Tras la masacre en Rigores, desde el Congreso Nacional plantean declarar terroristas a quienes participen en procesos de recuperación de tierras, mientras analistas advierten riesgos de criminalización contra organizaciones campesinas y defensores de derechos humanos.
Tegucigalpa, Honduras. – Mientras el gobierno apuesta nuevamente por militarizar las calles y endurecer el discurso penal, los recientes hechos de violencia en Rigores, Colón, y Corinto, Cortés, vuelven a exhibir una crisis de seguridad marcada por impunidad, crimen organizado y denuncias históricas de abusos vinculados a fuerzas estatales.
En el enfrentamiento de Corinto, la Policía Nacional pretende sostener que los cinco integrantes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) realizaron, por iniciativa propia un allanamiento en una vivienda vinculada a una estructura criminal, operativo que terminó con su muerte. Como respuesta, las autoridades procedieron a separar a directivos de la DIPAMPCO, en medio de cuestionamientos sobre la veracidad de este extremo.
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La narrativa estatal deja más preguntas que respuestas: ¿cómo una operación para capturar a un supuesto socio del extinto Nemecio “El Mencho” Oseguera Cervantes pudo ejecutarse, según la Policía sin autorización, ¿sin protocolo y sin acompañamiento institucional?
Asimismo, en Rigores, Colón, previo a la masacre se denunciaron incidentes de presuntos abusos de autoridades que incluían ataques armados, quema y robo los productos agrícolas y sus bienes, así como la supuesta colocación de drogas entre los bienes de los campesinos. Tras la masacre, las autoridades tardaron varias horas en llegar a la zona pese a los primeros reportes, lo que provocó que familiares levantaran los cuerpos de las víctimas.
BAJO AGUÁN, INTERVENIDO POR LA AGROINDUSTRIA Y ESTRUCTURAS ARMADAS
Lo ocurrido en la Cooperativa Campesina Paso Aguán en Rigores, Colón, forma parte de una conflictividad histórica en el Bajo Aguán que organizaciones campesinas y sociales han denunciado desde hace más de 30 años. El conflicto se profundizó tras la aprobación de la Ley de Modernización y el Desarrollo del Sector Agricola durante el gobierno de Leonardo Callejas, normativa que frenó la Reforma Agraria mientras la agroindustria acaparó las tierras campesinas.
Carlos Sierra, especialista en seguridad ciudadana del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), señaló que la zona del Aguán además de ser una zona de alta producción agrícola ha sido abandonada por la institucionalidad estatal y dejada en manos de agroindustriales ligados al sector político en el país.
Apuntó que entender la problemática del Bajo Aguán y el departamento de Colón, pasa por conocer las conflictividades que confluyen en esta región que pasan por una reforma agraria inconclusa, que mantiene conflictos históricos entre campesinos y agroindustria por la tenencia de la tierra, la expansión del crimen organizado en una zona estratégica para rutas marítimas y aéreas, así como la débil presencia estatal en materia de seguridad, justicia y servicios públicos.
Andrea Pochak, relatora para Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo a Criterio.hn en 2024 que tras su visita al Bajo Aguán se iba del país “con la sensación de que existe un Estado aquí en Tegucigalpa y un Estado allá [Bajo Aguán], diferente, y que hay que acortar esa distancia”. En esa misma entrevista, Pochak señaló que la presencia de grupos paramilitares en la zona era una muestra del distanciamiento estatal.
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La presencia de grupos armados es un tema de larga data, y durante años, organizaciones campesinas y sociales han denunciado presuntos vínculos entre estos actores, sectores militares y agroindustriales. Sin embargo, ante la fara de investigaciones concluyentes sobre numerosos crímenes registrados en el Aguán, aún no se establece con certeza las responsabilidades directas.
MASACRES Y ENDURECIMIENTO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD
Las masacres en Honduras suelen anteceder medidas de represión que, de no existir un hecho violento de alto impacto, difícilmente serían aceptadas por la población.
Desde el Aguán, organizaciones campesinas y radios comunitarias recuerdan que la masacre de El Tumbador, ocurrida en noviembre de 2010 en tierras explotadas en ese momento por la Corporación Dinant, fue utilizada por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y por Juan Orlando Hernández, entonces presidente del Congreso Nacional, para justificar la militarización de la región, que desde entonces acumula más de 200 asesinatos de campesinos y liderazgos, vinculados a la lucha por la tierra.
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Al inicio de la administración de la expresidenta Xiomara Castro, el asesinato de tres agentes policiales fue la antesala para decretar un estado de excepción que rápidamente se extendió al resto del país y que únicamente fue levantado tras el vencimiento de última prórroga, el 27 de enero, con la llegada del derechista Nasry Asfura al poder.
De hecho, esta mañana, la Policía Nacional publicó un video en el que destaca la presencia de una fila de vehículos tácticos policiales bajo el pretexto de no permitir “impunidad en la muerte múltiple en Rigores, Colón”.
DEL CONFLICTO AGRARIO AL DISCURSO ANTITERRORISTA
Incluso, ayer, tras conocerse la noticia de la masacre, el diputado del Partido Nacional, Marco Paz, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, afirmó que ya analizan declarar terroristas a quienes calificó como estructuras criminales que “identifican cosechas […] para robar el producto”, asegurando que no se trata de campesinos en busca de tierras para cultivar.
Asimismo, desde el Partido Liberal, el congresista Rashid Mejía pidió a la Secretaría de Seguridad a decretar estado de emergencia en materia de seguridad.
El analista Carlos Sierra advirtió que, tras hechos violentos como la masacre en Rigores, suele activarse el discurso sobre estados de excepción, militarización y endurecimiento penal. También alertó que muchas de las medidas de seguridad anunciadas históricamente en el Aguán no terminan aplicándose contra actores señalados por las comunidades como generadores de violencia, entre ellos empresas de seguridad privada, mientras persisten denuncias sobre posibles niveles de complacencia estatal y falta de investigaciones concluyentes sobre los crímenes en la zona.
Todo esto ocurre tres días después de que el Congreso Nacional aprobó la redefinición de la figura de asociación terrorista, así como reformas penales orientadas a ampliar la participación de militares y policías en tareas de seguridad ciudadana. El mismo día de la masacre, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, salió del país por la aduana de El Amatillo rumbo a El Salvador, donde anunció que se reuniría con su homólogo salvadoreño.
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En el caso de la redefinición de la figura de asociación terrorista, analistas advirtieron a Criterio.hn que la reforma apertura el concepto, lo que podría resultar en arbitrariedades en su aplicación, y que incluso podría utilizarse contra asociaciones campesinas, grupos indígenas, organizaciones juveniles, defensores de derechos humanos y gremios profesionales.
El mismo pleno de la Corte Suprema de Justicia emitió la opinión jurídica Oficio PCSJ No. 0181-2026, en el que recomendó improbar varias propuestas y sugirió redacciones alternas, ante las implicaciones internacionales y de derechos humanos que tendría calificar indiscriminadamente a estructuras criminales como “terroristas”.
SEGURIDAD COMO ARGUMENTO CONTRA EL MOVIMIENT CAMPESINO
Desde ya la presión se siente en el Bajo Aguán. Organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos denunciaron que, tras la mascare, comenzó a impulsarse un discurso que busca vincular las recuperaciones de tierra con estructuras terroristas.
Pedro Mejía, abogado de la Plataforma Agraria, advirtió que la narrativa promovida por voceros empresariales y actores políticos pretende responsabilizar al propio movimiento campesino por la violencia ocurrida en la zona y asociar las recuperaciones de tierra con terrorismo.
El abogado alertó que este tipo de discursos históricamente han servido para justificar leyes y políticas de seguridad que terminan siendo utilizadas contra organizaciones campesinas, movimientos sociales y defensores de derechos humanos, más que contra estructuras del crimen organizado.
