Críticos sostienen que el paquete de leyes impulsado por el Congreso Nacional favorece a grupos económicos vinculados al control de territorios y recursos naturales, al tiempo que debilita las garantías para quienes los defienden.
Tegucigalpa, Honduras. – En menos de tres meses, el Congreso Nacional ha impulsado un paquete de leyes que parece más encaminado a fortalecer mecanismos de control y protección de la propiedad que a salvaguardar la integridad física y la seguridad alimentaria, pese a que esos han sido sus principales argumentos de promoción.
En mayo, el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo No.84-2026 que reforma ocho artículos del Código Penal. Entre los cambios figura la modificación del artículo 587 sobre Asociación terrorista, ampliando su alcance mediante una redacción considerada ambigua por sectores críticos, al punto de que podría abarcar organizaciones o asociaciones lícitas.
Un mes después, en junio, el legislativo aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. Sin embargo, tras su aprobación, el contenido de la norma fue modificado al margen del procedimiento parlamentario para extender sus beneficios a los sectores turístico y energético, ampliando irregularmente su alcance.
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No satisfechos con el blindaje legislativo otorgado a sectores como el agroindustrial, energético y turístico, el diputado liberal por Puerto Cortés, Alex Berrios Lamothe, impulsó la iniciativa denominada Ley Casa Segura. Presentada como una respuesta a la delincuencia la iniciativa profundiza la protección de la propiedad privada al ampliar los supuestos de legítima defensa, incluso en situaciones donde el bien jurídico protegido no es la vida sino el patrimonio.
Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), planteó a Criterio.hn que no existe duda que las leyes que se están impulsando obedecen a un modelo que busca privilegiar a una minoría que controla y se enriquece a través del uso y beneficio de recursos naturales en territorios, a la que marginaliza a las poblaciones que dependen de estas para su supervivencia.
“Aquí ya hace tiempo hablamos de que hay departamentos controlados por apellidos. Los Facusse en un lado, los Handal en otro, los que están en Cortés, en Yoro, Atlántida, Olancho, etc. […] Ahora con esta ley lo que pretenden precisamente es garantizar que ellos puedan seguir sobrexplotando esos territorios, pero lo más grave es que efectivamente se están blindando para que no haya ningún tipo de oposición de las comunidades”, manifestó la lideresa garífuna.
UN ANDAMIAJE LEGAL CONTRA LA PROTESTA TERRITORIAL
Las declaraciones de Miranda también han sido planteadas desde el ámbito jurídico. Javier Acevedo, abogado y director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (Ciprodeh), advirtió que la reforma de Casa Segura debe analizare junto a la ampliación del delito de asociación terrorista y la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, ya que el conjunto de estas medidas podría derivar en acciones violentas justificadas bajo la protección de la tierra o la propiedad privada.
Acevedo sostuvo que esta tendencia contradice el principio constitucional que establece a la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado, al colocar la protección de bienes materiales por encima de derechos fundamentales como la vida y la integridad personal.
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“Creo que es necesario tener mucha cautela sobre cómo se está moviendo la ley y los procesos de protección en el país para ver cómo estamos asistiendo a un modelo de desplazamiento del ser humano para privilegiar cosas, plantas o algún otro privilegio que tenga alguna persona, natural o jurídica”, destacó.
Por su parte, Pedro Mejía, abogado de la Plataforma Agraria consideró que el proyecto de reforma de la Ley de Casa Segura se suma a las ya aprobadas reformas al delito de asociación terrorista y a la creación de la Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial que afectan directamente a movimientos campesinos, indígenas y territoriales. Según señaló, el paquete de normas configura un andamiaje jurídico que facilita la persecución judicial de personas que reclaman derechos sobre tierras y territorios, al tiempo que fortalece la protección de intereses empresariales vinculados a actividades agroindustriales y extractivos.
“Con esta nueva reforma incluso sus guardias privadas o ellos mismos pueden atentar contra la vida de las personas, de los campesinos, de los indígenas protegiendo supuestamente un daño inminente a su patrimonio, ya no ni siquiera a la vida, sino daños materiales que de ninguna manera existe una justificación constitucional o convencional”, remarcó Mejía
TERRITORIOS INDÍGENAS BAJO ACECHO
Miriam Miranda señaló que el caso de Berta Cáceres evidencia cómo la defensa del agua y otros derechos colectivos puede colocar en riesgo a quienes cuestionan intereses económicos asentados en los territorios. A su juicio, las reformas recientemente aprobadas refuerzan ese desequilibrio al brindar a sectores con poder económico y debilitar las herramientas de defensa de comunidades indígenas y campesinas que luchan por la tierra, el agua y los recursos naturales.
Respecto a la supuesta protección de los territorios indígenas incluida en la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Miranda cuestionó que esta quede condicionada a que las tierras estén tituladas y registradas. Señaló que gran parte de los territorios indígenas y garífunas son ancestrales y su reconocimiento no depende de su inscripción en registros estatales. Agregó que este criterio ha sido respaldado por las cuatro sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de comunidades garífunas, cuya jurisprudencia también resulta aplicable a los demás pueblos indígenas de Honduras.
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