La Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial y la reforma al delito de asociación terrorista, aprobados en las últimas semanas, ya aparecen en la respuesta gubernamental nacional y local a conflictos sociales en el norte de Honduras, entre denuncias de uso excesivo de la fuerza y posibles afectaciones a derechos fundamentales.
Tegucigalpa, Honduras. – A partir de la aprobación de un paquete de leyes contra la protesta, la Policía Nacional parece querer acallar el disenso ciudadano en el norte de Honduras a base de bombas lacrimógenas.
En El Progreso, Yoro, la ciudadanía se levantó el viernes 3 de julio en contra de un arbitrario incremento a la tasa vehicular municipal de hasta 300%. El alcalde Alexander López reapareció este lunes, afirmando que no negociara bajo presión y enunció la “ley antiterrorista” en referencia a la reforma al artículo 587 del Código Penal para la ampliación de la definición de la figura de asociación terrorista, que ahora abarca asociaciones lícitas.
En San Juan, Atlántida, la Policía Nacional afirmó que en cumplimiento al Decreto 107-2026 o Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agricola realizan un desalojo al interior de la comunidad garífuna. Durante la acción policial fueron capturadas cinco personas, entre ellas una madre lactante y un cardiópata, quienes fueron presentados a los Juzgados de Tela por la supuesta comisión del delito de usurpación. Además, lanzaron bombas lacrimógenas en contra de la población que exigía se esperara la llegada de sus abogados.
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Tanto la ampliación de la definición de asociación terroristas como la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, junto a la Ley de Beneficiario Final y el proyecto de la ley Casa Segura, forman parte de un paquete de normativas que, junto al Decreto No. 93-2021 que endurece el delito de usurpación, blindan proyectos extractivos frente a cualquier reclamo de la ciudadanía.
Aunque “[l]a persona humana es el fin supremo de la sociedad” según la Constitución de Honduras, para los actuales gobernantes y sus cuerpos de seguridad la protección de la inversión estan por encima de la protección de las personas y sus derechos.
LEY DESCONOCERÍA UN FALLO INTERNACIONAL
No es desconocido para la Policía Nacional que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó al Estado de Honduras por la vulneración al derecho a la propiedad colectiva de la comunidad garífuna de San Juan Tela, Atlántida. Así como tampoco los altos mandos ignoran que entre las medidas de reparación dictadas por el tribunal regional están el conferir un título de propiedad colectiva a la comunidad garífuna, resolver los recursos judiciales o administrativos pendientes interpuestos por la comunidad garífuna de San Juan.
Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) compartió una circular del 27 de junio en la que la Secretaría de Seguridad ordenó a la Policía Nacional a actuar “ante cualquier denuncia o conocimiento de ocupaciones ilegales, invasiones, usurpaciones, bloqueos o paralizaciones forzadas que afecten tierras agroindustriales, proyectos energéticos o actividades protegidas por la ley”, exceptuando los territorios indígenas.
En uno de los videos compartidos por Miranda, se puede ver a la Policía intimidando a una mujer que intentaba cruzar por la comunidad. Incluso uno de los agentes amedrenta a la mujer con un trozo de madera, en sustitución del usual bastón, cuando está intenta pasar entre los policías.
Caleb Navarro, abogado de la Ofraneh, afirmó a Criterio.hn que las acciones de la policía evidencian que el Decreto 107-2026 solo fue la justificación de la policía y los empresarios para proceder contra los territorios indígenas y legitimar el despojo, algo denunciado por la Ofraneh en mayo.
“[E]l Estado lejos de cumplir realmente lo que es la seguridad jurídica, pese a una condena, más bien está desarrollando toda una protección para el sector empresarial. ¿Quiénes son los denunciantes? Los mismos policías narran de que son la Familia Rosenthal Oliva”, explicó.
LA ADVERTENCIA DEL ALCALDE EN EL PROGRESO
En El Progreso, Yoro, la población lleva ya 72 horas manifestándose en contra del incremento del 300% a la tasa vehicular. Durante las manifestaciones, la Policía Nacional ha utilizado gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, mientras el alcalde mantuvo un silencio que no rompió hasta esta mañana.
Pasadas las cinco de la mañana de este lunes, los cuerpos de seguridad del Estado lanzaron gas lacrimógeno a los manifestantes que agrupaban a la altura de la colonia Omonita, salida hacia San Pedro Sula, e incluso golpearon con improvisados bastones de madera los carros de las personas que participaban en la movilización, la mayoría de ellos taxistas.
A esa misma hora, se desarrollaba una segunda toma en la salida al Atlántico, a la altura de la colonia Villas Belinda. Uno de los taxistas que participó en esta toma, lamentó que la Policía no cumplió el acuerdo de no agresión que habían acordado el fin de semana.
Posteriormente, a pocos minutos del mediodía, nuevamente los cuerpos de seguridad del Estado volvieron a lanzar gas lacrimógeno en contra de la población. Esta vez en el centro de la ciudad, en las cercanías del Palacio de los Deportes donde se encontraba el edil dando una conferencia de prensa.
Durante la acción represiva, el comunicador Jonathan Mejía denunció el uso desproporcionado de la fuerza y un “atentado” en contra de su labor, luego que un agente de la policía supuestamente lanzó una bomba lacrimógena directamente a él mientras reporteaba sobre las protestas en contra del incremento a la tasa vial municipal.
Fue en esa comparecencia que Alexander López reapareció públicamente, afirmando que no negociará “bajo presión” y aludió a la denominada “ley antiterrorista” en referencia a la reciente reforma del artículo 587 del Código Penal, que amplió de forma vaga la definición del delito de asociación terrorista, llegando incluso a alcanzar a las organizaciones licitas.
Alexander López, alcalde de El Progreso, lleva 20 años en el poder y este es su sexto cuatrienio. Entre los principales señalamientos en su contra figuran la concentración del poder político local, un presunto patrón de corrupción y favoritismo en la adjudicación de contratos municipales y su inclusión en la Lista Engel de Estados Unidos en 2023 por presuntos actos de corrupción.
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