La Organización de Naciones Unidas (ONU), durante las negociaciones con la administración de Xiomara Castro (2022-2026) para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), recomendaron la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, pero esta no pasó del segundo debate en el Congreso Nacional anterior
Tegucigalpa, Honduras. –La aprobación de una Ley de Colaboración Eficaz, recomendada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el establecimiento de un mecanismo anticorrupción en Honduras, nuevamente se convierte en un tema de relevancia luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recomendara nuevamente su creación como una herramienta clave para fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
La recomendación quedó plasmada en el análisis y opinión jurídica emitida por el pleno de magistrados de la Corte mediante el Oficio PCSJ No. 0181-2026, relacionado con las recientes reformas al Código Penal y Código Procesal Penal aprobadas por el Congreso Nacional.
En el documento, el máximo tribunal de justicia sugirió la aprobación de una Ley de Colaboración Eficaz para acompañar la modificación al artículo 375 referente a las atenuantes en el delito de extorsión, señalando la necesidad de contar con mecanismos que permitan obtener información estratégica para desarticular estructuras del crimen organizado.
No es la primera vez que la Corte Suprema plantea la necesidad de aprobar esta normativa. En agosto de 2017, el pleno de magistrados ya se había pronunciado a favor de una legislación de este tipo y en ese momento fueron presentados dos proyectos ante el Congreso Nacional: uno impulsado por el Consejo de Secretarios de Estado y otro promovido por el entonces diputado Osman Aguilar.
Posteriormente, en 2019, la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) insistió en la necesidad de aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, recomendación que también fue respaldada por organizaciones de sociedad civil y por la Embajada de Estados Unidos en Honduras.
Sin embargo, pese a las reiteradas recomendaciones y sugerencias nacionales e internacionales, la iniciativa ha permanecido estancada por la falta de consensos y voluntad política.
La propuesta ha sido presentada en las últimas tres administraciones del Congreso Nacional sin lograr su aprobación definitiva. La más reciente iniciativa fue introducida en 2022 durante la gestión de Luis Redondo al frente del Poder Legislativo (2022-2026), aunque únicamente avanzó hasta un segundo debate.
La Ley de Colaboración Eficaz es considerada una herramienta orientada al desmantelamiento de redes de corrupción y estructuras del crimen organizado mediante incentivos legales para personas que colaboren con las investigaciones del Ministerio Público.
La normativa contempla beneficios como reducción de penas, criterios de oportunidad o libertades condicionales para personas que hayan participado o presenciado hechos delictivos y que aporten información relevante, verificable y útil para identificar responsables de mayor jerarquía dentro de las organizaciones criminales y redes de corrupción.
En esencia, el modelo busca facilitar la obtención de pruebas y testimonios que permitan a los operadores de justicia llegar a las cabezas de redes criminales y no únicamente a actores de bajo nivel.
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Para el abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, la iniciativa es fundamental para fortalecer el sistema de justicia hondureño.
“Hay que aplaudirla. Creo que es algo que el Congreso Nacional debe estar discutiendo desde hace mucho tiempo y eso es algo muy positivo”, dijo el jurista a un medio capitalino.
No obstante, advirtió que el verdadero reto será garantizar que el contenido de la ley responda al objetivo central de este tipo de mecanismos, como ofrecer garantías reales a personas involucradas en estructuras criminales para colaborar con la justicia a cambio de beneficios jurídicos.
Según Mejía, la normativa debe permitir que quienes formen parte de redes criminales o de corrupción puedan proporcionar información clave para desmontar las estructuras y, especialmente, identificar a quienes las dirigen.
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Por su parte, el abogado y analista político Josué Murillo sostuvo que la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz contribuiría a fortalecer a los operadores de justicia.
Murillo sostiene que el sistema de justicia “históricamente han carecido de herramientas suficientes, respaldo político y recursos adecuados para enfrentar al crimen organizado”.
De igual manera, recordó que la aprobación de esta normativa ha sido una demanda recurrente de diversos sectores ciudadanos y señaló que el país se ha rezagado frente a nuevas modalidades delictivas
A juicio del abogado, el Estado hondureño debe fortalecer a las instituciones encargadas de investigar y perseguir el delito mediante mayor presupuesto, tecnología y herramientas jurídicas modernas.
Josué Murillo consideró que la Ley de Colaboración Eficaz representa precisamente uno de esos instrumentos necesarios para combatir la narcoactividad, el crimen organizado y otras estructuras delictivas complejas.
ONU RECOMENDÓ APROBAR LEY DE COLABORACIÓN EFICAZ
En el marco de las negociaciones para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción en Honduras (CICIH), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Misión del Equipo de Expertos de Naciones Unidas (EdE) sugirieron aprobar una normativa de colaboración eficaz y otra serie de reformas para facilitar el trabajo del mecanismo.
En diciembre de 2022, en el memorándum de entendimiento firmado por el Gobierno de Honduras y la Organización de Naciones Unidas (ONU), establece en la primera fase en el numeral 6 inciso d especifica textualmente “la aprobación de los instrumentos necesarios para el establecimiento en su caso de la figura de colaboración eficaz y aquellos instrumentos que sean necesarios para el ejercicio independiente de la acción penal y pública”.
La finalidad principal es facilitar la búsqueda de la verdad, prevenir futuros delitos y mejorar la eficacia de la persecución penal frente a estructuras criminales complejas.
