Doce años después, la Sala de lo Constitucional tardó doce años en resolver un recurso contra la Ley General de Minería. Aunque el fallo exhorta al Congreso Nacional a corregir aspectos clave de la normativa, expertos advierten que una nueva reforma no garantiza que esos cambios se incorporen a la ley.
Tegucigalpa, Honduras. – La Sala de lo Constitucional tardó doce años en resolver parcialmente inconstitucional un recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley General de Minería. Un día después de su publicación en La Gaceta, el Congreso Nacional anunció que la Comisión de Minería e Hidrocarburos sostenía reuniones con el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) para analizar los artículos declarados inconstitucionales
Sin embargo, los acercamientos entre la Comisión de Minería e Hidrocarburos e Inhgeomin iniciaron un mes antes. El 5 de mayo, Inhgeomin informó en sus redes sociales sobre su participación en una reunión con la comisión, en la que, según la publicación, se abordaron temas vinculados a los procesos de exploración y al panorama actual del sector minero en Honduras.
Tras la publicación de la certificación de la sentencia en La Gaceta, la agenda de reuniones entre el 4 y el 24 de junio se intensificó. Las publicaciones difundidas por el Congreso Nacional muestran que la Comisión de Minería e Hidrocarburos, presidida por el diputado de Copán por el Partido Nacional, Erick Alvarado amplió los actores convocados e incorporó a instituciones con competencias en materia minera y ambiental, así como a representantes de la Asociación de Minería Artesanal.
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La primera ampliación de esa agenda ocurrió el 11 de junio, cuando la comisión incorporó a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y al Instituto de Conservación Forestal (ICF) en una reunión con Inhgeomin. El 16 de junio se sumó a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) y a representantes de la Asociación de Minería Artesanal para discutir temas relacionados con licencias ambientales en asuntos mineros.
Ese mismo día, Senia Payer, secretaria de la Asociación de Mineros de Honduras, confirmó que el sector participaba en el proceso de reformas a la Ley General de Minería. La dirigente afirmó que la comisión les estaba “abriendo las puertas para tener una mejor normativa en favor y en pro de los mineros a nivel nacional”. Además, sostuvo que se les “prometió trabajar en pro de la minería. En esta ocasión tenemos un gobierno que desea mejorar la inversión a nivel nacional”.
El 18 de junio, Alvarado confirmó en una entrevista que el Congreso impulsaba una reforma a la Ley General de Minería mediante la instalación de mesas técnicas con instituciones del Estado. El diputado afirmó que el objetivo era identificar las deficiencias de la normativa para “buscar las leyes que le convengan a la inversión”, sin dejar de lado la protección del medio ambiente y el beneficio de las comunidades.
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Como parte de esa justificación, sostuvo que la “Corte Suprema ha venido declarando inconstitucional una gran cantidad de artículos de esta ley que han quedado a la deriva”, afirmó. Añadió que las mesas técnicas revisarían esos artículos, además de aspectos relacionados con permisos, licencias ambientales, impuestos y otros temas vinculados a la actividad minera.
Para el 24 de junio, Inhgeomin informó sobre un nuevo encuentro entre su director ejecutivo, el presidente de la comisión y representantes de gobiernos locales y patronatos, señalando que se trataba de un proceso de diálogo con distintos sectores.
En contraste, el 25 de junio la Mesa Nacional frente a la Minería cuestionó el proceso de discusión de las reformas a la Ley General de Minería. Mediante un pronunciamiento público señaló que cualquier modificación al marco jurídico minero debe garantizar la participación efectiva de las comunidades, pueblos indígenas, organizaciones ambientales, la academia y otros sectores de sociedad civil vinculados a la defensa del patrimonio natural.
La Mesa Nacional frente a la Minería está integrada por 27 organizaciones ambientales, comunitarias, indígenas, campesinas, de derechos humanos y religiosas que acompañan a comunidades afectadas por la actividad minera en distintas regiones del país. Entre ellas se encuentran el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (Conroa), la Red Nacional Contra la Minería en Honduras (Renacamih), el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (Idamho), entre otras organizaciones.
¿REFORMAS PARA CORREGIR O PARA FLEXIBILIZAR LA LEY?
De hecho, en el tercer numeral resolutivo de la sentencia, la Sala de lo Constitucional exhortó al Congreso Nacional legislar con urgencia para establecer límites temporales a las concesiones mineras, mecanismos efectivos de consulta previa a pueblos indígenas, un régimen tributario equitativo conforme a estándares internacionales y un catálogo real de áreas protegidas.
La resolución declaró parcialmente inconstitucionales siete artículos de la Ley General de Minería relacionados con aspectos clave del régimen minero. Entre ellos figuran disposiciones sobre la duración de las concesiones (artículo 22), la profundidad de las concesiones (39), el número de concesiones que puede concentrar un mismo titular (43), el régimen de reservas y áreas protegidas (47 y 48), así como los procedimientos de consulta a pueblos indígenas y comunidades afectadas (67 y 68).
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Laura Palmese, directora ejecutiva del Idamho, una de las organizaciones que interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley General de Minería en 2014, considera que el tercer numeral resolutivo del fallo brinda un sustento para que el Congreso impulse una reforma normativa. Sin embargo, advirtió que ello no garantiza que los criterios utilizados por la Sala de lo Constitucional para declarar parcialmente inconstitucional la ley sean incorporados por los legisladores.
Como antecedente, Palmese recordó que esa situación ya ocurrió tras la sentencia emitida el 25 de julio de 2017 sobre un recurso presentado por la Conroa. Aunque el Congreso reformó la Ley General de Minería mediante el Decreto 109-2019, las modificaciones –según la directora de Idamho– reprodujeron vicios de inconstitucionalidad, por lo que Conroa presentó un nuevo recurso que permanece pendiente de resolución.
Esa advertencia cobra sentido porque, según explicó Nidia Castillo, diputada por Choluteca del Partido Libertad y Refundación (Libre) e integrante de la Comisión de Minería e Hidrocarburos, las discusiones de la mesa instalada en el Congreso se han centrado en revisar artículos relacionados con la regulación de la minería artesanal.
Pedro Landa, defensor de derechos humanos y representante para Honduras de la Red Continental de Iglesias y Minería, señaló que la Sala de lo Constitucional ha declarado parcialmente inconstitucional la legislación minera en al menos tres ocasiones. Según explicó, los fallos han cuestionado reiteradamente aspectos relacionados con la duración y extensión de las concesiones, así como con las áreas protegidas, sin que las reformas posteriores hayan corregido esas disposiciones.
Como ejemplo, recordó la reforma al Parque Nacional Carlos Escaleras, que redujo la zona núcleo del área protegida para permitir operaciones mineras. A su juicio, ese antecedente demuestra que una reforma presentada como una corrección legal puede terminar flexibilizando restricciones para favorecer la actividad extractiva.
