Por: Giovani Funa
Seguramente este artículo lastime la sensibilidad de uno que otro aficionado al fútbol que piensa que son teorías conspirativas o que soy un amargado y que la FIFA es un ente despolitizado y honesto, pero durante meses he ahondando en distintas fuentes de carácter deportivo y gubernamental para verificar los datos que han hecho posible la obtención de esta información para escribir este artículo hecho con solamente la intención de no perder de vista los acontecimientos detrás del evento.
En 2018, el comité organizador del Mundial de 2026 firmó ante la FIFA un compromiso oficial con membrete y firmas, en el cual prometía entradas desde 21 dólares para los partidos de la fase de grupos. Denominaron a su propuesta “El Mundial del Pueblo”, un torneo para todos, no solo para quienes pueden pagar cifras enormes.
Dicha promesa existe, está documentada, y los acontecimientos posteriores constituyen el objeto de este análisis, esta organización tiene la capacidad de lograr que un gobierno soberano modifique sus propias leyes antes del inicio de un partido de fútbol. Una organización que obtiene el 100 % de los ingresos sin invertir con un solo centavo en infraestructura, la FIFA que ha sido investigada por corrupción durante décadas, que sobrevivió a una redada del FBI y que continuó percibiendo sus beneficios sin contratiempos y el Mundial del 2026 es su obra maestra.
Antes de abordar las cifras y los escándalos, conviene comprender el modelo de negocio, porque sin entenderlo no es posible dimensionar la magnitud de lo que está ocurriendo.
Cuando un país se postula para organizar un mundial, firma un contrato que no admite negociación: o se acepta en sus términos o no se organiza. Este contrato incluye cláusulas que en cualquier otra industria serían consideradas ilegales.
El país anfitrión debe construir o renovar estadios con capacidad mínima de 40 000 espectadores para la fase de grupos y hasta 80 000 para la final; garantizar infraestructura de transporte, seguridad, telecomunicaciones y alojamiento; aprobar leyes especiales de exención fiscal que blindan a la FIFA y a sus empresas asociadas del pago de impuestos en el territorio nacional; y ceder el control total del evento, incluidos los estadios, palcos, estacionamientos y accesos comerciales. A cambio, la FIFA concede al país el honor de ser sede. Mientras el país anfitrión asume todo el capital y el riesgo financiero, la FIFA se lleva el 100 % de los ingresos por venta de entradas, el 100 % de los derechos de comercialización dentro de los estadios y 100 % de las concesiones comerciales. Los derechos de televisión, los contratos globales de patrocinio y los paquetes de hospitalidad corporativa van directamente a Zúrich. Se trata de una asimetría comercial sin parangón en ningún otro negocio del mundo: el anfitrión pone el estadio, la seguridad, la infraestructura y las deudas; si hay ganancias, son de la FIFA; si hay pérdidas, son del país, y las siguientes tres generaciones de ciudadanos seguirán pagándolas.
Cabe preguntarse ¿por qué los gobiernos continúan firmando este contrato?. La respuesta es sencilla y, al mismo tiempo, oscura. Los políticos que toman la decisión de postularse nunca son los mismos que terminan pagando la factura. Para la clase política, organizar un mundial constituye la campaña de relaciones públicas definitiva y, para ciertas empresas constructoras, el negocio de su vida. Las megaobras exigidas por la FIFA son imanes perfectos para el desvío de fondos: los presupuestos se aprueban por vía de emergencia, sin fiscalización real, bajo una presión temporal imposible; los costos se inflan, los sobrecostos se justifican y los millones desaparecen en paraísos fiscales antes de que nadie pueda rastrearlos. Es un saqueo nacional con música de himno y fuegos artificiales.
Para comprender hasta dónde llega el daño, es necesario detenerse en Brasil 2014, el lugar más natural del mundo para organizar un mundial: el país del fútbol, pentacampeón, con una cultura futbolística sin par. Cuando obtuvo la sede, el país entero celebró. El gobierno prometió que el evento transformaría al país: nuevos estadios, infraestructura moderna, decenas de miles de empleos y un retorno económico que pagaría todo con creces. El costo inicial prometido fue de 3 000 millones de dólares. Al terminar el torneo, la factura real superó los 15 000 millones. Una parte se destinó para infraestructura genuina; la otra constituye uno de los casos de corrupción en obras públicas más documentados de la historia latinoamericana. El legado físico son construcciones que hoy se denominan, con razón, “elefantes blancos”. El término proviene de la antigua Asia: los reyes regalaban elefantes albinos a los cortesanos que deseaban arruinar sutilmente; el obsequio era sagrado —no se podía vender ni matar—, pero mantenerlo costaba una fortuna y los llevaba a la quiebra.
La FIFA actúa como aquel rey y los estadios son los elefantes.
El caso más dramático de Brasil es el Estadio Nacional Mané Garrincha, en Brasilia. Su construcción costó casi 900 millones de dólares, casi el triple de lo presupuestado, lo que lo convirtió en uno de los estadios más caros del mundo en su momento. El problema es que Brasilia carece de un equipo de fútbol profesional consolidado en primera división. Hoy el estadio genera en promedio 130 000 dólares anuales de ingresos y cuesta entre 120 000 y 160 000 dólares por mes solo en mantenimiento básico. Otro ejemplo es el de la Arena da Amazônia, en Manaos, construido en medio de la selva por 300 millones de dólares. El equipo local milita en la cuarta división; el estadio se construyó para albergar cuatro partidos y hoy representa una pesadilla logística que el Estado brasileño no puede abandonar ni mantener.
Sudáfrica 2010 no fue diferente. El gobierno gastó más de 3 000 millones de dólares en estadios y transporte. El estadio de Ciudad del Cabo, ubicado en uno de los emplazamientos más valiosos del país frente al mar, costó 700 millones de dólares. Tras el Mundial, la ciudad tuvo que subsidiar a los equipos locales para que jugaran allí, pues de lo contrario perdía millones al año solo en mantenimiento. Los problemas de pobreza extrema que existían antes del Mundial siguieron exactamente igual; el fútbol no los resolvió, solo los ocultó durante un mes.
Si todo lo anterior parece costoso, Qatar 2022 entró en una categoría que carece de nombre. Qatar gastó 220 000 millones de dólares. Construyó un sistema de metro de alta velocidad, aeropuertos, una ciudad inteligente completa desde cero y ocho estadios ultramodernos en un país sin tradición futbolística, con 50 grados de calor en verano, donde el alcohol está penado por ley religiosa y donde los trabajadores migrantes que levantaron toda esa infraestructura vivieron en condiciones que diversas organizaciones de derechos humanos describieron como trabajo forzado. La cifra oficial de trabajadores fallecidos durante la construcción asciende a 6 500, de nacionalidades nepalí, bangladesí, india y pakistaní. Cuatro años después del torneo, no hay culpables, condenas ni compensación estructural. La FIFA cobró su cheque y siguió adelante.
En 2015, el mundo creyó que algo cambiaría. Durante el congreso anual de la FIFA en Zúrich, el FBI, en coordinación con la policía suiza, ejecutó una de las redadas más espectaculares de la historia del deporte. La investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos demostró que, durante más de veinticuatro años, altos directivos de la FIFA, la CONMEBOL y la CONCACAF habían operado una red mafiosa que recibió más de 150 millones de dólares en sobornos para adjudicar sedes, vender derechos de transmisión y comprar votos dentro de la organización. Se comprobó también que Qatar y Rusia habían obtenido sus sedes mediante ese mismo sistema. Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA, se vio forzado a renunciar. Decenas de dirigentes fueron procesados, extraditados y condenados. Sin embargo, aquel aparente final feliz duró poco.
La FIFA se recompuso eligiendo a Gianni Infantino como nuevo presidente en 2016. Infantino, una figura más bien anodina conocida por conducir los sorteos de la Champions League, llegó con promesas de transparencia y reforma: límites de mandato, divulgación de salarios ejecutivos, vuelos en aerolíneas de bajo costo. En realidad, lo que hizo fue tapar la suciedad. Su gestión está rodeada de controversias: mantuvo reuniones privadas no registradas con el fiscal general de Suiza mientras este investigaba asuntos relacionados con la FIFA; las causas se archivaron.
La propia FIFA le abrió una investigación interna por usar fondos institucionales para vuelos de su familia, un automóvil de lujo, un chofer, flores para su casa y un colchón nuevo; esta causa también se archivó, bajo el argumento de que eran gastos normales. Su estrategia para mantenerse en el poder es tan simple como efectiva: la FIFA cuenta con 211 asociaciones miembro, cada una con un voto. Infantino ganó la presidencia prometiendo repartir millones de dólares extra a cada asociación, y tras su reelección subió sucesivamente el monto. Ahora aspira a un cuarto mandato y ha prometido otra subida. Las asociaciones más pequeñas de África, Asia y los países menos desarrollados reciben esos fondos y a cambio votan lo que él necesita. Reformó las reglas que él mismo había prometido, eliminó a los árbitros de ética que podían investigarlo y convirtió a la FIFA en algo que se asemeja más a un estado personal que a una federación deportiva.
En la víspera del Mundial de Qatar 2022, Infantino se presentó ante el mundo y declaró: “Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento trabajador migrante.” Mientras, 6 500 de esos trabajadores migrantes habían muerto construyendo los estadios donde él cobraría sus millones.
El discurso fue calificado por los medios internacionales como un autogol de relaciones públicas difícil de superar. No le importó, porque Infantino sabe algo que pocos admiten: el fútbol es tan popular que los escándalos no le infligen un daño real; la gente quiere ver los partidos, y mientras haya partidos, hay negocio.
Una de las primeras grandes decisiones de Infantino fue expandir el Mundial de 32 a 48 selecciones a partir del mundial United 2026. Públicamente lo vendió como una «democratización del fútbol», como una forma de dar más oportunidades a más países. En la práctica, fue una decisión puramente financiera: 48 equipos significan 104 partidos en lugar de 64, es decir, 40 partidos más para vender derechos de televisión, entradas y patrocinios.
Para la FIFA los mundiales de fútbol son una máquina de generar ingresos; para los países anfitriones, una pesadilla. Más partidos implican más estadios, más seguridad, más infraestructura de transporte, más alojamiento, más personal. El costo estimado combinado de los tres países anfitriones de 2026 —Estados Unidos, México y Canadá— para organizar el torneo ronda los 14 000 millones de dólares, aun cuando los estadios ya existían y no hubo que construir ninguno desde cero. La consecuencia deportiva es la que cualquier aficionado ya percibe: partidos de fase de grupos entre selecciones con bases de aficionados tan reducidas que no llenan ni el primer anillo, con un nivel técnico que decae al haber 16 equipos más que en torneos anteriores, muchos de ellos sin la infraestructura futbolística para competir realmente, partidos por los que alguien pagó cientos o miles de dólares y que terminan siendo noventa minutos de una selección defendiendo su área con diez hombres. El fútbol no se expandió, se diluyó; pero el balance contable de la FIFA nunca estuvo mejor.
Volviendo al punto de partida: el 13 de abril de 2018, el comité del “United Bid” presentó su propuesta ante la FIFA para organizar el Mundial de 2026. Competía contra Marruecos, que tenía impulso político y el atractivo emocional de ser una candidatura africana. El United Bid necesitaba diferenciarse en algo concreto, y lo que eligió fue la accesibilidad. En el documento oficial de la candidatura quedó escrito que los precios de las entradas para la fase de grupos arrancarían desde 21 dólares: “El Mundial del Pueblo”. La promesa era explícita y constituía el argumento central; los 134 votos a favor frente a los 34 de Marruecos le otorgaron la sede. Lo que sucedió después fue que esa promesa carecía de mecanismo de cumplimiento alguno. Era una estrategia de licitación, no un compromiso vinculante. Una vez adjudicada la sede, los precios volvieron a manos de la FIFA, y la FIFA hizo lo que la FIFA siempre hace.
Este es el enlace directo al documento en la pagina oficial: https://digitalhub.fifa.com/m/3c077448dcd5c0ab/original/w3yjeu7dadt5erw26wmu-pdf.pdf
La entrada más barata disponible para la final del Mundial de 2026 cuesta 4 100 dólares; la categoría 1 cuesta 8 680 dólares. En Qatar 2022, una entrada para la final costaba alrededor de 1 000 dólares. No es inflación: es un aumento del 760 % en cuatro años por el mismo producto. Pero el problema no se limita a los precios de la final. En 2022, una entrada para un partido de fase de grupos se conseguía por aproximadamente 70 dólares. En 2026, el precio más bajo en los canales oficiales para un partido de baja demanda es de 165 dólares. Para uno de alta demanda, como Portugal contra Colombia en Miami, los precios en el mercado de reventa superan los 3 000 dólares.
¿Cómo se llega a esas cifras? Mediante cuatro mecanismos que se potencian entre sí.
Primero, los precios dinámicos: la FIFA adoptó por primera vez un sistema donde los precios cambian en tiempo real según la demanda; cuanta más gente quiere ver un partido, más caro se vuelve el boleto, sin techo.
Segundo, los paquetes de hospitalidad corporativa: antes de que salga a la venta una sola entrada al público general, la FIFA separa un bloque enorme para paquetes VIP, que este año generarían un estimado de 700 millones de dólares solo de ese segmento.
Tercero, el mercado de reventa propio: la FIFA creó su propia plataforma de reventa sin límite de precio, y cobra el 15 % al vendedor y el 15 % al comprador al mismo tiempo; si el precio sube en la reventa, la FIFA gana dos veces. En esa plataforma llegaron a listarse boletos a 11 500 dólares cada uno.
Cuarto, y aquí se ingresa en el terreno de la investigación judicial, la escasez artificial. Los fiscales generales de Nueva York, Nueva Jersey y posteriormente California abrieron investigaciones formales contra la FIFA, acusándola de retener deliberadamente miles de entradas en las primeras fases de venta para simular agotamiento, generar pánico en los compradores y empujarlos a adquirir los paquetes VIP corporativos de miles de dólares antes de quedarse sin nada.
La fiscal general de Nueva York lo expresó en términos directos: nadie debería ser manipulado para pagar precios exorbitantes, y los aficionados tienen derecho a recibir el asiento que compraron. Los precios de las entradas subieron en promedio un 34 % entre octubre de 2024 y abril de 2025, a través de sucesivas fases de venta. Eso no es el mercado funcionando; es manipulación de manual.
Para rematar, ese mismo año el Departamento de Justicia de la administración Trump ordenó desestimar la causa pendiente más importante del FIFA Gate. Hernán López, exdirector de Fox International, y la agencia Full Play Group habían sido declarados culpables en 2023 de pagar decenas de millones en sobornos a directivos de la CONMEBOL para asegurar derechos de transmisión de la Copa América y los mundiales. La causa, vinculada directamente al escándalo de 2015, fue archivada definitivamente con la justificación oficial de que procesar a extranjeros por corrupción ya no era prioridad del gobierno. Diez años después del FIFA Gate, los últimos condenados quedaron en libertad.
Dentro del escándalo de los precios, existe una estafa más específica que merece atención.
Cuando se abrió la venta de entradas para 2026, los asientos se dividían en cuatro categorías:la categoría 1 era la mejor, la más cercana al campo, la más cara, la que el público asumía como la opción premium definitiva. Miles de aficionados la compraron al precio más alto. Meses después, la FIFA modificó el mapa de asientos y creó una nueva categoría denominada “categoría frontal”.
Los compradores de categoría 1 fueron reubicados en posiciones peores, y los asientos que habían adquirido como los mejores pasaron a venderse como la nueva categoría frontal a precios aún más altos. En esencia, se les vendió el mejor asiento del estadio y luego se decidió que ese ya no era el mejor asiento; se creó uno mejor y se lo vende de nuevo. Las investigaciones de Nueva York y Nueva Jersey documentaron este procedimiento. La BBC reportó el caso. La Federación Europea de Aficionados presentó una denuncia formal ante la Comisión Europea acusando a la FIFA de seis abusos distintos, entre ellos precios excesivos, prácticas engañosas y falta de transparencia. La FIFA no se ha pronunciado al respecto y, muy probablemente, no lo hará, porque sabe que el Mundial comienza, los partidos se juegan, la gente olvida y en cuatro años el ciclo se repite.
México merece un capítulo aparte. Es el primer país en organizar tres mundiales: 1970, 1986 y ahora 2026. En 1970 fue el Mundial de Pelé, el primero transmitido a color; en 1986, el de Maradona, el que salvó la organización cuando Colombia desistió por problemas económicos y México respondió cuatro años después de un terremoto devastador. El Estadio Azteca será el primero en la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas. Eso constituye un legado real, una historia futbolística genuina que nadie puede arrebatarle. Pero la realidad operativa del acuerdo es distinta.
El Mundial de 2026 tiene 104 partidos; a México le correspondieron diez. La final es en el MetLife Stadium de Nueva Jersey; las semifinales también se disputan en Estados Unidos. La gran final del torneo que México coorganiza se juega en otro país: los anfitriones lavan los platos mientras el pastel se come en casa del vecino. Además, las exigencias que la FIFA impuso a México fueron más agresivas que las impuestas a sus socios del norte: México tuvo que garantizar exención fiscal total para la FIFA, sus filiales, las televisoras participantes y todas las empresas asociadas al evento. Estados Unidos y Canadá también redujeron impuestos, pero no al nivel de México: ni un peso de impuestos para una organización que va a generar miles de millones de dólares dentro del territorio mexicano.
A ello se suma el episodio de los palcos del Azteca, que resume perfectamente cómo opera la FIFA. Cuando el estadio se construyó, los palcos se vendieron a particulares por periodos de hasta cien años; son propietarios legítimos con derechos legales sobre esos espacios para cualquier evento, incluidos los mundiales. La FIFA llegó y exigió control total de los palcos para venderlos. El derecho de propiedad de los dueños legítimos le importó exactamente nada. Tras años de disputas legales, la solución consistió en que los propietarios del estadio tuvieron que comprarle a la FIFA el derecho de acceso a los palcos para poder dárselo a sus propios dueños; el monto gastado solo en esa negociación rondó los 200 millones de pesos mexicanos, para que la gente pudiera entrar a un espacio que ya era suyo.
La historia no termina allí, porque ahora los dueños de esos palcos enfrentan otro problema: no los dejarán comer. Usando un tipo de cambio aproximado de 1 dólar = 17.5 pesos mexicanos, el texto quedaría así:
Se filtraron los precios de alimentos y bebidas para los estadios mexicanos del Mundial: en el Estadio Azteca, una botella de agua mineral costaría 80 pesos (≈ 4.57 USD), unas papas fritas 200 pesos (≈ 11.43 USD), una lata de Coca-Cola 150 pesos (≈ 8.57 USD) y una cerveza 300 pesos (≈ 17.14 USD).
Para contextualizar: una lata de Coca-Cola en un supermercado de México en 2026 cuesta aproximadamente 20 pesos (≈ 1.14 USD); en el estadio se cobraría 150 pesos (≈ 8.57 USD), es decir, 7.5 veces más cara.
Pero lo que la FIFA y Televisa hicieron con los dueños de palcos va más allá de los precios: les prohibieron ingresar comida o bebida propia al estadio y les informaron que los vendedores ambulantes dentro del perímetro tampoco estarán disponibles para ellos durante los partidos del Mundial. Su única opción es adquirir un paquete de catering específico para palcos. El paquete más básico para doce personas cuesta 10 560 dólares e incluye doce porciones de papas fritas, doce de cacahuates, doce hamburguesas, doce hot dogs, una botella de ron, veinticuatro cervezas, veinticuatro aguas y veinticuatro refrescos. Más de diez mil dólares por papas fritas y cerveza para comer en un palco que ya es propio y que se compró décadas atrás. El dueño del Estadio Azteca es Emilio Azcárraga, propietario también de Televisa, el principal consorcio televisivo de México, lo que probablemente incida en la escasa cobertura mediática de este nivel de abuso.
Si la entrada y la comida ya resultan problemáticas, el viaje completo supone otro nivel. En México, tres de los cuatro mayores aumentos de precios hoteleros registrados para el Mundial corresponden a ciudades mexicanas: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. En el hotel Le Meridien de Reforma, en la Ciudad de México, el precio por dos noches pasó de 172 dólares, el promedio normal, a más de 1 500 dólares por noche en los días de partido, un aumento del 2 000 %.
En Estados Unidos la situación es similar: el Fairfield Inn en East Rutherford, Nueva Jersey, a 2,5 kilómetros del MetLife Stadium, donde se juega la final, vio sus precios por dos noches subir de 580 a más de 3 000 dólares. El transporte también constituye un escándalo: el MetLife Stadium fue declarado evento sin estacionamiento. Para llegar hay que tomar el tren de New Jersey Transit desde Penn Station; en un día normal, ese trayecto de trece minutos cuesta 5 dólares. Para el Mundial cuesta 150 dólares ida y vuelta. También se puede tomar un autobús por 80 dólares o estacionar en un centro comercial cercano por 225 dólares y caminar. En la misma ciudad, para el mismo partido, el transporte puede costar treinta veces más según el barrio de salida.
Un economista deportivo calculó lo que le costaría a un aficionado inglés seguir a su selección durante la fase de grupos: tres partidos en tres ciudades distintas, considerando vuelos, hoteles de rango medio, entradas de categoría 3 y transporte local. El total ronda los 6 000 dólares, siendo conservador. Hay personas en el Reino Unido vendiendo su casa para asistir a los partidos. Y como novedad absoluta en la historia de los mundiales, por primera vez los “fan parks”, las zonas habilitadas para ver los partidos en pantalla gigante, también tienen costo de entrada: ya no existe ninguna instancia gratuita de participación.
La consecuencia lógica de todo esto es que el mundo ya no quiere organizar mundiales, no porque el fútbol sea menos popular —el Mundial de 2022 fue visto en algún momento por más de 5 000 millones de personas y la final entre Argentina y Francia tuvo 1 500 millones de espectadores—, sino porque la FIFA lo ha vuelto tan costoso que casi ningún país puede permitirse ser sede. En 2018 hubo cuatro candidaturas para el Mundial de 2026; en 2022, cinco para el siguiente.
Pero, para los mundiales de 2030 y 2034, abiertos simultáneamente en 2023, hubo exactamente un candidato por sede: no fue una competencia, fue una designación. España, Portugal y Marruecos para 2030; Arabia Saudita para 2034. Nadie más quiso entrar. ¿Por qué? Porque las cuentas no cierran para nadie. En 2022, la Football Association inglesa evaluó seriamente una candidatura conjunta para el Mundial de 2030. Inglaterra posee el torneo de clubes más comercial del mundo, once estadios de Premier League con más de 40 000 asientos y toda la infraestructura necesaria. Aun así, encargó un análisis de viabilidad y la conclusión fue unánime: organizar la Eurocopa ofrecía el mismo retorno de inversión por una fracción del costo. No tiene sentido.
Hoy, el único tipo de país que puede organizar un mundial en solitario es aquel que disponga de petrodólares y escasa rendición de cuentas. Arabia Saudita 2034 tiene un presupuesto proyectado de 50 000 millones de dólares; para ponerlo en perspectiva, el PIB anual de Portugal ronda los 260 000 millones. El país saudí gastará más de la mitad del PIB de un estado europeo entero en un torneo de fútbol de un mes. Marruecos, que coorganiza 2030 junto a España y Portugal, gastará 16 000 millones de dólares en infraestructura. El salario mensual promedio en Marruecos es de aproximadamente 500 dólares. A fines de 2025, 150 000 jóvenes marroquíes salieron a las calles en el llamado movimiento “Génération 212”, organizado a través de TikTok y Discord, exigiendo que ese dinero se destinara a escuelas y hospitales. La FIFA no hizo comentario alguno.
El modelo llegó a su límite. La solución de la FIFA fue buscar víctimas que no puedan negarse: coaliciones de países que reparten el costo, o petroestados que utilizan el Mundial como herramienta de legitimación internacional. Y para disipar cualquier duda sobre la naturaleza de la FIFA, el año pasado Gianni Infantino inventó un premio que nunca antes había existido —el “Premio de la Paz de la FIFA”— y se lo entregó a Donald Trump, en un gesto que, según periodistas que cubren la organización, pareció decisión de un solo hombre sin consulta interna. Infantino acumula cinco visitas a la Casa Blanca en el último año, asistió a una cumbre de paz en Medio Oriente ajena al fútbol y se colocó una gorra de Trump en un evento público. La inversión diplomática rindió frutos: el Departamento de Justicia de Trump archivó el último caso pendiente del FIFA Gate.
El Mundial de 2026 tendrá partidos extraordinarios, goles memorables, drama y sorpresas, momentos que perdurarán por décadas; y mientras eso ocurra, la FIFA generará aproximadamente 11 000 millones de dólares. El país anfitrión con mayor sacrificio fiscal, México, no verá ni un peso de esa suma. Los trabajadores que construyeron Qatar siguen sin justicia. Las investigaciones por fraude en la venta de entradas permanecen abiertas o cerradas sin consecuencias. Infantino ya hace campaña para su cuarto mandato, y el próximo Mundial se organiza en un país donde, apenas unos años atrás, las mujeres no podían conducir. La cuestión no es si esto constituye una estafa —eso ya ha quedado claro—, sino por qué se sigue pagando por ella.
Al final debemos reflexionar acerca de a quien le pertenece el fútbol y a quien debería pertenecerle, la historia nos cuenta que el fútbol se desarrolló en la clase obrera, hoy esa clase obrera no tiene acceso al fútbol. Ha sido despojada del único bien cultural que tenían en comun.
