En el pronunciamiento público, familia, equipo de abogados y organizaciones de derechos humanos, exigieron que el prófugo Frank Grayson sea capturado en Roatán, informaron que saben que entra libremente a Roatán por medio de puntos ciegos, siendo esta una forma de permitir que la red de trata siga funcionando. Además, pidieron se abran otras líneas de investigación contra otras personas coludidas que aún ni siquiera han sido mencionadas en el caso de Angie Peña.
El Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, a través de Criterio.hn, hizo un llamado al secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, porque desde hace tres meses han solicitado reunirse con él, pero no hay ninguna respuesta ni para agendar una cita.
Tegucigalpa, Honduras. – “Desde ese día nuestra vida se quedó allí”, dijo Yanely Melgares, tía de Angie Samanta Peña Melgares, ese 1 de enero de 2022, cambió brutalmente la vida de toda la familia, quienes esperan por ella y luchan por el desmantelamiento de la red de trata de personas que opera en Roatán, Islas de la Bahía, su madre y su hermana tuvieron que salir del país por amenazas del mismo aparato de “justicia” que desvió y entorpeció el caso para proteger a los culpables.
Han pasado cuatro años y medio, Angie Peña sigue desaparecida y el manto de la impunidad sigue cubriendo con toda tranquilidad a red de trata de personas que seguiría llevándose a otras mujeres y niñas, porque el caso de Angie hizo resonar esta situación que estuvo opacada gracias al silencio y el miedo de otras familias de víctimas.
“Como padre de familia estoy harto de escuchar las mismas palabras, el mismo discurso, que se nos va a ayudar, que hay líneas investigativas para dar con el paradero de nuestra hija y nosotros como familia lo que queremos es acción”, dijo Walter Peña, el padre de Angie Peña, durante un pronunciamiento público realizado este lunes 22 de junio de 2026.
Apuntó que observan a vista y paciencia que ninguna de las autoridades hace absolutamente nada, permitiendo que vivan este escenario de injusticia y peligro, porque primero fueron y siguen siendo víctimas de la delincuencia de la red de trata. Remarcó que necesitan una respuesta en el caso de Angie, para que las demás muchachas que están en las mismas condiciones sean liberadas.
“Aquí no solo hablamos de Angie Peña, hablamos de toda la sociedad hondureña. Hoy fue la familia Peña, mañana quién va a seguir, y vamos a seguir en los mismo”, apuntó Walter Peña, quien señaló que el caso de su hija se volvió mediático, pero hay muchos casos que están en el silencio y el Estado no está proporcionado las acciones correspondientes para deshacer esa red de trata.
Lea: Estadounidense Gary Lee Johnston culpable de trata de personas y pornografía infantil
ESTADO NO INVESTIGA GENUINAMENTE, FISCALES DESCONOCEN CASO
La integrante del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH), Keren Castellanos, en entrevista con Criterio.hn, lamentó que hay un contexto de impunidad en la isla de Roatán. Pese a que el caso tiene cuatro líneas de investigación, tras cuatro años desde la desaparición de Angie Peña, no hay ninguna línea de investigación unificada. El Ministerio Público (MP) no tiene conocimiento, el pasado director de fiscales y la actual directora de fiscales del Ministerio Público, Alicia Marcela Puerto Suazo, no han dado respuesta y cuando han podido dialogar con ellos, desconocen el contexto del caso y les solicitan la información que ellos ya deberían manejar.
En Roatán lo que se mueve es el dinero y las autoridades de Roatán han sido lentas para responder, lo que significa que no hay justicia -subrayó-, entonces el equipo de abogados y la familia continúa solicitando que se hagan las investigaciones, pero las autoridades siguen poniendo trabas: los problemas, los conflictos y los obstáculos siempre tienen que ver con la justicia, no se cumplen las obligaciones.
No hay una comunicación efectiva, no hay una línea de investigación, ¿entonces qué es lo que ha hecho el Estado en estos años?, las líneas de impunidad son obvias, pero la pregunta es hasta dónde pueden llegar los nexos de las autoridades en la isla de Roatán y cómo impacta esto en el silencio del Ministerio Público.
La audiencia contra los imputados debió desarrollarse en marzo, pero se cambió fecha para septiembre, porque según el Ministerio Público no tienen la línea suficiente de investigación. Los involucrados, al ser personas extranjeras con excelentes ingresos económicos, se les hace más fácil gozar de esa apertura a la impunidad, el caso se ha retrasado muchísimo y hay un implicado que sigue prófugo, es decir que pueda que no sea enjuiciado en septiembre.
El juicio de septiembre es contra Harold Green, William Murdock, Gari Johnston y el hondureño Ramón Trejo Nájera, y el prófugo que está fuera del país y tiene activa una orden de captura de Interpol es Anthony Frank Grayson, quien escapó en abril de 2022 durante un operativo.
Cabe mencionar que, según investigaciones, Anthony Grayson es dueño del hotel y boutique “The Dock” en Roatán, lugar en el cual, Angie estuvo retenida al menos tres días por la red de trata.
El equipo jurídico, a través de Criterio.hn, hizo un llamado al secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, porque desde hace tres meses han solicitado reunirse con él, pero no hay ninguna respuesta ni para agendar una cita.
Lea: Condenan a estadounidense a más de 37 años de prisión por trata de personas y pornografía infantil
“SIEMPRE SE SUPO QUÉ HABÍA PASADO CON ANGIE”
La tía de Angie Peña, Yanely Melgares, señaló que “desde el día uno, siempre ha pensado junto a la familia que siempre se supo qué había pasado con Angie, pero Roatán está cobijado por un manto de impunidad, con todas las autoridades tomadas por el crimen organizado, dejando ver que los norteamericanos que están presos y que en septiembre van a juicio, siempre estuvieron cobijados por las mismas autoridades, sabían de su culpabilidad, pero nadie los quería tocar.
En el pronunciamiento público, exigieron que el prófugo Frank Grayson sea capturado en Roatán, informaron que saben que entra libremente a Roatán por medio de puntos ciegos, siendo esta una forma de permitir que esa red de trata siga funcionando. Además, pidieron se abran otras líneas de investigación contra otras personas coludidas que aún ni siquiera han sido mencionadas.
“Vamos a mover hasta la última piedra de este país para poderla encontrar. Cada uno de los responsables tienen que pagar. Ya basta de tanta impunidad en este país”, sostuvo Yanely Melgares.
Cristina Alvarado, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, destacó para Criterio.hn que, se evidencia en el pronunciamiento público que no hay respuesta estatal porque también hay colusión en el caso, se está protegiendo a otras personas y no necesariamente a la familia de Angie Peña.
Lea: ¿Dónde está Angie Peña?: la pregunta que ni la ONU ni la familia logran que el Estado responda
REAFIRMAN EXIGENCIAS DE LA ONU
Por medio del pronunciamiento público que realizó la familia, las diferentes organizaciones de derechos humanos y de la mujer, el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y Abogados sin Fronteras Canadá, mencionaron que: No hay perspectiva de género en la investigación: el Comité fue claro en que la búsqueda y la investigación deberían realizarse con enfoque diferencial, con perspectiva de género y con personal capacitado.
El Ministerio Público sigue cerrando la puerta a la familia: incumpliendo que el Comité ordenó que la familia de Angie tuviera acceso a la carpeta de investigación y que reciban información periódica sobre sus avances.
La investigación está dispersa, fragmentada y sin rumbo, puesto que existen cuatro líneas de investigación distintas sobre el caso de Angie repartidas entre diferentes fiscalías especializadas y en distintas ciudades del país. No existe entre ellas una estrategia integrada, coordinada y con un rumbo claro.
El 22 de enero del 2024, el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, emitió la acción urgente AU número 1691/2024 y ordenó al Estado de Honduras con claridad, que la búsqueda de Angie debe ser con estrategia seria, se debe investigar su desaparición e identificar a las personas responsables, garantizando mantener informada a la familia, pero hasta hoy se le ha fallado no solo a la familia, también a la comunidad internacional.
Por lo anterior, reafirmaron su exigencia de que el Estado de Honduras implemente de inmediato una estrategia integral, única y coordinada de búsqueda e investigación con perspectiva de género y enfoque diferencial.
Asimismo, garantizar a la familia el acceso efectivo a la carpeta de investigación y un mecanismo oficial de información periódica conforme al Artículo 24 de la Convención.
De igual forma, informar sin más dilación al Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, sobre las acciones concretas aceptadas para cumplir cada uno de los requerimientos de la acción urgente AU 1691/2024.
Cabe recordar que, durante casi todo 2023, se trabajó en corregir el rumbo de la investigación, por parte de la Secretaría de seguridad y la Policía, se llevó a cabo allanamientos, recolección de testimonios y afianzaron a un testigo protegido.
No obstante, se encontraron con la indiferencia y negligencia de un Ministerio Público, comandado por el exfiscal general, Óscar Chinchilla, quien fue sido señalado por complicidad con el crimen organizado y con el expresidente y expresidiario condenado por narcotráfico en Estados Unidos, Juan Orlando Hernández (2014-2022). Hubo un poco de luz hasta noviembre del 2023, con la llegada de Johel Zelaya como nuevo fiscal general interino, allí las pesquisas de la Policía encontraron camino en el Ministerio Público.
