Dos días después de su aprobación, el Congreso Nacional alteró al margen del procedimiento legislativo el fondo de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial para extender sus beneficios a los sectores energético y turístico.
Tegucigalpa, Honduras. – En una franca violación a la normativa parlamentaria, el congreso Nacional de Honduras amplió el alcance de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial para incluir las áreas energética y turística.
Dos días hábiles después de su aprobación, la normativa -cuestionada por favorecer a los empresarios de la agroindustria en detrimento de los campesinos y pueblos indígenas- fue modificada al margen de la votación legislativa, un proceso ya denunciado por la opacidad e irregularidades en la contabilización de votos.
El sentido de la ley fue alterado durante la etapa de reconsideración de la sesión legislativa del lunes 8 de junio a petición del diputado nacionalista por Santa Barbara y presidente de la Comisión de Seguridad, Marcos Paz Sabillón. A esta solicitud se sumó el también nacionalista y vicepresidente del Congreso Nacional, Leonel López quien pidió que la normativa incluyera al sector turístico.
Ante los cuestionamientos del diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino sobre la ilegalidad de modificar una ley recién aprobada, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano defendió el procedimiento y afirmó que sus críticos no podían “darle clases” al Congreso sobre la correcta aplicación de la normativa legislativa.
“Este es el momento legislativo, y lo expliqué, para hacer enmiendas, correcciones y mejoras de una ley. ¿Imagínense ustedes, aprobamos una ley la semana pasada, vamos a aprobar el acta y encontramos elementos para mejorar la ley, vamos a mandarla a publicar y vamos a hacer la reforma después? Eso es totalmente absurdo, doctor”, aseguró el presidente del Poder Legislativo.
El diputado y doctor en economía, Hugo Noé Pino, calificó la acción como inconstitucional y dijo a Criterio.hn que no se puede modificar el fondo de una ley recientemente aprobada en una reconsideración del acta, y advirtió que se trata de una estrategia que el Partido Nacional ha usado en el pasado para realizar cambios a lo aprobado dentro del pleno legislativo. “Aquí han cambiado redacción, han agregado artículos enteros y lo más terrible [han cambiado lo que] es el significado de fondo”, apuntó.
No es la primera vez que Zambrano es señalado por modificar leyes después de su aprobación y antes de su publicación en el diario oficial La Gaceta. En 2018, la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras (MACCIH) y la extinta Unidad Fiscal Contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic) lo acusaron en el caso conocido como Fe de Erratas o Pacto de Impunidad por alterar una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto tras su aprobación en el Congreso Nacional. Según la acusación, el cambio buscaba favorecer a funcionarios investigados por corrupción en el caso Red de Diputados.
Además del cambio de nombre de la normativa Ley para el Fortalecimiento y Protección de los Sectores Agroindustrial, Energía y Turismo y de la ampliación de su alcance al sector energético y turismo, se modificaron los artículos 1, 2, 3, y 6. Entre los cambios figura la incorporación de la frase “y proyectos turísticos y energéticos” en todas las disposiciones que hacen referencia al sector agroindustrial, así como la extensión de los plazos abreviados para trámites administrativos relacionados con actividades turismo y energía. Asimismo, se incorporó un nuevo artículo que extiende todos los beneficios, protecciones y mecanismos previstos en la ley a los proyectos de turismo y energéticos, así como a la infraestructura asociada a su construcción, operación y mantenimiento.
Previo a la opaca votación, Zambrano propuso que las disposiciones de la ley también fueran aplicables a los proyectos turísticos del país. Además, planteó que además de extender su cobertura a proyectos energéticos y turísticos, se agregaran los proyectos ganaderos y agrícolas, indicando que la redacción final sería ajustada posteriormente por la Comisión de Estilo.
Sobre el impacto que tendría la ampliación de la ley mediante un procedimiento que violenta la normativa parlamentaria, el diputado Hugo Noé Pino advirtió que afectará la protección a los recursos naturales y facilitará proyectos en territorios en disputa. Como ejemplo, mencionó la construcción de proyectos hidroeléctricos y desarrollos turísticos en tierras ancestrales garífunas e indígenas, y sostuvo que la normativa favorece a determinados sectores económicos en contravención del principio constitucional de igualdad.
Engels López, sociólogo, sostuvo que la ampliación de la ley a los sectores energético y turístico profundiza lo que denomina una “economía política del saqueo libertario”, un modelo que, a su juicio, ya se expresó en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y que ahora incorpora nuevos sectores como la agroindustria, la energía y el turismo. Según el sociólogo, estas favorecen la apropiación de recursos y territorios mediante la acción del Estado y revitalizan dinámicas extractivistas más allá de la minería.
Según López, esta dinámica se sustenta en tres procesos: la apropiación privada de bienes y recursos públicos promovida desde el Estado; la “reocupación libertaria del territorio”, mediante la transferencia del control territorial al gran capital; y la securitización del territorio, que se traduce en el uso de fuerzas policiales y militares para proteger intereses económicos privados.
