El operativo dejó a 15 familias sin hogar y seis personas detenidas. Mientras las autoridades defendieron la acción en nombre de la inversión y la producción, especialistas advierten que ocurre en un contexto de reformas que endurecen la respuesta estatal frente a los conflictos por la tierra.
Tegucigalpa, Honduras. – Las viviendas de al menos 15 familias fueron destruidas tras un desalojo en el sector García, de la comunidad Pueblo Nuevo, en Choloma, Cortés, en el norte de Honduras, en un operativo realizado el jueves 25 de junio bajo fuerte presencia policial.
Láminas, madera, bloques e incluso los árboles de los patios fueron derribados con un tractor tras ejecutarse la expulsión de las familias. El operativo, que dejó seis personas detenidas y escenas de niños llorando, fue presentado por medios comunicación corporativos como un desalojo «pacífico».
Una de las afectadas afirmó que entre los detenidos están sus dos hermanos, su padre y su cuñado. También aseguró que su familia ha trabajado esas tierras durante décadas. Por su parte, la Policía Nacional justificó las capturas asegurando que los detenidos tienen antecedentes por la presunta comisión del delito de usurpación.
Ya el martes 23 de junio, durante la presentación del informe Conflictividad Socioterritorial: balance 2025 y perspectivas 2026, Gustavo Irias, director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), advirtió que la reactivación del Decreto 93-2021, convirtió la usurpación en un delito de acción pública. A juicio del analista, esa reforma junto al paquete de leyes reformadas y aprobadas en los primeros seis meses del actual gobierno, forma parte de un andamiaje legal que afecta el ejercicio de libertades democráticas básicas.
Las declaraciones de Irías se produjeron dos días antes de que la Policía Nacional justificara las detenciones en Choloma señalando que los detenidos tienen antecedentes por la presunta comisión del delito de usurpación.
La reactivación del Decreto 93-2021, la aprobación del Decreto 84-2026 que amplió de forma ambigua la definición del delito de asociación terrorista, el dictamen de la denominada iniciativa de ley de casa segura y la reciente aprobación de la aprobación del la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, forman parte de un conjunto de reformas que, según especialistas, fortalecen la protección jurídica de la agroindustria y endurece la respuesta del Estado frente a los conflictos por la tierra.
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AUTORIDADES DEFIENDEN DESALOJO EN NOMBRE DE LA INVERSIÓN
«Lo que ustedes pudieron ver no es un abuso por parte nuestra. Estamos respetando los derechos humanos. Hemos dialogado durante la semana, nosotros, para respetar los derechos humanos. Ellos estaban notificados de lo que estaba pasando en esta finca, el cual no pueden alegar información porque de manera personal vine a hablar con ellos», dijo Allan Delver Sauceda, subcomisionado y jefe de la Policía Nacional en Choloma.
El subcomisionado Sauceda afirmó que las personas detenidas eran requeridas por procesos pendientes en los cuales tienen medidas distintas a la prisión. «Tienen sus procesos, como repito, si hay un proceso es porque hay un expediente y ya fueron identificados que participaron en otras invasiones», declaró.
Por la mañana, un periodista consultó a Sauceda si la acción policial era el resultado de la ejecución de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. Aunque evitó responder de forma directa si ese era el motivo del operativo, afirmó que se trataba de «un primer paso» y sostuvo que, «respetando la ley, habrá inversión extranjera».
Sabemos que los sistemas de producción del país, que son invadidos, afecta, afecta también el empleo, a los mismos hondureños los afectamos», expresó. Agregó, además, que el mensaje que dejaba la acción es que «la autoridad, vamos a estar pendientes, para evitar este tipo de invasión».
La Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, aprobada por el Congreso Nacional el lunes 8 de junio y aún pendiente de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, ha sido cuestionada porque crea un régimen de protección especial para las grandes agroindustriales, debilita la reforma agraria y favorece una respuesta más coercitiva del Estado frente a los conflictos por la tierra.
Más temprano, el comisionado César Ruiz, jefe de la Dirección Policial de Investigación (DPI) en la zona norte, indicó que la acción respondía a una orden judicial de desalojo, y que incluso se realizaron coordinaciones con derechos humanos, sin especificar si se trataba de funcionarios de la Secretaría o una organización, para que dieran acompañamiento y actuaran como observadores de la diligencia.
«Partiendo también del principio que la ley prohíbe las invasiones de propiedades, más aún cuando estas acciones van en detrimento de esquemas productivos, principalmente de alimentos o cuando ahuyenta la inversión tanto nacional como extranjera», detalló Ruiz a las 6:42 de la mañana al noticiero TN5 Matutino.
Las actuaciones de la Policía Nacional también fueron cuestionadas por el abogado y defensor de derechos humanos Edy Tábora, quien no está vinculado al caso. En una publicación en redes sociales, hizo referencia al lema institucional de la Policía Nacional, «¡Servir y proteger», y respondió: «¿Los intereses de quiénes? De los ricos, de los oligarcas con los recursos públicos», en alusión al operativo de desalojo ejecutado en Choloma.
No existe certeza sobre la extensión exacta del terreno objeto del desalojo. Mientras el jefe de la DPI zona norte, César Ruíz, afirmó que la propiedad comprende 515 manzanas, las familias afectadas sostienen que el área en producción es de aproximadamente 78 manzanas, aunque estiman que el predio completo supera las 100 manzanas.
