Modificación de decretos, juicios políticos y una agenda legislativa favorable a sectores empresariales marcan la gestión de Tomás Zambrano al frente del Congreso Nacional, desde donde consolida uno de los principales espacios de poder político en Honduras.
Tegucigalpa, Honduras. – Asumió la presidencia del Poder Legislativo bajo un discurso de tolerancia y madurez política. Sin embargo, sus acciones, su retórica y hasta el tono de burla con el que suele dirigirse a la oposición dentro del hemiciclo revelan una brecha entre la imagen que intenta proyectar y la forma en que ejerce el poder.
Siguiendo la oleada de la ultraderecha latinoamericana de utilizar grandes felinos para posicionar sus liderazgos, a Zambrano, los militantes del Partido Nacional le han denominado “el tigre del sur”. Poco importa que esta especie no sea una de las cinco que habitan Honduras –a menos que sea en referencia al ocelote, también conocido como tigrillo–, porque aquí lo importante es subirse al trend.
Pero quizá la comparación con un tigre es una clara referencia al refrán: al tigre se le conoce por sus rayas. Las de Zambrano incluyen la modificación de decretos ya aprobados por el Congreso Nacional antes de ser enviados a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) para su publicación en La Gaceta, una práctica que ha marcado su paso por el Poder Legislativo.
Para Gustavo Irías, director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), la gestión de Zambrano en los últimos seis meses se caracteriza por dos rasgos principales: el intento de controlar la institucionalidad mediante la utilización o amenaza de juicios políticos y una agenda legislativa orientada a favorecer los intereses del gran empresariado.
A LA SOMBRA DE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
Tomás Zambrano Molina nació el 29 de junio de 1982 en Nacaome, Valle. Estudió derecho y se graduó en 2004 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). En 2010, llegó como diputado al Poder Legislativo, ocupando cargos estratégicos, como la secretaría del Congreso Nacional y la jefatura de la bancada nacionalista. Desde entonces ha sido reelecto de forma consecutiva por cuatro periodos.
Eso sí, siempre vinculado a la figura de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño condenado en Estados Unidos por narcotráfico e indultado por Donald Trump. Aunque la separación entre discípulo y maestro parecía definitiva, en los últimos meses volvieron las especulaciones sobre un posible acercamiento.
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Después de todo, los vínculos forjados al calor de las rupturas del orden constitucional rara vez desaparecen por completo. En 2014, Zambrano fue uno de los 16 diputados nacionalistas que respaldaron el recurso de inconstitucionalidad contra la prohibición de la reelección presidencial, una decisión que abrió la puerta para el ascenso inconstitucional de Hernández para buscar un segundo mandato.
EL CONGRESO DE LAS RECONSIDERACIONES
Asimismo, en 2018, Zambrano se vio salpicado por el caso conocido como Pacto de la Impunidad o Fe de Erratas, tras ser señalado por la alteración, posterior a su aprobación, del decreto de la reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto. La modificación incorporó disposiciones que no habían sido discutidas ni votadas por el pleno del Congreso Nacional y favoreció a los diputados investigados en el caso Red de Diputados, al dificultar las investigaciones impulsadas por la entonces Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la extinta Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción del Ministerio Público (UFECIC-MP).
Como parte de su acercamiento a la derecha regional alineada con Donald Trump, Tomás Zambrano participó en una conferencia parlamentaria en Buenos Aires, donde aparece junto al senador brasileño Flavio Bolsonaro.
En la actualidad, como presidente del Congreso Nacional, Zambrano ha permitido que, durante la etapa de reconsideraciones, se modifique el contenido de decretos ya aprobados, autorizando cambios de fondo e incluso la incorporación de nuevos artículos como ocurrió con la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. Lo mismo sucedió con el decreto de exoneración temporal de multas y sanciones a candidatos (electos o no) que incumplieron con las obligaciones de transparencia financiera, así como con la Ley de Beneficiario Final. Los tres casos evidencian un mismo patrón: la modificación del contenido de las normas después de su aprobación.
Ese patrón también se refleja en la agenda legislativa impulsada bajo su presidencia. Varías de las leyes y reformas aprobadas han favorecido a sectores de la élite empresarial, mientras otras han endurecido el marco jurídico aplicable a la protesta social y la libertad de asociación.
En opinión del director del Cespad, Gustavo Irías, esa orientación quedó particularmente evidenciada con la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agrícolas, una normativa que –según sostiene– fortaleció el acceso y la protección de tierras para sectores empresariales, relegando las demandas de comunidades campesinas, indígenas y garífunas inmersas en conflictos territoriales.
LOS JUICIOS POLÍTICOS COMO HERRAMIENTA DE PODER
Incluso ha tenido tiempo de violentar la independencia del Poder Judicial e ignorar sus recomendaciones sobre reformas legales. Por un lado “pidió” al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, dejar sin efecto el memorando 02-2026, mediante el cual se instruía a juezas y jueces a garantizar el adecuado reconocimiento de la identidad de género en sus actuaciones. Por otro, desestimó la opinión jurídica emitida por la propia Corte sobre las reformas al Código Penal, que advertía sobre la ambigüedad de la nueva redacción del delito de asociación terrorista y sus posibles implicaciones internacionales y de derechos humanos.
Previamente, Zambrano ya había coaccionado a la entonces presidenta del CSJ, Rebeca Ráquel Obando para que renunciara al cargo bajo de ser sometida a un juicio político. La misma herramienta fue utilizada contra el entonces fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, quien fue destituido en un proceso que, para sus críticos, respondió a una estrategia de concentración de poder y de reconfiguración institucional que facilitaría el eventual retorno político de Juan Orlando Hernández.
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Los juicios políticos continuaron, esta vez contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Morazán. En el caso de Morazán, fue señalado por la paralización de las audiencias del TJE, cuando ese órgano discutía la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho, pese a los cuestionamientos sobre su elegibilidad por haber participado como candidato presidencial en las elecciones primarias.
Para Irías, la utilización o la amenaza de juicios políticos forma parte de un esfuerzo por controlar la institucionalidad y ha debilitado la independencia del sistema de justicia.
“No podemos afirmar que haya una independencia del sistema de justicia”, sostiene el director del Cespad, quien considera que esa situación ha derivado en una justicia selectiva que responde a intereses políticos.
EL CONGRESO COMO TRAMPOLÍN PRESIDENCIAL
La presidencia del Congreso Nacional ha sido históricamente uno de los principales trampolines hacia la Casa Presidencial. Roberto Suazo Córdova, José Azcona Hoyo, Carlos Roberto Flores, Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández llegaron al Poder Ejecutivo tras dirigir el Legislativo, aunque también ha habido excepciones.
A juicio de Gustavo Irías, el Congreso sigue siendo una de las principales plataformas para proyectar liderazgos políticos, aunque advierte que aún no existen elementos suficientes para afirmar que Tomás Zambrano ya esté construyendo una candidatura presidencial.
El abogado Félix Ávila, durante La Entrevista en Canal 11, sostuvo que el control del Congreso representa una ventaja estratégica para cualquier proyecto presidencial. A su juicio, dentro del Partido Nacional Zambrano se perfila como un relevo político y “se continúa erigiendo como la persona que va a representar al Partido Nacional en las próximas elecciones”.
No obstante, ese escenario también dependerá del papel que Juan Orlando Hernández decida asumir. Aunque el expresidente indultado por Donald Trump ha descartado buscar nuevamente la presidencia y además se encuentra inhabilitado, ya en el pasado afirmó que respetaría la prohibición constitucional de la reelección y posteriormente impulsó el proceso que le permitió optar a un segundo mandato.
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