Reflexiones
Por: Rodil Rivera Rodil
La privatización o no de la ENEE, la mayor empresa de servicio público de Honduras, como resultado de las reformas que impulsa el actual gobierno ha pasado a ser el tema nacional más debatido del momento. Los funcionarios públicos, y en general, los voceros de los sectores conservadores del país, sostienen que no hay tal privatización, esencialmente, porque las sociedades que surgirán de su partición seguirán siendo estatales, lo que, a primera vista, suena convincente, amén de que en uno de los considerandos de su dictamen la Comisión de Energía del Congreso rechaza explícitamente cualquier forma de privatización. Pero en varios otros de este como del propio proyecto, significativa o contradictoriamente, según se vea, se nos recuerda que “La Constitución de la República reconoce y garantiza la propiedad privada en su más amplio concepto de función social”, y todavía más, que es conveniente incluir en la administración de la empresa “reglas modernas que promuevan las inversiones bajo un marco regulatorio más eficiente y transparente”.
No obstante, y a riesgo de lucir como tonto, según la opinión que tiene el señor director ejecutivo del COHEP de quienes afirman que en la iniciativa del gobierno sí hay privatización, calificativo que, por supuesto, me merece el debido respeto, me voy a permitir esbozar unas breves observaciones sobre el asunto, plenamente consciente de que son tan discutibles, sino equivocadas, como cualesquiera otras.
Antes que nada, conviene traer a colación que, a partir de 1957, año en que se creó la ENEE y entró en funcionamiento la Central Hidroeléctrica El Cajón, la casi totalidad de la energía que consumía el país era de origen estatal, y que no fue sino a raíz de la crisis energética de 1994 y de la emisión en ese mismo año de la Ley Marco del Subsector Eléctrico, que el Estado permitió, por primera vez y en forma temporal, la participación de productores privados en su suministro. Y como ha sido de público conocimiento, estos últimos se las han ingeniado desde entonces, mediante acciones y contratos de cuestionada transparencia, para ir transformando esa temporalidad en una longevidad de más de treinta años que ahora quieren volver eterna presionando por la aprobación de las reformas con irresponsables interrupciones del servicio eléctrico.
Tómese nota de que esta etapa de la ENEE quizás no se pueda llamar de absoluta privatización, dado que esta siguió siendo propiedad del Estado, pero tampoco se podrá negar que el valor de la luz ha venido subiendo sin cesar y que, al mismo tiempo, la empresa, curiosa sino sospechosamente, pasó de ser una de las más rentables del país a la más endeudada y peor dirigida.
Aunque me apresuro a reconocer que, al menos un porcentaje del alza de precios, se ha debido a que los generadores privados de energía, precisamente por su condición de hombres de negocios, deben percibir la ganancia que resulte atractiva para este tipo de inversión, las cuales, dicho sea de paso, en relación a la pobreza que nos agobia, son poco menos que fabulosas, pero además, pero traen consigo su encarecimiento, sin contar otros costos de dudosa pertinencia que en algunas ocasiones se han denunciado pero nunca esclarecido y menos sancionado.
Y así fue que la ENEE, como empujada a ello, ha llegado a la insostenible situación financiera que hoy la tiene postrada y que, sin duda, exige un cambio drástico de su modelo de funcionamiento. Pero, por lo visto, el único en el que se ha pensado, desde tiempos del presidente Juan Orlando Hernández, ha sido la separación de sus funciones, de generación, transmisión y distribución, y de sus respectivos patrimonios, en otras tantas sociedades mercantiles subsidiarias de aquella, las que, al igual que en 1994, continuarán siendo del Estado, pero ahora bajo un nuevo esquema de incorporación del sector privado en su gestión operativa, lo que, como expresamos anteriormente, abre un poco, sino mucho más, la puerta para la entrada del componente de la rentabilidad particular en la producción nacional de energía, y como lógica consecuencia, para el incremento de su precio a la población y al sector industrial. Lo que, ciertamente, no es culpa o responsabilidad de nadie en especial, sino que es inherente a la dinámica empresarial.
Lo anterior es tan cierto que ya ha trascendido que el atraso en la aprobación de la nueva ley obedece no solo a discrepancias en los arreglos de orden político entre el Partido Nacional y el Liberal sino, más que todo, al conflicto de intereses entre los empresarios del rubro, como ha ocurrido siempre que se trata de hacer negocios con los gobiernos de turno y en los que, infortunadamente, tampoco ha faltado el nefasto ingrediente de la corrupción.
Y no se trata solamente de concepciones ideológicas opuestas o de soberanía, como algunos creen. La historia demuestra que ninguna nación ha logrado alcanzar el desarrollo sin haber garantizado, previamente, la producción de energía eléctrica en cantidad y calidad suficiente tanto para el uso residencial como, principalmente, para el industrial, y lo fundamental, a precios lo más bajos posible. Más aún, la energía es vital para el desarrollo, como lo es el agua para el ser humano, por lo que debería ser gratuita; transmutarla en una mercancía cualquiera constituye, pues, un crimen para un pueblo subdesarrollado.
Pareciera que nadie se ha preocupado de buscar otra alternativa que reduzca la participación privada lo suficiente para aliviar esa gravosa escalada de precios. Como, para el caso, despolitizar completamente a la empresa a efecto de asegurar que sea conducida bajo un modelo estrictamente gerencial que permita que los organismos internacionales de financiamiento y los bancos nacionales y extranjeros la puedan considerar como cabal sujeto de crédito para ayudarla a recuperarse en un largo, pero aceptable plazo.
En una modalidad de gestión como esta, el COHEP y otras organizaciones empresariales tendrían un papel toral, pero no propiamente como accionistas, en la acepción mercantil del término, sino como cogestores de su administración junto con otros actores no gubernamentales con la idoneidad que se necesita. Algo similar a como se gobiernan otras instituciones de servicio público, como el Seguro Social, pero en este caso sin ninguna o con una mínima injerencia estatal. Tal y como, solamente por vía de ejemplo, se manejó entre nosotros hace algunos años el Instituto Hondureño del Café y en Panamá sus dos empresas más grandes: la Autoridad Marítima y la Autoridad del Canal.
De otro lado, en la estructura de la ENEE que propone el régimen nacionalista no queda muy claro a cargo de quién correrá el pago de su millonaria deuda -de más de 120 mil millones de lempiras- al igual que los gastos de reparación, mantenimiento y operación de El Cajón que, como se sabe, son sumamente elevados. Pero de las un tanto vagas disposiciones de la propuesta del Poder Ejecutivo en torno al traspaso de los activos y pasivos resultantes de la liquidación del antiguo Operador del Sistema Eléctrico (ODS) a una nueva entidad estatal denominada “Operador del Sistema Eléctrico Nacional” (OSM) -sin olvidar que tales pasivos constituyen deuda soberana del Estado hondureño-, puede deducirse, salvo mejor parecer, que a la postre será este el que los terminará asumiendo, lo que significaría una calamidad para el pueblo hondureño que ninguna vela ha tenido en este triste entierro.
En fin, que, a mi entender, el proyecto del gobierno sí conlleva un paso más, y de índole cualitativa, hacia la privatización total de la ENEE, por lo que, insisto, debe esperarse que el costo de la energía eléctrica, justo al contrario de lo que debería ser, en un próximo futuro se convierta, más bien, en una insoportable carga para la ciudadanía y para nuestros empresarios no generadores de energía, y por ende, en un serio obstáculo para nuestro desarrollo.
Y en lo que me concierne, presiento que mi sugerencia será tomada como una idea meramente ilusoria, parafraseando el abogado Alejandro Rivera Hernández, o bien, una pura tontería, como seguramente la juzgará el amigo Urtecho del COHEP.
