Aunque Tomás Zambrano asegura que la nueva ley “no afecta a la reforma agraria ni a los campesinos”, el texto declara inafectables las tierras agroindustriales y refuerza la respuesta penal frente a recuperación de tierras y protestas
El Mirón comprobó que la norma contradice el mandato constitucional, profundiza la criminalización de la lucha por la tierra y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Tegucigalpa, Honduras. – El Congreso Nacional (CN), aprobó de manera expedita la “Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras”, en medio de cuestionamientos de organizaciones campesinas y de derechos humanos que advierten que la norma blindará a grandes agroindustrias y recrudecerá el conflicto por la tierra.
Y es que la conflictividad agraria no es un asunto abstracto, sino una realidad marcada por la violencia, la criminalización y la muerte de campesinas y campesinos. Durante años, la lucha por el acceso y la tenencia de la tierra ha derivado en desalojos violentos, procesos penales contra liderazgos comunitarios, campañas de estigmatización y asesinatos de defensores del territorio, en un contexto de fuerte asimetría de poder entre comunidades campesinas y grandes intereses empresariales y políticos.
¿QUÉ VERIFICAMOS?
En este contexto, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, durante la discusión y aprobación de la ley en la sesión del pasado 3 de junio, aseguró que la nueva ley “no afecta a la reforma agraria” y “no afecta a los campesinos”.
“Y también decirle al sector campesino que está ley (Ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial) no afecta a la reforma agraria, esta ley no afecta a los campesinos…”
Además, el presidente del Legislativo, justificó la urgencia de la norma por el aumento de “invasiones de tierras productivas” por parte de campesinos y otros grupos.
Ante este panorama, El Mirón de Criterio.hn verifica si la recién aprobada ley realmente no tiene impacto sobre la Reforma Agraria ni sobre los derechos de las y los campesinos.
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¿CUÁL ES EL ALCANCE DE LA LEY?
La ley fue aprobada en un contexto de aumento de conflictos por la tierra y de denuncias oficiales sobre “invasiones” en predios agroindustriales. Tomás Zambrano impulsó la norma bajo trámite de urgencia, argumentando que es necesaria para proteger “las inversiones y las tierras productivas” –que están en manos no de los campesinos sino del empresario— frente a ocupaciones, y sostuvo públicamente que el Congreso respalda la Reforma Agraria siempre que se trate de tierras “ociosas” y no de tierras en producción.
El enfoque general de la ley declara que la agroindustria es un sector “estratégico” para empleo, inversión, exportaciones y abastecimiento alimentario.
Además, Plantea que las “invasiones de tierras”, tomas, bloqueos y huelgas afectan la agroindustria, la seguridad alimentaria y el empleo, y que el Estado debe reaccionar con firmeza.
Según el texto, no busca criminalizar la protesta pacífica, sino la “ocupación ilegal”, la paralización forzada de actividades productivas y la “inacción estatal”.
Para la investigadora del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), Lucía Vigil, una de las voces que ha analizado el texto, el punto más preocupante está en el artículo 2, que plantea la inafectabilidad de las tierras agroindustriales. El proyecto declara inafectables todas las tierras destinadas a la producción agroindustrial, y lo hace de forma explícita “incluso frente a causas de utilidad pública, reforma agraria u otra causa legal”, lo que en la práctica convierte a estos predios en una prioridad por encima de cualquier otro interés público.
Durante la discusión en el Congreso Nacional, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, advirtió que dicha aprobación por la mayoría “mecánica” de los partidos Nacional y Liberal supone, en los hechos, “borrar” la Ley de Reforma Agraria y los mecanismos que esta establece para afectar tierras en beneficio del campesinado.
Señaló que la norma defiende los intereses del gran capital, criminaliza la protesta campesina y se aprueba sin que siquiera exista certeza sobre cuántas de las tierras consideradas agroindustriales fueron apropiadas de manera irregular o provinieron de procesos ligados a la reforma agraria.
Para el legislador, resulta especialmente inconcebible que el Partido Liberal —que en los años sesenta impulsó la reforma agraria bajo el gobierno de Villeda Morales— respalde una iniciativa que, a su juicio, traiciona esa historia de luchas, desconoce los derechos conquistados desde la huelga bananera de 1954 y terminará siendo repudiada por el pueblo hondureño, que aún ve en la tierra la base para producir alimentos y sostener a sus familias.
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LEY AGROINDUSTRIAL CIERRA LA REFORMA AGRARIA Y CRIMINALIZA LA LUCHA CAMPESINA
La investigadora del CESPAD, sostiene que la nueva Ley “cierra por completo cualquier ruta institucional para revisar tierras en conflicto”, porque hace prevalecer el interés del sector agroindustrial sobre otros derechos y políticas públicas.
Según su análisis, la norma debilita los mecanismos de acceso campesino a la tierra al declarar inafectables las tierras agroindustriales, incluso frente a procesos de reforma agraria, y al prohibir que ocupaciones o reocupaciones sean consideradas parte de un conflicto histórico por la tenencia de la tierra.
Vigil también advierte que la ley convierte a la agroindustria en un sector privilegiado, con aplicación inmediata y preferente sobre otras normas administrativas, y sin salvaguardas que protejan a las comunidades campesinas frente al despojo o a los efectos de una política de blindaje territorial.
En la misma línea, el abogado y doctor en derechos humanos Joaquín Mejía ha señalado que esta legislación contradice el mandato constitucional contenido en los artículos 344 y 345, que conciben la Reforma Agraria como un proceso integral orientado a sustituir el latifundio y garantizar justicia social en el campo. A su criterio, la ley no solo desconoce ese marco al declarar inafectables las tierras agroindustriales frente a causas de utilidad pública o reforma agraria, sino que además profundiza la criminalización de la protesta y de los reclamos por tierra, al ordenar la actuación inmediata de la Policía y del Ministerio Público frente a ocupaciones, recuperaciones o manifestaciones. Estas preocupaciones coinciden con alertas públicas sobre el impacto de la norma en comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como sobre el riesgo de agravar la conflictividad social en el campo hondureño.
Por su parte, Wendy Cruz, representante de La Vía Campesina en Honduras, advirtió que la aprobación de la ley agroindustrial coloca a una gran parte de la población rural en “mayor peligro y mayor vulnerabilidad”, al empujarla a la expulsión de sus territorios y profundizar la crisis en el campo. En su análisis, la medida no solo impactará a las comunidades directamente despojadas, sino a la población en general, porque anticipa una menor producción de alimentos en el país, lo que podría traducirse en un aumento de los precios de la canasta básica, mayores niveles de migración y un incremento de la criminalización contra las personas que viven y producen en el campo.
Cruz sostiene que, al reforzar esquemas de criminalización mediante leyes que “legalizan el despojo” de tierras campesinas —incluyendo las trabajadas por mujeres rurales—, el Congreso “prácticamente está declarando una guerra en el campo”, con riesgo de más violencia, más masacres y más violaciones a derechos humanos. Desde su perspectiva, la norma no reconoce que para muchas comunidades ese territorio es el único lugar donde pueden producir sus alimentos, habitar y sostener sus formas de vida, y al tratar sus demandas como un asunto de orden público en lugar de un problema histórico de tierra, contribuye a una crisis social y agraria cada vez más profunda en Honduras.
El Mirón de Criterio.hn concluye que la afirmación de Tomás Zambrano es falsa. Aunque la ley no deroga de forma expresa la Reforma Agraria, declara inafectables las tierras agroindustriales incluso frente a procesos de reforma agraria, crea un régimen de privilegio para la agroindustria sobre otros derechos y políticas públicas, y refuerza la respuesta penal y policial ante ocupaciones y protestas campesinas. Esto limita las rutas institucionales para resolver conflictos históricos por la tierra, debilita los mecanismos de acceso campesino a la tierra y agrava un contexto ya marcado por violencia, despojo y criminalización en el campo hondureño.
Presentar esta ley como una norma que “no afecta a la reforma agraria” y “no afecta a los campesinos” oculta sus efectos reales sobre el derecho a la tierra y la protesta social, y contradice tanto el mandato constitucional de la Reforma Agraria como las advertencias de organizaciones campesinas, de derechos humanos y especialistas consultados.
