El fallo judicial contra las 15 acusadas por la masacre de 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), evidencia el nivel de violencia que imperaba dentro del sistema penitenciario hondureño.
Tras un proceso judicial y casi tres años de los hechos, las sentencias contra las responsables materiales contrastan con la falta de resultados en la investigación contra posibles autores intelectuales.
Tegucigalpa, Honduras. –A casi tres años de la masacre de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), un Tribunal de Sentencia condenó a 1,200 años de prisión a cada una de las 15 mujeres privadas de libertad –que pertenecen a la pandilla 18— halladas culpables por los delitos de asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada, asociación para delinquir y porte ilegal de armas y municiones.
La resolución fue emitida por la Sala II del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que encontró responsables a las acusadas por los delitos de asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada, asociación para delinquir, incendio cualificado y porte ilegal de armas (comerciales, prohibidas y municiones).
Pese a la magnitud de las condenas, el caso continúa dejando interrogantes sobre los autores intelectuales de la masacre, quienes permanecen en la impunidad.
Entre las condenadas figuran: Heidy Jackeline Palma Rivera, alias “La Suicida”; Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, alias “La Pichingona”; Francis Margarita Chavarría Ávila; Lourdes Eloísa Barrientos Turcios; Rosa Bertha Marroquín Almendares, alias “La Nena”; María Cristina Cálix Salinas, alias “La Fuga”; Any Dayana Barahona Mejía, alias “La Vagabunda”; y Dania Jakeline Maradiaga Flores, alias “La Inquieta”.
A este grupo se le impuso una pena de 1,288 años y seis meses de prisión por los delitos de asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada, asociación para delinquir e incendio cualificado.
Asimismo, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, alias “La Tafi”; Kenia Patricia Salinas Rivera, alias “La Tremenda”; y Karen Lorena Ávila Pavón, alias “La Flaca Ávila”, fueron condenadas a 1,291 años y seis meses de prisión tras ser encontradas culpables de los delitos de asesinato, asociación para delinquir, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada y porte ilegal de arma de fuego comercial.
De igual manera, Claudia María Lemus Aceituno, alias “Saico”; Cherry Darling Guevara, alias “La Flaca Halloween”; y Susana Godoy Leiva, alias “La Buller”, recibieron una condena de 1,300 años y seis meses de prisión por asesinato, asociación para delinquir, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada y porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido.
A la lista se suma María del Carmen Contreras Castillo, quien fue sentenciada a 1,292 años y seis meses de cárcel por asesinato, asociación para delinquir, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada y porte ilegal de municiones de uso prohibido y comercial.
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TERROR EN LAS CELDAS DE PNFAS
La tragedia ocurrió a eso de las 7:30 de la mañana del 20 de junio de 2023, cuando integrantes de la pandilla Barrio 18 iniciaron un amotinamiento en uno de los módulos donde permanecían recluidas integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), organización rival.
Según las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los hechos fueron ejecutados mediante una acción previamente planificada por un grupo de internas vinculadas a la Pandilla 18, que operaban dentro del centro de reclusión.
La investigación sostiene que las acusadas sometieron inicialmente a agentes penitenciarias utilizando armas de fuego y objetos contundentes, despojándolas del control de varios módulos para posteriormente facilitar el acceso a otras áreas de la prisión.
El ataque derivó en la muerte de 46 mujeres privadas de libertad, de las cuales 25 murieron calcinadas y otras 16 fueron asesinadas a disparos, de acuerdo con informes de la fiscalía.
Los reportes preliminares indicaron que un grupo de integrantes del Barrio 18 encerró a las internas vinculadas a la MS-13 dentro de un módulo y posteriormente le prendió fuego, mientras otro grupo ejecutaba ataques armados contra otras privadas de libertad hasta acabar con sus vidas.
La masacre expuso nuevamente las condiciones de violencia, hacinamiento y control criminal dentro del sistema penitenciario hondureño, así como la limitada capacidad del Estado hondureño para prevenir enfrentamientos entre estructuras criminales rivales recluidas en los centros penales del país.
Luego de los hechos, las autoridades anunciaron intervenciones y medidas extraordinarias en las cárceles del país, incluyendo el traslado de operaciones a manos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), requisas y cambios administrativos dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido –en reiteradas ocasiones— que las acciones implementadas no han logrado desmontar las estructuras criminales que continúan operando desde el interior de los centros penitenciarios.
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La masacre de PNFAS se convirtió en uno de los episodios más sangrientos registrados en una cárcel de mujeres en América Latina y evidenció el nivel de control que mantienen estructuras criminales dentro del sistema penitenciario hondureño.
A casi tres años de los hechos, las condenas representan un avance judicial en la identificación de autoras materiales, pero las víctimas y sus familias continúan exigiendo verdad completa, justicia y el procesamiento de quienes planificaron la masacre de 46 privadas de libertad, desde las estructuras criminales que operan dentro y fuera de prisión.
