En su informe sobre conflictividad socioterritorial, Cespad advierte que el Estado está privilegiando respuestas punitivas frente a los conflictos agrarios y ambientales, mientras posterga soluciones a las causas estructurales que los originan.
Tegucigalpa, Honduras. – La visión del Estado ha dado un vuelco hacia el punitivismo en Honduras. Con el arribo de Nasry Asfura al Poder Ejecutivo, Tomás Zambrano a la presidencia del Congreso Nacional y una Corte Suprema de Justicia subordinada a los intereses del poder político-económico, avanza una agenda legislativa que blinda sectores como la agroindustria mientras amplía los mecanismos para criminalizar a sectores campesinos.
Desde el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) advirtieron este martes que el marco legal impulsado por la actual administración busca criminalizar las demandas agrarias e indígenas bajo el argumento de garantizar seguridad jurídica, favoreciendo la inversión corporativa sobre los derechos territoriales de comunidades campesinas, indígenas y garífunas.
Durante la presentación del informe «Conflictividad Socioterritorial: balance 2025 y perspectivas 2026», la organización señaló que el Estado bajo la administración Asfura actúa como un mediador que formaliza una legalidad desigual, protegiendo las propiedades y concesiones del gran capital mientras posterga el saneamiento de tierras comunitarias.
Como parte de este andamiaje favorable a la agroindustria, el Congreso Nacional aprobó el Decreto 84-2026, que amplía de forma ambigua la definición del delito de asociación terrorista; la ley para el Fortalecimiento y Protección de la Agroindustrial; y se dictaminó denominada ley casa segura, que reformaría el artículo 30 del Código Penal para extender la figura de legítima defensa a la protección de fincas, plantaciones y hasta vehículos.
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Honduras, un país de desigualdades ya contaba con un extenso historial de favorecer los intereses de las élites económicas, sin embargo, con este nuevo paquete de leyes profundiza desigualdades y acaparamientos de tierras en favor de la agroindustria.
Datos recopilados por el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras en 2025, documentó 77 conflictos, el 79.2% de los cuales están aglutinados en los departamentos de Colón (20.8%), Yoro (14.3%), y La Paz (13.0%), la mayoría de los cuales corresponden a la expansión de fronteras económicas ligadas a la agroindustria, los proyectos energéticos y la minería.
Lucía Vijil, asesora en justicia ambiental y ecológica del Cespad, señaló a Criterio.hn que el Estado ha reorientado su actuación para beneficiar a las élites económicas y al modelo extractivo, mientras fortalece mecanismos que buscan penalizar las demandas y acciones de los sectores sociales, especialmente los ligados a conflictos agrarios, así como quienes buscan defender su territorio frente al establecimiento de proyectos energéticos.
«¿Qué es lo que tenés? Un Estado que claramente no te está leyendo la dinámica de conflictos y que no los está atendiendo de forma integral, sino que lo que está aprobando son instrumentos que profundizan esa vulnerabilidad de las comunidades, pero también robustece los dispositivos de control y reinterpreta los conflictos y los hace ver como violaciones de orden público o un tema de seguridad jurídica», planteó la analista.
Vijil señaló que una de las consecuencias más preocupantes de este andamiaje legal es el traslado del punitivismo y el cierre del espacio cívico a los gobiernos locales y a los territorios, lo que deja en una situación de mayor indefensión a las comunidades y a las personas que ejercen su derecho a la protesta.
Desde Amnistía Internacional, Ana Piquer, directora para América de la organización, indicó previamente a Criterio.hn que las reformas y normativas aprobadas por el Legislativo forman parte de una tendencia regional orientada a restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y reducir el espacio cívico.
Para Gustavo Irías, cofundador y director ejecutivo de Cespad, la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial retoma una visión que privilegia la seguridad jurídica de la propiedad por encima de la función social de la tierra establecida en la Constitución de la República y del marco de la Reforma Agraria.
Asimismo, advirtió que la reactivación del Decreto 93-2021, aprobado durante el último año de la segunda administración de Juan Orlando Hernández pero no implementado durante la administración de Xiomara Castro, agrava el delito de usurpación y amplía su aplicación al ámbito público, lo que podría afectar el ejercicio de libertades democráticas fundamentales, entre ellas la libertad de expresión, asociación, reunión y protesta, al utilizar herramientas penales para responder a conflictos relacionados con la tierra y el territorio.
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