Congreso Nacional analizará reformas al Código Penal para endurecer penas en el delito de usurpación mientras organizaciones alertan retroceso en derechos territoriales
La discusión legislativa enfrenta posturas entre quienes defienden la seguridad jurídica y quienes consideran que las reformas profundizarán la persecución contra defensores del territorio.
Cespad y observatorios territoriales alertan mayor judicialización contra campesinos y pueblos originarios ante posibles reformas al delito de usurpación, que en el pasado ha sido utilizada para procesar a personas vinculadas a conflictos históricos por la tierra.
Tegucigalpa, Honduras. –El Congreso Nacional analiza discutir una serie de reformas orientadas a endurecer las penas del delito de usurpación, en medio de un debate que enfrenta la defensa de la propiedad privada y la recuperación de tierras.
Organizaciones defensoras del territorio y juristas advierte sobre un posible aumento en la criminalización contra quienes se oponen a estas medidas por considerarlas lesivas para las organizaciones campesinas y pueblos originarios, que necesitan tierras para cultivar.
La iniciativa es impulsada desde la Comisión de Seguridad del Legislativo, como una solicitud del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), y contempla reformas a la Constitución, la Ley de Reforma Agraria y la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, bajo el argumento de fortalecer la seguridad jurídica frente a las “invasiones de tierras” de vocación agrícola.
El diputado liberal e integrante de la Comisión de Seguridad, Alex Berrios, aseguró que desde el Congreso existe disposición para impulsar reformas encaminadas a endurecer las penas por el delito de usurpación, si estas resultan necesarias para combatir “las ocupaciones ilegales de tierras”.
Enfatizó que el delito de usurpación ya está tipificado en el Código Penal y corresponde al Ministerio Público actuar en los casos denunciados, tras las investigaciones realizadas por la autoridad policial.
Durante una entrevista brindada a un noticiero capitalino el congresista solicitó al fiscal general, Pablo Emilio Reyes, emplear “toda la fuerza del Estado para perseguir este delito”, al referirse a las más de 31 mil manzanas de tierra agrícola que, según sectores empresariales y autoridades, han sido invadidas en diferentes regiones del país.
Berríos recordó que el delito de usurpación no forma parte del paquete de reformas penales recientemente aprobado, aunque afirmó que durante la administración de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026) se generó un ambiente que, a su criterio, incentivó tomas de tierras por parte de grupos organizados.
“Casi motivaba a grupos estructurados a usurpar tierras. En ese sentido es bueno que esto se vaya limitando y sobre todo normalizando porque no es justo que una persona reciba dentro de su propiedad a personas ajenas con ánimo de dueño”, aseveró el legislador.
De igual manera, insistió que la protección de la propiedad privada es clave para enviar un mensaje de confianza tanto a nivel nacional como internacional para mantener a Honduras como un país “que respeta la seguridad jurídica y la propiedad privada se respeta”.
Lea: Campesinos se movilizan mientras gobierno analiza endurecer delito de usurpación
CNDS SOLICITA REFORMAS AL DELITO DE USURPACIÓN
Durante la primera reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), celebrada el pasado 14 de abril de 2026, incluyera entre sus prioridades el fortalecimiento de la seguridad jurídica frente a la usurpación.
El titular de la Secretaría de Prensa, José Argueta Padilla, dijo a medios de comunicación que durante la sesión del CNDS se discutió el mapeo de conflictos de tierras y la coordinación entre instituciones de seguridad para atender este fenómeno.
“Se habló sobre el fortalecimiento de la seguridad jurídica en tema de propiedad privada para enfrentar el delito de usurpación y brindar certeza a las inversiones”, indicó el funcionario.
Posteriormente, tras una movilización de campesinos y sector agrario en conmemoración al Día Internacional de las Luchas Campesinas, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, advirtió que se aplicará el delito de usurpación en los conflictos por tierras y anunció la creación de una mesa legislativa para abordar el problema.
De interés: Congreso impulsa penas más severas contra la extorsión, analistas sostienen que medida no disuade el delito
ENDURECIMIENTO DE PENAS POR DELITO DE USURPACIÓN, AUMENTARÁ LA CRIMINALIZACIÓN
A juicio de organizaciones defensoras de derechos humanos y juristas consideran que el endurecimiento de estas medidas podría agravar la criminalización de comunidades campesinas y defensoras del territorio.
La abogada constitucionalista y defensora de derechos humanos, Reina Rivera Joya, recordó que durante la administración pasada varias organizaciones campesinas impulsaron la eliminación del delito de usurpación del Código Penal, argumentando que los conflictos sobre tierra deben resolverse en el ámbito civil y no en la penal.
“Hay estándares internacionales y recomendaciones al país al respecto”, señaló la jurista, quien indicó que la eliminación del delito de usurpación enfrentó oposición del sector empresarial y una parte de los diputados que integraron el Congreso Nacional anterior (2022-2026).
Durant una entrevista brindada a Criterio.hn la jurista cuestionó que el delito de usurpación no sólo permanezca en la legislación penal, sino que también pueda ser conocido por jurisdicciones especiales vinculadas al crimen organizado, y no por tribunales civiles.
Por otro lado, alertó que la combinación entre usurpación y las recientes reformas sobre el delito de terrorismo podría derivar en condenas extremadamente severas para líderes comunitarios, patronatos o movimientos campesinos.
Explicó que acciones de protesta social como la toma de carreteras podrían interpretarse como coerción o violencia bajo la nueva normativa, permitiendo la aplicación simultánea de delitos de terrorismo y usurpación.
En ese sentido, mencionó que las penas por terrorismo oscilan entre 15 y 20 años de prisión, además de multas de hasta 2,000 días de salario, mientras que asociaciones u organizaciones podrían enfrentar condenas de 10 a 15 años.
Las preocupaciones también fueron expuestas por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) y el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras, que advirtieron sobre los riesgos de profundizar la judicialización de campesinos y defensores territoriales.
En un comunicado ambas organizaciones señalaron que desde las reformas penales aprobadas entre 2019 a 2021 ya se han utilizado figuras como usurpación, daños agravados y asociación ilícita para procesar judicialmente a personas involucradas en ocupaciones pacíficas y disputas históricas por la tierra.
Asimismo, alertaron que el discurso de “seguridad jurídica” ha servido históricamente para priorizar la protección del sector privado por encima de los derechos colectivos relacionados con el acceso y la posesión de la tierra.
Las organizaciones sostienen que la figura de usurpación ha sido aplicada especialmente en territorios vinculados a proyectos extractivos y monocultivos, muchos de ellos señalados por conflictos sociales y denuncias de corrupción.
