobadas en Honduras, Ana Piquer, directora de la organización para América, señaló que estas presentan similitudes con medidas adoptadas en otros países de la región que han sido utilizadas para criminalizar la protesta social, restringir el espacio cívico y afectar a comunidades en disputa por sus territorios.
Tegucigalpa, Honduras. – América Latina avanza en la consolidación de gobiernos con prácticas autoritarias y el nuevo régimen instalado por Estados Unidos en Honduras parece no querer quedarse atrás.
Desde la ampliación de la definición de asociación terrorista –una reforma cuestionada por incluir a organizaciones lícitas dentro de su alcance–, pasando por la Ley para el fortalecimiento y protección del Sector Agroindustrial, hasta la Ley de Beneficiario Final y el proyecto de Ley Casa Segura, el Congreso Nacional presidido por Tomás Zambrano, ha impulsado una serie de iniciativas que distintos sectores consideran una amenaza para la libertad de asociación y la defensa de los derechos humanos.
Para Ana Piquer, directora para América de Amnistía Internacional y abogada, las reformas y normativas aprobadas forman parte de una tendencia regional orientada a restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y reducir el espacio cívico.
Piquer, quien visitó Honduras en el marco de la presentación del informe Cedeño: “Perderlo todo, casa e hijos”, señaló que conoció los detalles de estas reformas durante su estancia en el país, por lo que Amnistía Internacional aún no ha realizado un análisis específico sobre sus alcances. Sin embargo, indicó que los elementos descritos guardan similitudes con tendencias observadas en otros países de la región.
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Consultada en exclusiva por Criterio.hn sobre los riesgos de ampliar la definición de terrorismo, señaló que uno de los principales peligros es el uso político y estigmatizante de este tipo de figuras para perseguir a personas o sectores que resultan incómodos para los gobiernos. Como ejemplo, mencionó la aplicación de legislación antiterrorista contra el pueblo mapuche en Chile.
La abogada explicó que las definiciones amplias o ambiguas pueden terminar abarcando actos de reivindicación de derechos o de protesta social y derivar en procesos de criminalización injusta. Además, advirtió que los delitos relacionados con terrorismo suelen implicar penas elevadas y excepciones procesales que solo deberían aplicarse en circunstancias extraordinadirias.
Advirtió sobre dos preocupaciones recurrentes en este tipo de contextos: el riesgo de criminalización mediante figuras penales como terrorismo o usurpación y el posible desplazamiento de comunidades con derechos históricos o ancestrales sobre los territorios en disputa.
La directora para América de Amnistía Internacional recordó que la organización publicó en marzo el informe Rompiendo el tejido social, centrado en legislaciones en la región que afectan el trabajo de organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos. Según explicó, uno de los patrones identificados es la construcción de narrativas que presentan a las personas defensoras como delincuentes, terroristas o “antipatrias”, con el objetivo de deslegitimar su labor y justificar medidas que facilitan su criminalización.
“El desplazamiento forzado, el desalojo forzoso es una acción violatoria de los derechos humanos e incluso si es necesario que efectivamente las personas salgan del territorio, se les tiene que dar soluciones reales”, planteó la directora de Amnistía Internacional para América.
Respecto a territorios ancestrales, como los del pueblo garífuna, recordó que los estándares internacionales reconocen los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y establecen que cualquier medida que les afecte debe contar con su consentimiento previo, libre e informado.
“No se pueden tomar medidas unilaterales por parte del Estado y se tiene que garantizar la protección de los derechos tanto colectivos como individuales de las personas que tienen derecho a esos territorios”, remarcó.
Sobre el proyecto de ley Casa Segura, la directora para América de Amnistía Internacional advirtió que la legítima defensa no puede justificarse únicamente para proteger la propiedad privada. “Ese tipo de excepción es una excepción tan extrema que tiene relación solamente cuando está en riesgo la vida de la persona, no su propiedad”, señaló.
Piquer calificó como “extremadamente peligroso” ampliar el uso de la fuerza bajo ese argumento y sostuvo que la experiencia de países como Estados Unidos demuestra los riesgos de este tipo de medidas. Asimismo señaló que las políticas de seguridad basadas en la “mano dura” no han logrado reducir la violencia y, por el contrario, suelen derivar en nuevas violaciones a los derechos humanos. A su juicio, una respuesta efectiva a la inseguridad pasa por atender las causas estructurales que la generan.
