Esas contradicciones que agudizan la vulneración a los derechos de las mujeres en vez de brindar protección y prevención, permiten ver qué no se está impartiendo justicia, sino que tiene que ver con un sesgo social y cultural, en el cual prevalecen pensamientos machistas por encima de aplicar leyes y justicia con una balanza de equidad.
Tegucigalpa, Honduras. – Honduras continúa con uno de los marcos jurídicos más restrictivos en la región en temas de interrupción de embarazos y derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y el tipo de narrativa es muy importante porque moldea las percepciones y el comportamiento de toda una sociedad, en el cual temas tan sensibles como este pasan a un campo de disputa colectiva y colocan a las mujeres en una situación muy compleja porque no solo describen lo que ocurre sino que las señalan, las acusan y criminalizan sin profundizar ni contemplar si existe vulneración a alguno de sus derechos.
Por las razones que sean, las mujeres son sobreexpuestas bajo un sesgo de género, es comparado a un tipo de castigo social por ir «contra la norma». Es un nivel de falta de sensibilización de parte de la Policía, operadores de justicia y otras figuras y autoridades, puesto que juzgan desde sus propios prejuicios. Las mujeres son juzgadas muchas veces sin tener idea de por qué ellas toman ciertas decisiones y el porqué de respetar sus derechos.
Este comportamiento también se refleja en las sentencias, por ejemplo, mujeres acusadas de violencia sexual en las cuales las penas se exceden a lo establecido en el Código Penal, pueden recibir sentencias hasta de 36 años de prisión quizás por un abuso o delito, contrario a lo que sucede con los hombres por violación en serie, que han abusado de niñas y niños, hay casos en los que la pena no llega ni a 5 años de prisión.
En ese sentido, podemos mencionar el caso de una mujer de 20 años que fue detenida por la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigación (DPI), hace unos días en la ciudad de Santa Rosa de Copán, Copán.
Los reportes policiales dicen que la joven está bajo custodia y prisión preventiva acusada de abortar, así lo manifestaron los oficiales que brindaron información ante medios de comunicación. Otro hecho similar ocurrió en marzo de 2026 y fue publicado en la página del Ministerio Público (MP), en la publicación proporcionaron todos los datos de la joven y fueron bastante descriptivos sobre cómo se le encontró al momento en que había abortado.
Según comunicó la Policía y el Ministerio Público, mantienen activa la investigación. A través de sus redes sociales la Policía Nacional, publicó la fotografía de la joven en el centro de salud al momento en que dos oficiales de la Policía ingresaron y revisaron la documentación de su registro médico.
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AGUDIZAN VULNERACIÓN DE DERECHOS
Esas contradicciones que agudizan la vulneración a los derechos de las mujeres en vez de brindar protección y prevención, permiten ver qué no se está impartiendo justicia, sino que tiene que ver con un sesgo social y cultural, en el cual prevalecen pensamientos machistas por encima de aplicar leyes y justicia con una balanza de equidad.
Dulce Davis, investigadora del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), señaló en conversación con Criterio.hn que, estos casos permiten ver más allá de un hecho noticioso y analizar cómo actualmente se van reconfigurando esas relaciones entre el Estado, el poder y el género, particularmente sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Lo anterior, deja ver que continúa predominando el enfoque de sanción -y no es de extrañar en estos gobiernos-, antes que la prevención en términos de derechos sexuales y reproductivos», dijo Dulce Davis.
Es oportuno mencionar que, el aborto está prohibido de manera absoluta en Honduras por mandato de la Constitución de la República y el Código Penal. Además, las leyes no contemplan excepciones, por lo que es ilegal en todos los casos, incluyendo violación, malformaciones del feto e, incluso, cuando está en riesgo la vida de la madre.
Durante la administración pasada, en el gobierno de la presidenta, Xiomara Castro, (2022-2026), se firmó un decreto ejecutivo que puso fin a la prohibición del uso y la venta de anticoncepción de emergencia en Honduras, lo que representó al menos subir un escalón en tema de derechos sexuales y reproductivos para la prevención.
Hasta ese momento, Honduras era el único país de América Latina que prohibía la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), que puede prevenir los embarazos después de una violación sexual, relaciones sexuales sin protección o una falla del método anticonceptivo.Además, integra la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En 2019, Human Rights Watch documentó cómo la prohibición total del aborto y la anticoncepción de emergencia en Honduras ponía en riesgo la salud y la vida de mujeres y niñas. Sin embargo, está es una lucha que se mantiene por parte de organizaciones de mujeres y derechos humanos.
