El proyecto de “Ley para el Fortalecimiento y Protección en el Sector Agroindustrial de Honduras”, impulsado por el Partido Nacional, es señalado como un nuevo retroceso para la Reforma Agraria al blindar tierras agroindustriales, priorizar monocultivos y facilitar mecanismos represivos contra movimientos campesinos y pueblos ancestrales.
El proyecto de ley avanzó en el Congreso apenas cuatro y cinco días después de la masacre en la Cooperativa Campesina Paso Aguán, en Trujillo, Colón, donde 20 campesinos fueron asesinados mientras iniciaban su jornada. Tras superar dos debates, la iniciativa queda a la espera de una tercer y última discusión para su aprobación.
Tegucigalpa, Honduras. – No les bastó con desnaturalizar la Reforma Agraria mediante la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, aprobada durante el gobierno del extinto Rafael Leonardo Callejas. Ahora, bajo la administración del también nacionalista Nasry Asfura, buscan blindar el territorio en favor de los agroindustriales, vendiéndolo como un mecanismo de seguridad alimentaria.
Se trata de la iniciativa de “Ley para el Fortalecimiento y Protección en el Sector Agroindustrial de Honduras”, impulsada por el diputado de Copán del Partido Nacional, Erick José Alvarado Alvarado, que fue dictaminada como favorable por la Comisión Especial de Seguridad y Prevención Ciudadana.
Si bien la Comisión Especial de Seguridad y Prevención Ciudadana dictaminó favorablemente el proyecto de ley, pese a los cuestionamientos de abogados constitucionalistas como el exdiputado Ramón Barrios, quien sostiene que la iniciativa es inconstitucional. Entre las críticas de Barrios esta que la misma representa un retroceso para la Reforma Agraria al favorecer los latifundios y a sectores privilegiados minoritarios que actualmente influyen en la aprobación de leyes.
CRIMINALIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE TIERRAS
Desde el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) alertaron que el proyecto pretende dar trato preferencial a la agroindustria por encima de otras normas, proteger tierras de los grandes productores para evitar procesos de recuperación en el marco de la Reforma Agraria, criminalizar las tomas de tierra campesinas y facilitar permisos automáticos para proyectos, reduciendo los controles ambientales y la supervisión del Estado.
Lucía Vijil, asesora en Justicia Ambiental y Ecológica del Cespad, dijo a Criterio.hn que declarar la agroindustria como actividad de prioridad nacional constituye una decisión política que coloca a este sector por encima de intereses sociales, territoriales y ambientales, subordinando derechos colectivos y mecanismos de justicia agraria.
Advirtió, además que la “inafectabilidad” de tierras agroindustriales profundizaría la desigualdad del acceso a la tierra y aumentaría la conflictividad agraria al cerrar vías institucionales para resolver reclamos campesinos y comunitarios.
En la misma línea, Pedro Mejía, abogado de la Plataforma Agraria, señaló que la iniciativa utiliza el derecho penal para criminalizar las reivindicaciones campesinas e indígenas, al obligar al Ministerio Público a presentar acusaciones inmediatas por usurpación contra quienes intentan ocupar tierras agroindustriales, incluso en medio de conflictos sociales o reclamos políticos. Además, advirtió que la normativa ordene actuar penalmente sin tomar en cuenta las causas o explicaciones de los grupos involucrados, convirtiendo el derecho penal en la primera, y casi única respuesta del Estado frente a conflictos sociales, cuando en un Estado de Derecho debería ser el último recurso.
También cuestionó que la normativa otorgue privilegios a empresarios agroindustriales mediante trámites preferentes y plazos abreviados, sin controles adecuados de legalidad.
Hugo Noé Pino, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) por Francisco Morazán, sostuvo que la iniciativa contradice el discurso de seguridad alimentaria al priorizar monocultivos agroindustriales como palma africana y caña de azúcar, sin fortalecer el acceso campesino a la tierra ni la producción de granos básicos.
Señaló que los artículos 2 y 6 del proyecto legislativo criminalizan a pueblos originarios y defensores territoriales. Mientras vulneran otras normativas ambientales y administrativas. “Es bastante claro que los artículos 2 y 6 no persiguen la justicia social, sino que van directamente [en contra de] aquellos pueblos que reivindican su tenencia de la tierra”, apuntó.
TERRITORIOS EN DISPUTA
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) denunció que el proyecto, además de desconocer la restitución del territorio ancestral en favor de corporaciones palmeras, proyectos extractivos, turísticos y estructuras del crimen organizado, busca convertir en delito la resistencia comunitaria, las recuperaciones territoriales y la protesta social.
Señaló, además, que violentaría el derecho a la consulta previa libre e informada, así como el derecho a la propiedad colectiva, por el que Honduras ha sido condenado en cuatro ocasiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que a la fecha se restituya el territorio.
Aunque el proyecto de ley fue presentado el 4 de febrero, su primer y segundo debate se realizó hasta este lunes 25 y martes 26 de mayo, apenas cuatro y cinco días después de la masacre en la Cooperativa Campesina Paso Aguán, en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, donde 20 campesinos –entre ellos niños, mujeres y hombres– fueron ejecutados cuando iniciaban su jornada. Actualmente está a la espera del tercer y último debate para su aprobación.
Criterio.hn señaló en el artículo ‘Masacre en Rigores reaviva discurso de militarización y terrorismo en el Bajo Aguán’ que las masacres en el país suelen anteceder la imposición de medidas represivas que carecen del respaldo popular.
Precisamente tras la masacre, el diputado nacionalista por Santa Bárbara, Marcos Bertilio Paz Sabillón y presidente de la Comisión Especial de Seguridad y Prevención Ciudadana, afirmó que analizaban declarar terroristas a quienes realizan procesos de recuperación de tierras y equiparó a los campesinos involucrados en estas acciones con estructuras criminales.
