Tegucigalpa, Honduras. –El anuncio del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, sobre el despliegue de policías y militares en las calles del país reavivó las alertas de defensores de derechos humanos y analistas, quienes advierten que la profundización de la militarización podría incrementar las violaciones a derechos fundamentales y debilitar aún más las instituciones civiles en el país.
“Policías y militares a las calles. Los militares a las calles porque la gente nos está reclamando seguridad, hoy queda autorizado”, expresó Zambrano tras una reunión con líderes religiosos en el Poder Legislativo donde se firmó un convenio con organizaciones religiosas para abrir los canales legislativos y transmitir contenido o cultos religiosos.
Sin embargo, organismos nacionales e internacionales sostienen que el uso permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana representa un retroceso democrático y una amenaza para el Estado de derecho.
En reiteradas ocasiones la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) ha advertido en diversos informes –publicados entre 2023 y 2025 durante el estado de excepción en la administración de la expresidenta Xiomara Castro— que involucrar a militares en labores policiales, penitenciarias y de control social incrementa el riesgo de abusos y debilita la institucionalidad civil.
Entre las principales preocupaciones señaladas por el organismo figuran las detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y restricciones desproporcionadas a libertades fundamentales bajo estados de excepción prolongados.
Asimismo, la oficina de Naciones Unidas ha alertado sobre el impacto que estas políticas tienen en conflictos agrarios y socioambientales, señalando que la militarización aumenta el riesgo para defensores del territorio y facilita la criminalización de la protesta social.
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Para el analista y sociólogo Engel López, el fortalecimiento del rol militar forma parte de una estrategia regional que puede derivar en formas autoritarias de control social.
Durante una conversación con Criterio.hn el analista explicó que los procesos de militarización de la sociedad son un indicativo de la incapacidad del Estado de mantener el orden y la seguridad de la población a través de políticas sociales.
López sostuvo que la violencia y la criminalidad “no pueden enfrentarse únicamente desde la lógica punitiva y militar”, sino mediante respuestas estructurales desde el ámbito institucional y social.
También cuestionó la confianza pública en las Fuerzas Armadas (FF.AA.), argumentando que múltiples informes nacionales e internacionales han señalado vínculos de sectores militares con redes de criminalidad organizada.
A criterio del analista, la militarización termina debilitando el tejido social y promoviendo un ambiente de miedo e incertidumbre entre la población. La militarización rompe con las dinámicas de integración y cohesión social”, indicó el entrevistado.
López vinculó además el despliegue militar con las recientes reformas al Código Penal y Procesal Penal aprobadas el pasado 18 de mayo de 2026, en el Congreso Nacional y con el anunció de la construcción de nuevas cárceles en el país.
Durante la sesión del 18 de mayo, el pleno del Poder Legislativo aprobó una serie de reformas en la normativa penal orientadas a endurecer penas en delitos de extorsión y declarar como organizaciones terroristas a las maras y pandillas.
Las modificaciones se realizaron a los artículos 272, 373,374, 375, 415, 473, 522 y 587 del Código Penal. También se modificaron el 237-A y 284 del Código Procesal Penal.
“Un punitivismo populista se ha puesto en marcha”, expresó, al considerar que las medidas buscan imponer nuevas formas de convivencia alejadas de principios democráticos.
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En tanto, el coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, afirmó que Honduras nunca completó un verdadero proceso de control civil y saneamiento de las Fuerzas Armadas tras las décadas de represión política.
En una entrevista brindada a este medio digital el integrante de Ciprodeh recordó que, después de las reformas impulsadas en los años noventa, distintos gobiernos continuaron ampliando la participación militar tanto en la seguridad pública como en estructuras estatales.
Según Sierra, las administraciones de Ricardo Maduro Joest (2002-2006), Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022) profundizaron la presencia de militares en tareas civiles, una tendencia que, asegura, continúa en la actualidad que “esta colocando en funciones estratégicas y muy delicadas a las Fuerzas Armadas”.
Advirtió que uno de los principales riesgos es repetir escenarios de las décadas de 1970, 1980 y 1990, cuando los militares actuaban con amplio poder e impunidad dentro del aparato estatal.
A juicio de Sierra, recurrir nuevamente a las Fuerzas Armadas para enfrentar problemas estructurales representa una solución “inmediatista” que no ataca las causas profundas de la violencia y que terminan generando graves violaciones a los derechos humanos.
A lo largo de los años las organizaciones de derechos humanos han enfatizado en que la seguridad pública debe estar dirigida por instituciones civiles especializadas y fortalecidas, en lugar de profundizar la presencia militar en la vida cotidiana.
