La iniciativa impulsada por la Secretaría de Seguridad y el Congreso Nacional, busca ampliar las facultades de persecución penal y elevar hasta prisión perpetua las condenas por extorsión con resultado de muerte, aunque analistas advierten que las medidas de “mano dura” no atacan las causas estructurales de la violencia y la criminalidad.
El paquete de reformas al Código Penal y Procesal Penal, refuerzan la participación militar en seguridad pública, en medio de advertencias de organizaciones de derechos humanos sobre posibles abusos y criminalización.
Tegucigalpa, Honduras. – El Congreso Nacional se apresta este lunes 18 de mayo a ratificar un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a endurecer penas en delitos de extorsión y declarar como organizaciones terroristas a las maras y pandillas, una estrategia que a juicio de defensores de derechos humanos catalogan como el alineamiento a las políticas de seguridad de Estados Unidos.
La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Seguridad y el Poder Ejecutivo, busca ampliar las facultades de investigación y persecución penal contra quienes colaboren con estructuras criminales mediante transferencias, depósitos bancarios, billeteras electrónicas o mecanismos vinculados al lavado de activos.
La modificación a la normativa penal establece que la responsabilidad penal dejaría de recaer únicamente en quien ejecuta amenazas o cobros directos, para extenderse también a las personas que participen en la cadena financiera del delito, incluyendo prestanombres y quienes faciliten cuentas bancarias o identidades para mover dinero ilícito.
Los cambios al Código Penal y Procesal Penal responden al crecimiento de modalidades digitales utilizadas para el cobro de extorsión por estructuras criminales para ocultar rastros financieros, especialmente mediante billeteras electrónicas abiertas con documentos ajenos o identidades falsas.
Actualmente, el artículo 373 del Código Penal castiga la extorsión con penas de entre 10 y 15 años de prisión. Con la reforma, la condena aumentaría de 15 a 20 años y se incorporaría la prisión perpetua cuando la víctima fallezca como consecuencia del delito.
Además del incremento de la pena base, el proyecto amplía de cuatro a diez el catálogo de agravantes contempladas en el artículo 374, lo que podría elevar las condenas hasta aproximadamente entre 20 y 26 años de prisión cuando concurran circunstancias específicas.
Entre las nuevas agravantes se incluiría: el cierre del negocio afectado como consecuencia de la extorsión, la reincidencia y el aprovechamiento de relaciones familiares o laborales de la víctima para cometer el delito.
Asimismo, se contempla sanciones más severas cuando los extorsionadores se hagan pasar por policías, investigadores o funcionarios públicos para intimidar a las víctimas, así como en casos donde la estructura criminal coordine o administre los cobros desde el extranjero, aunque la extorsión se ejecute dentro del territorio hondureño.
Como parte de las medidas de seguridad, Zambrano Molina anunció la creación de una fuerza integrada por organismos de seguridad, investigación e inteligencia para coordinar operativos en las zonas con mayores índices de criminalidad.
Durante una comparecencia ante medios de comunicación el titular del Legislativo aseguró que la estrategia incluirá saturaciones policiales y coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), lo que implicaría la militarización de la sociedad.
“Se fortalecerá la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en coordinación con la Policía Nacional”, según su argumentó la población exige “una lucha fuerte y frontal” contra la criminalidad.
Además, adelantó que el decreto autorizaría al Poder Ejecutivo a gestionar financiamiento, préstamos o emisión de bonos para la construcción de nuevos centros penales ante el problema de hacinamiento penitenciario.
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AUMENTO DE PENAS NO DISUADE COMISIÓN DE DELITOS
No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos y centros de investigación cuestionan la efectividad de las medidas y advierten que podrían derivar en violaciones a derechos fundamentales y en la criminalización de sectores sociales.
Carlos Sierra, coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), dijo a Criterio.hn que las reformas penales o el aumento en las penas por delitos de extorsión, por sí solas no generan una reducción de la criminalidad.
“El endurecimiento de penas puede generar más capturas, pero no disminuye el fenómeno criminal”, sostuvo Sierra, quien recordó que Honduras ya implementó políticas similares a inicios de los años 2000 sin lograr frenar la violencia.
Sierra explicó que la experiencia regional demuestra que las estrategias exclusivamente coercitivas suelen derivar en violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias, especialmente cuando las tipificaciones penales son amplias o ambiguas.
En ese sentido, mencionó el caso de El Salvador, donde miles de personas han sido detenidas bajo acusaciones de vínculos con pandillas y terrorismo, situación que ha sido documentada por organismos internacionales de derechos humanos y medios de comunicación independientes en esa nación centroamericana.
El defensor de derechos humanos señaló que otro elemento para lograr la reducción de la criminalidad es la adecuación de estrategias integrales como la implementación de programas de recuperación de espacios públicos para poder disminuir la criminalidad y la violencia.
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En esa misma línea se expresó la investigadora de asuntos de seguridad del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Mirna Flores, al señalar que el endurecimiento de penas no ha dado resultados en el pasado porque no ataca las causas estructurales de la violencia y la criminalidad.
“Las medidas de mano dura no reducen el fenómeno de la extorsión porque este problema no se limita únicamente a las maras y pandillas”, manifestó a este medio digital.
Flores, quien recordó que históricamente distintos gobiernos han recurrido a reformas similares sin lograr resultados sostenibles. En ese sentido, mencionó que en durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022) y de la exmandataria Xiomara Castro Sarmiento (2022-2026) se impulsaron proyectos para reformar el Código Penal y Procesal Penal, así como, declarar como organizaciones terroristas a las maras y pandillas.
Mientras el oficialismo defiende las reformas como una respuesta urgente frente a la extorsión y el crimen organizado, sectores críticos sostienen que las medidas podrían profundizar prácticas de militarización y ampliar facultades estatales sin garantizar una reducción real de la violencia.
