La movilización ocurre mientras la administración de Nasry Asfura analiza acciones para reforzar la “seguridad jurídica” de la agroindustria en conflictos de tierras, un punto que organizaciones campesinas cuestionan por su impacto en las comunidades.
Portada: Geovanny Canahuati/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – Mientras el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad perfila medidas para endurecer la aplicación del delito de usurpación, más de trescientas personas del movimiento agrario llegaron a la capital hondureña en el Día Internacional de las Luchas Campesinas para exigir acceso a la tierra, reforma agraria integral y el fin de los desalojos y la criminalización.
Los manifestantes iniciaron el recorrido a las 8:00 de la mañana en el Parque La Libertad, pasando por el Congreso Nacional, el Instituto Nacional Agrario (INA) y finalizando en Casa Presidencial. A esta manifestación se sumaron plantones en el desvío de Braulio, en Colón; en el desvío de El Conejo sobre la carretera CA-5; y en Siguatepeque, Comayagua.
Aglutinadas en la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras, más de 30 organizaciones de base reclamaron justicia social y acceso a la tierra, y denunciaron la persistencia de profundas desigualdades en el campo, la concentración de la tierra y la exclusión histórica de las comunidades frente a los intereses de la agroindustria.
Jhonny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, señaló que la movilización busca visibilizar lo que calificó como una política de despojo y alertó que eventuales desalojos masivos profundizarían la pobreza y la conflictividad en el país.
En esa línea, Pedro Mejía, abogado de la Plataforma Agraria, indicó que el posible endurecimiento del delito de usurpación y la flexibilización de desalojos intensificarían la criminalización del movimiento campesino e indígena, al utilizarse como herramientas para intimidar, judicializar y despojar de la tierra a las comunidades.
Wendy Cruz, de la Vía Campesina, planteó que el endurecimiento de la figura de la usurpación agravará la carga sobre las mujeres campesinas, quienes enfrentan una “triple jornada” al sostener la producción, el hogar y la defensa del territorio en contextos de criminalización.
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Justo la noche del martes 14 de abril, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se reunió por primera vez y, de acuerdo con el secretario de prensa, José Argueta, entre los temas discutidos está el fortalecimiento de la seguridad jurídica frente a la usurpación, que incluye el mapeo de conflictos de tierras y la coordinación entre instituciones de seguridad.
Tras la movilización, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, amenazó con aplicar el delito de usurpación en conflictos por tierras y anunció una mesa legislativa para abordarlos. En un intento por aparentar justicia, Zambrano aseguró qe no abandonarán a los campesinos que “legítimamente buscan acceso a la tierra”, aclarando que no se permitirá la vulneración de la propiedad privada.
A través de un comunicado, la Alianza Campesina denunció que Honduras lejos de saldar deudas históricas, enfrenta una reconcentración del poder impulsada por el Partido Nacional, en alianza con el Partido Liberal y partidos bisagra, con respaldo de Estados Unidos, que favorece a las élites económicas y debilita el rol del Estado en perjuicio de las mayorías rurales.
Wendy Cruz, de la Vía Campesina, cuestionó el uso del concepto de “seguridad jurídica”, al señalar que se aplica de forma desigual para favorecer a inversionistas, mientras se ignora el derecho de las comunidades campesinas e indígenas a la tierra. En ese sentido, sostuvo que la seguridad jurídica debe garantizarse para toda la población y no solo para los grandes actores económicos.
Leonel George, defensor del ambiente y el territorio, que fue acusado por usurpación en el caso promovido por la empresa minera Inversiones Los Pinares, del Grupo Emco Holding, instalada irregularmente en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, sostuvo que el endurecimiento de este delito busca intimidar la lucha por la tierra y denunció que la “seguridad jurídica” se utiliza para justificar el despojo de comunidades en favor de intereses empresariales.
El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) alertó, a través de un comunicado, que endurecer el delito de usurpación agrava la criminalización del conflicto agrario al convertir disputas por la tierra en delitos y privilegiar intereses privados sobre derechos colectivos.
“La evidencia documentada muestra que la figura de usurpación ha sido aplicada como instrumento de persecución judicial especialmente en zonas vinculadas a proyectos extractivos y de monocultivo con antecedentes de corrupción y que responden a una crisis estructural”, señaló la organización.
Las movilizaciones de este miércoles se suman a una jornada previa de protestas protagonizadas por distintos sectores de la sociedad hondureña. Un día antes, organizaciones garífunas presionaron a la Corte Suprema de Justicia por fallos incumplidos, mientras colegios profesionales y sindicatos se movilizaron contra el gobierno de Nasry Asfura por despidos y cierres institucionales.
En Honduras, el delito de usurpación está tipificado en el Código Penal como la ocupación ilegal de un bien inmueble, con penas que fueron endurecidas en el último año de la segunda administración (2018-2022) del narco expresidente Juan Orlando Hernández, de la misma línea partidaria conservadora de Asfura, el Partido Nacional.
La reforma del Decreto 93-2021 significó el incrementó de las sanciones y habilitaron desalojos preventivos en plazos cortos, lo que ha generado críticas de organizaciones sociales que advierten que su aplicación no distingue entre conflictos agrarios históricos y ocupaciones ilegales, y que ha sido utilizado en disputas por la tierra vinculadas a proyectos extractivos y agroindustriales.
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