El asesinato del dirigente campesino en Colón reabre cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad del Estado y ocurre en medio de reformas señaladas por organizaciones sociales como favorables a la agroindustria y restrictivas para la protesta.
Tegucigalpa, Honduras. – A un mes de la masacre en Rigores, Trujillo, un nuevo crimen contra un liderazgo campesino se reportó en el Valle del Aguán. Esta vez contra Óscar Amilcar Alvarado Velásquez, secretario de la Cooperativa Campesina Suyapa del Aguán, ubicada en la comunidad de Dos Bocas, Santa Rosa de Aguán, Colón.
Alvarado Velásquez, de 66 años, habría sido interceptado por sujetos armados mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta pasadas las 8:00 de la noche del lunes 22 de junio.
Desde la Plataforma Agraria señalaron que el crimen ocurre en medio de una militarización y saturación policial bajo el supuesto combate al crimen organizado, sin que cesen los asesinatos de campesinos. «El Estado hondureño y el gobierno nacional son los responsables de su asesinato», denunció la Plataforma Agraria.
Esly Banegas, integrante de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), denunció que pese a que el Valle del Aguán se encuentra militarizado e intervenido policialmente, los campesinos continúan siendo asesinados.
«[N]o hay investigación, todo sigue en impunidad y las familias tenemos que estar, pues, solo sufriendo la pérdida de la vida y no hay respuesta para la población. Exigimos una investigación que dé con los responsables de estos asesinatos», lamentó Banegas.
Tanto COPA como la Plataforma Agraria han exigido a autoridades hondureñas durante diferentes administraciones realizar una investigación que dé con los responsables materiales e intelectuales de los crímenes contra el sector campesino, que registra más de 200 asesinatos contra liderazgos campesinos desde 2010.
Banegas dijo a Radio Progreso que existe una responsabilidad estatal ante la ausencia de impartición de justicia con respecto a los crímenes. Remarcó que a través de la recién aprobada Ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial se busca eliminar la lucha campesina que legítimamente exige sus derechos.
Lucía Vijil, asesora en justicia ambiental y ecológica del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), señaló a Criterio.hn que la política de militarización implementada en el Valle del Aguán durante los últimos 20 años ha sido una respuesta inefectiva. La declaración surgió al ser consultada sobre por qué continúan ocurriendo crímenes contra dirigentes campesinos, como el asesinato de Óscar Amílcar Alvarado Velásquez, pese a la presencia permanente de cuerpos de seguridad en la zona.
«[N]o entiendo cómo después de aplicar una política de militarización de más de 20 años, todavía sigue creyendo el ministro de Seguridad y también el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que esta es la salida», planteó. Agregó que la violencia en la región obedece a factores complejos que incluyen el crimen organizado, narcotráfico, disputas territoriales, la inoperancia estatal, la fractura del tejido social y la presencia de bandas criminales en la zona.
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Desde el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) se emitió la alerta 57-2026, en la que apuntaron que «el asesinato de personas que ejercen liderazgo social y representación comunitaria constituye una grave afectación al derecho de las comunidades a organizarse, expresarse y participar en asuntos de interés público». Manifestaron que los liderazgos comunitarios son esenciales en la defensa de los derechos colectivos.
La organización señaló que el asesinato de Alvarado Velásquez debe ser analizado desde una perspectiva que aborde la protección de las personas con liderazgo comunitario, porque este tipo de acciones violentas busca efectos inhibitorios sobre la participación ciudadana.
El ascenso de Nasry Asfura al Poder Ejecutivo y de Tomás Zambrano al Poder Legislativo ha estado marcado por una línea decididamente favorable a la agroindustria y las élites empresariales, mientras se amplían los mecanismos para criminalizar a sectores que defienden la tierra y el territorio.
Además de la Ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial, se aprobó el decreto 84-2026, que amplía de forma ambigua la definición del delito de asociación terrorista; se promueve el proyecto de ley casa segura, que reformaría el artículo 30 del Código Penal para extender la figura de legítima defensa a la protección de fincas, plantaciones y hasta vehículos.
Sobre los avances en la investigación de la masacre en Rigores, Trujillo, en la que fueron asesinadas al menos 20 campesinos, las autoridades únicamente han reportado la captura de un joven de 24 años, señalado como presunto cabecilla de la banda criminal «Gato Negro».
