Existen muchas formas de corrupción. Algunas son especies de raterismo cotidiano: policías de tránsito que detienen conductores al azar buscando una “mordida”, burócratas que retrasan trámites para inducir pagos, funcionarios que transforman la molestia pública en ingreso privado. Esa corrupción degrada la convivencia, desperdicia tiempo y desvía a las autoridades de sus verdaderas obligaciones. Irrita, abusa, corroe. Y aun no así, no es la peor.
La más grave es la corrupción sistémica: la de los oligopolios, el influyentismo y la corrupción legalizada. Aquella que se enlaza inseparablemente con la alta corrupción política mediante el financiamiento de campañas, la colocación de candidatos, la compra de voluntades legislativas, los favores regulatorios y el acceso privilegiado al poder público. No roba únicamente dinero: captura decisiones estratégicas del Estado y las pone al servicio de intereses particulares. Y mina el orden público que solo puede sostenerse sobre el deber de obedecer la ley.
Debo personificar para explicar mejor. No fue Mel Zelaya quien me enseñó a comprender este mecanismo, sino mi viejo amigo Jaime Rosenthal. No era siempre absolutamente fiel al deber cívico, pero entendía con claridad cómo operaba esta maquinaria que articulaba la empresa privada y el poder político. A esa forma de corrupción pertenece la intención de promulgar un decreto que legitime una negociación tarifaria según la cual el cemento “vence” sesenta días después de ingresar al país. Una operación cuyo barroquismo busca ocultar su propia podredumbre.
Se trata de una carambola jurídica diseñada para proteger a los grandes cementeros y liberar al duopolio nacional de competir con el cemento importado, particularmente el proveniente de China. Así lo han advertido los importadores que rechazan el acuerdo, aunque sin el eco mediático ni la grandilocuencia tropical de ciertos tribunos profesionales del escándalo selectivo. Es malo para el país, decía Yankel el viejo.
El problema excede ampliamente el negocio cementero. En Honduras, el precio del cemento tiene una importancia estratégica. No es solo el costo de un insumo de construcción, sino una variable estructural capaz de influir simultáneamente en el empleo, la vivienda, la inversión, la infraestructura pública, la inflación y el ritmo general de expansión material del país.
En las economías industrializadas, ciertos indicadores —el acero, la energía, el petróleo o, en Corea, los semiconductores— funcionan como termómetros del ciclo económico. En Honduras, el cemento cumple una función análoga. Su comportamiento refleja el dinamismo de la construcción, la inversión inmobiliaria y la obra pública, sectores históricamente decisivos para la generación de empleo y la circulación económica.
La construcción mantiene además un poderoso efecto multiplicador. Cada proyecto habitacional, carretera, edificio comercial o ampliación urbana activa cadenas de transporte, ferreterías, agregados pétreos, hierro, electricidad, acabados, maquinaria, crédito y comercio local. Así, variaciones relativamente pequeñas en el precio del cemento producen efectos amplificados sobre numerosos sectores derivados.
El impacto sobre el empleo es particularmente sensible. La construcción hondureña sigue siendo intensiva en mano de obra. Cuando aumentan los costos del cemento, muchas empresas reducen cuadrillas, retrasan proyectos o suspenden inversiones futuras. Los primeros afectados son albañiles, ayudantes, maestros de obra, transportistas y trabajadores de oficios vinculados. La disminución de sus ingresos reduce el consumo y termina afectando al conjunto de la economía urbana.
La vivienda revela aún con mayor claridad esta relación. Una parte importante de las casas en Honduras se construye progresivamente, por etapas, mediante sistemas familiares o semiformales de autoconstrucción. Por eso, el incremento del cemento no golpea únicamente a los grandes desarrolladores inmobiliarios; afecta también a hogares de clase media y sectores populares.
El encarecimiento de una bolsa de cemento termina trasladándose al precio de bloques, pisos, repellados, prefabricados y estructuras básicas. Finalmente repercute sobre el costo de la vivienda, los alquileres y el acceso al crédito habitacional. Lo que parece un ajuste técnico termina modificando las posibilidades materiales de miles de familias.
El cemento posee igualmente una dimensión estratégica para el Estado. Carreteras, puentes, drenajes, escuelas, hospitales, bordos y pavimentación dependen de este insumo. Cuando sus precios aumentan, el gobierno enfrenta sobrecostos, ampliaciones presupuestarias o reducción de metas físicas en los proyectos. En un país fiscalmente limitado como Honduras, esto deteriora la capacidad de inversión pública y el mantenimiento de infraestructura esencial.
El Valle de Sula tiene una relevancia adicional. La región norte concentra gran parte de la expansión logística, industrial e inmobiliaria del país. Allí el cemento sostiene no solo la vivienda, sino parques industriales, bodegas, corredores logísticos y nuevas urbanizaciones. Cualquier alteración significativa en su precio repercute inmediatamente sobre el valor del suelo urbano, la rentabilidad de los proyectos y el ritmo de crecimiento metropolitano.
Debe añadirse que la producción y distribución de cemento guarda una estrecha relación con los costos energéticos y del transporte. Los incrementos internacionales de combustibles suelen trasladarse rápidamente al precio final del material, ampliando la presión inflacionaria sobre el sector construcción. Y dado que ese mercado permanece concentrado en pocos actores, el asunto adquiere inevitablemente una dimensión regulatoria y política.
Ahí reside el verdadero peligro: cuando la corrupción deja de ser excepción y se convierte en política económica encubierta. Porque entonces las leyes ya no regulan como deben para equilibrar intereses, sino para blindar privilegios. El ciudadano apenas percibe el mecanismo, pero sí padece sus consecuencias: vivienda cara, menos empleo, menor inversión y un Estado incapaz de defender el bien común frente a poderes organizados.
En síntesis, el cemento constituye un componente estratégico del funcionamiento económico nacional. Está ligado al empleo, la urbanización, la infraestructura y la estabilidad del mercado inmobiliario. Observar el comportamiento de su precio permite comprender buena parte del ritmo de expansión física y económica de Honduras.
Hace unas semanas, en un grupo de reflexión estratégica, un técnico lúcido comentó que todavía no extrañaba a LIBRE. Asentí entonces, porque comprendí lo que él quería decir. Pero ahora, cuando se despliega esta clase de corrupción sistémica contra el interés general, empiezo a extrañarlo: a ese partido maltrecho por sus contradicciones, pero que, al menos, no normalizaba esta clase de desvergüenza.
Porque esto es peor que el abuso menor y el raterismo cotidiano. Mucho peor. Desvirtúa el orden.
