Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
No se ha resuelto fácilmente el tema de la energía en ningún lado, menos aún por decreto, invocando dogmas, o por arte de magia.
Honduras enfrenta un problema gravísimo con la electricidad y es imperativo resolverlo. No solamente pagamos una energía más cara que varios países vecinos, afectando la competitividad de la economía y golpeando a la población; su disponibilidad es inestable y se ha dejado sin cobertura suficiente a importantes áreas y sectores. Muchos hondureños todavía cocinan con leña, se iluminan con velas. El país no puede seguir arrastrando indefinidamente esa pérdida.
Por supuesto, el problema de la ENEE es grave y debe verse de frente. Un Estado no siempre es el mejor administrador de una industria compleja y, en el caso de la ENEE, ha habido largamente abusos políticos, clientelismo y corrupción evidentes. También parece indispensable atraer recursos frescos que el gobierno no tiene.
Pero cuando se plantea como un axioma que privatizar constituye la solución inevitable, empiezan también los olvidos históricos.
Se olvida, primero, que el primer sistema eléctrico hondureño fue precisamente privado, fragmentario y puramente mercantil. Era el sistema ligado a las bananeras, a la Rosario Mining Company y a empresarios como Washington Valentine —llamado en su momento “King of Honduras”—. Las numerosas empresas particulares y municipales de aquella época prestaban servicio únicamente en las zonas más rentables y a precios inaccesibles para la mayoría de la población. Ese sistema no resolvió el problema nacional de la energía.
Por ello, con amplio apoyo, el gobierno de la Primera Junta Militar decidió en 1957 crear la ENEE, con el propósito de construir un sistema energético nacional que permitiera superar esas limitaciones e impulsar el desarrollo y la industrialización del país.
También olvidan los piadososo de la privatizacion que la ENEE funcionó razonablemente durante varias décadas y realizó enormes inversiones en infraestructura: represas, líneas de transmisión y redes que constituyen todavía hoy la armazon baasica del sistema energético nacional. Más tarde, desde los años ochenta, la generación comenzó a privatizarse parcialmente desde los 1880s y se separaron distintos componentes del sistema, produciendo distorsiones que todavía arrastramos y una gran dificultad para coordinar.
La historia no es una receta automática tampoco, pero sí es advertencia. No te dice que hacer, para eso se ocupa vision, pero te advierte que cosa no hacer.
Históricamente, los procesos acelerados de desarrollo han requerido sistemas energéticos coordinados y bajo una fuerte conducción pública, aunque hayan incorporado inversión y participación privadas. El punto no ha sido la pureza ideológica de un modelo, sino su capacidad para producir energía suficiente, estable y ampliamente accesible.
El problema, además, no se reduce a quién sea propietario de una empresa.
Nuestro sistema energético padece problemas complejos: dependencia excesiva de combustibles importados, desigualdad regional en el acceso y calidad del servicio, vulnerabilidad climática, pérdidas técnicas, robo, redes deterioradas, burocracia politizada, corrupción, clientelismo y presiones de grupos económicos poderosos que durante años han capturado al Estado mediante contratos y privilegios de crony.
Por eso el problema rara vez es una persona determinada, un presidente o un ministro.
Guillermo Peña representa una corriente intelectual coherente y legítima, identificada con las ideas libertarias y promotora de la reducción de la función estatal. No necesito agraviarlo para disentir de sus premisas. Discuto la afirmación de que no constituye función del Estado proveer un sistema energético nacional y la de que rescatar una empresa pública para asegurar un bien publico es simple romanticismo.
Las funciones del Estado no están escritas en piedra. Cambian con la historia, sus circunstancias y con las necesidades concretas de una sociedad. Mañana seran distintas de lo que fueron ayer. Honduras no ha despegado.
Y cabe entonces una pregunta muy sencilla: hoy ¿consideran los promotores de la privatización que garantizar que un estudiante pobre pueda estudiar en su casa después del anochecer, que una escuela pública tenga iluminación, acceso a agua y medios pedagógicos modernos, constituye una función pública? ¿Les interesa el desarrollo humano del país?
Porque si no, viven en el siglo equivocado, y si la respuesta es afirmativa, entonces la energía deja de ser una mercancía cualquiera y se convierte en una condición básica del desarrollo nacional. Del mismo modo que ningún país deja enteramente al mercado la seguridad pública, el agua potable o la educación, tampoco puede asumir que el suministro energético constituye una mercancía ordinaria. Se trata de una infraestructura habilitante del desarrollo nacional.
La energía condiciona la seguridad del Estado, determina la inversión, influye sobre la estabilidad social y sostiene los servicios públicos fundamentales: agua, educación, salud, iluminación y seguridad. Ninguna nación en desarrollo puede prescindir de ello.
Lo importante, entonces, no es repetir recetas de dudoso origen ni ignorar la complejidad mediante una retórica populista. La cuestión verdadera consiste en establecer qué combinación de Estado y mercado produce un sistema energético más confiable, equitativo y eficiente.
Porque no se trata de un acto de fe ideológica de cualquier signo ni de una norma religiosa o una promesa de mago. Se trata de lo que la historia permite observar para formular una vision de futuro.
Honduras necesita energía; no magia ni dogma.
