Las declaraciones de la designada presidencial, María Antonieta Mejía, dejan en claro que la administración de Asfura Zablah, no impulsará la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción, pese a los compromisos suscritos con sociedad civil durante la campaña electoral de 2025.
Analistas e integrantes de sociedad civil consultados por Criterio.hn exponen la necesidad de una estructura con capacidad de investigación independiente, el oficialismo insiste en impulsar reformas administrativas y políticas públicas anticorrupción desde las instituciones estatales.
Tegucigalpa, Honduras. –El gobierno del presidente, Nasry Asfura Zablah, dejó claro que la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) no forma parte de sus prioridades inmediatas, pese a un compromiso firmados durante la campaña electoral de 2025 con organizaciones de sociedad civil.
Las declaraciones de la designada presidencial María Antonieta Mejía confirmaron el distanciamiento de la actual administración respecto a la posibilidad de impulsar negociaciones con la Organización de Naciones Unidas (ONU) para instalar un mecanismo internacional de combate a la corrupción.
En medio de cuestionamientos por el nombramiento de funcionarios señalados o vinculados a casos de corrupción, así como por la ausencia de una ruta clara de transparencia, Mejía aseguró que el Partido Nacional nunca prometió instalar un mecanismo internacional anticorrupción cuando fungía como oposición entre 2022 y 2026.
“En oposición nunca prometimos la CICIH y nosotros queremos dejarlo bien claro”, declaró la funcionaria a un medio de comunicación televisivo.
La designada sostuvo que el compromiso asumido por el oficialismo se limitó a la firma de acuerdos con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en agosto de 2025, para impulsar políticas públicas orientadas al combate de la corrupción, así como iniciativas legislativas vinculadas a la seguridad y transparencia estatal.
Según Mejía, la administración de Asfura apuesta por fortalecer las instituciones nacionales antes que recurrir a un mecanismo internacional independiente. Estas aseveraciones también son compartidas por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, quien en el pasado figuró entre los principales defensores de la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción y cuestionó al gobierno de Libertad y Refundación (Libre) por, según dijo entonces, carecer de voluntad política para concretarlo.
Sin embargo, ahora, desde su posición al frente del Poder Legislativo y como parte del oficialismo y de la bancada mayoritaria, sostiene que el retorno de una comisión internacional “de nada le va a servir a Honduras”.
“Tenemos que fortalecer todas nuestras instituciones para hacer un Estado de derecho sólido y confiable”, expresó la designada presidencial María Antonieta Mejía.
Las declaraciones de funcionarios y la bancada del Partido Nacional –hoy oficialismo— contrastan con la firma, en agosto de 2025, de un memorándum de entendimiento suscrito por Nasry Asfura y otros candidatos presidenciales con el CNA, en el que se comprometían a impulsar la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.
En dicho acuerdo, los aspirantes reconocían la necesidad de un acompañamiento internacional para enfrentar las redes de corrupción e impunidad que históricamente han operado dentro del aparato estatal hondureño y que han dejado perdidas multimillonarias en varias instituciones.
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La demanda de una CICIH cobró fuerza en 2015 tras el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), caso que provocó movilizaciones masivas conocidas como Marchas de las Antorchas y abrió paso a la instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) que fue auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, en 2021 el Congreso Nacional votó a favor de no renovar el convenio que dio vida a la MACCIH y la falta de avances en las negociaciones posteriores con Naciones Unidas han mantenido en suspenso la creación de un nuevo mecanismo internacional.
Aunque el presidente Nasry Asfura anunció, en febrero de 2026, la elaboración de una nueva Ley de Transparencia y Anticorrupción, sin embargo, no estableció plazos ni una hoja de ruta concreta para impulsar una CICIH.
El mandatario indicó que la iniciativa será trabajada junto a la Procuraduría General de la República (PGR), así como organizaciones de sociedad civil como el CNA y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
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COMBATE A LA CORRUPCIÓN NO ESTA EN LA AGENDA GUBERNAMENTAL
No obstante, sectores sociales y analistas consideran que el enfoque gubernamental apunta más hacia mecanismos preventivos y reformas administrativas que hacia una estructura independiente con capacidad de investigación y persecución penal.
El exdirector del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y de Radio Progreso, Ismael Moreno Coto, interpretó las declaraciones de Mejía como una confirmación de que la lucha contra la corrupción “de raíz” quedó fuera de la agenda estatal.
Moreno señaló que la intención del gobierno de Asfura de apoyarse únicamente en mecanismos nacionales representa, a su juicio, una estrategia superficial que “evita desmontar las estructuras profundas de corrupción e impunidad” que se han afincado en el país.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn el sacerdote jesuita explicó que limitar la estrategia anticorrupción a vínculos con organizaciones nacionales sin impulsar una comisión independiente constituye una forma de mantener protegidas las redes políticas, económicas y criminales que operan desde el Estado.
También cuestionó las posturas recientes del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, quien ha manifestado que no es necesario un mecanismo internacional y que la prioridad debe ser fortalecer la institucionalidad hondureña.
Moreno recordó que durante el período de oposición varios dirigentes nacionalistas exigieron públicamente la instalación de la CICIH y criticaron al gobierno anterior por no concretarla. “Hoy queda establecido que la cúpula del Partido Nacional nunca estuvo de acuerdo con apoyar un mecanismo internacional”, afirmó el entrevistado.
Asimismo, consideró que el rechazo a una comisión internacional independiente no es exclusivo de un solo partido político, sino que involucra a las principales élites políticas y económicas del país.
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En tanto, el director ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, indicó que, aunque el tema de la CICIH no fue central en la campaña electoral de Asfura, sí existió un compromiso formal firmado con el CNA.
En una conversación con este medio digital Irías sostuvo que el contexto internacional también ha cambiado y que actualmente existe menos respaldo político y financiero para impulsar mecanismos internacionales anticorrupción en la región.
En ese sentido, recordó que durante la administración del expresidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) existía una política más favorable hacia iniciativas anticorrupción en Centroamérica, situación que, según dijo, cambió con la reconfiguración geopolítica global y la reducción de fondos de cooperación internacional decretadas por la administración de Donald J. Trump.
Aun así, Irías considera que el principal obstáculo sigue siendo la falta de voluntad política interna para desmontar las estructuras de impunidad. “Lo que refleja es la falta de voluntad política para la lucha contra la corrupción y la impunidad”, manifestó.
De igual manera, advirtió que la estrategia oficial parece centrarse en medidas preventivas y administrativas, dejando de lado el desmantelamiento de los llamados “pactos de impunidad” y las reformas necesarias para facilitar la acción penal contra redes de macro corrupción.
Irías subrayó que la institucionalidad hondureña continúa mostrando graves niveles de fragilidad y dependencia política para investigar actos de corrupción de alto impacto. “La corrupción es un problema estructural, sistemático y sistémico”, expresó.
Añadió que durante los últimos años se han revelado casos de macro corrupción vinculados al financiamiento político –de los partidos Nacional, Liberal y Libre—, recursos públicos y estructuras del crimen organizado, sin que las instituciones nacionales hayan demostrado suficiente capacidad técnica o independencia para enfrentarlos.
Mientras el gobierno insiste en fortalecer la institucionalidad interna y construir una nueva política pública anticorrupción, sectores de sociedad civil continúan cuestionando la ausencia de una voluntad real para instalar un mecanismo internacional independiente que investigue las redes de corrupción enquistadas en el Estado hondureño.
