Nasry Asfura recicla a funcionario de Juan Orlando Hernández salpicado por corrupción, junto al exmandatario, en el manejo de fondos de la Tasa de Seguridad y que fue pieza fundamental en el Consejo de Defensa y Seguridad.
Desde ya se advierten desalojos de tierras, haciendo uso del delito de usurpación tipificado en el Código Penal.
Tegucigalpa, Honduras. –En medio de recientes movimientos en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que se alineó estas instituciones al oficialismo, el gobierno de Nasry Asfura Zablah instaló la primera sesión del cuestionado Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), desde donde se aprobó una serie de medidas orientadas a combatir la extorsión, los femicidios y la inseguridad jurídica.
La reunión, realizada el martes 14 de abril de 2026 y que se extendió hasta altas horas de la noche, marcó el inicio de una “nueva ruta de acción en materia de seguridad”, según dijo, a medios de comunicación, el secretario de Prensa, José Argueta Padilla.
Esa misma noche fue electo Carlos Roberto Aldana Zelaya como nuevo titular de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), cargo que ya había ocupado durante el primer gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018), sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos vinculados al tráfico de armas y drogas e indultado en diciembre de 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump.
Aldana Zelaya fue pieza fundamental del CNDS durante la administración de Hernández. Ahora retorna al mismo cargo pese a aparecer, junto a Hernández y una larga lista de exfuncionarios denunciados, en 2023, por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por el manejo injustificado de más de 307 millones de lempiras destinados a la compra de pasajes aéreos, vehículos blindados, vuelos chárter, alimentación, entre otros conceptos.
Los funcionarios, entre los que figuran el expresidente del Congreso Nacional, Maurio Oliva; el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés; el exfiscal general de la república, Óscar Chinchilla, entre otros integrantes del CNDS y del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, participaron en un esquema corrupto en el manejo de fondos de la llamada Tasa de Seguridad Poblacional.
En la misma sesión también se designó al director adjunto y a los responsables de la Unidad de Protección de Altos Funcionarios del Estado, cuyos nombres no fueron revelados por temas de seguridad, según el secretario de Prensa, José Argueta Padilla.
La activación del CNDS surge a pocos días de la destitución del fiscal general de la República, Johel Zelaya y la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando. Ambos cargos, que forman parte de la integración del CNDS, han sido ocupados por funcionarios afines al oficialismo.
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JOH impulsor del CNDS
La Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa fue aprobada en el 2011 cuando Juan Orlando Hernández, presidía el Congreso Nacional, bajo el decreto legislativo 239-2011, publicado en el diario oficial La Gaceta el 11 de diciembre de 2011, cuando entró en vigencia el CNDS, el cual rige y otorga el control absoluto de la institucionalidad al presidente o presidenta de la república y está integrado por los titulares del Poder Legislativo, del Poder Judicial, el fiscal general, y los secretarios de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena).
Durante la administración pasada, el Congreso Nacional recibió dos iniciativas encaminadas una para la derogación y otra para reformar la Ley del CNDS, sin embargo, ninguna alcanzó los votos necesarios.
El 17 de agosto de 2022, el Poder Ejecutivo –presidido por Xiomara Castro — remitió al Poder Legislativo una propuesta orientada a modificar la normativa vigente del CNDS y establecer un nuevo marco regulatorio para este órgano. Sin embargo, el proyecto encontró resistencia en las bancadas opositoras (Partido Liberal y Partido Nacional), que rechazaron su contenido.
Meses después, la diputada liberal Maribel Espinoza, presentó una iniciativa orientada a derogar el CNDS, pero la misma no avanzó. El proyecto proponía desmontar la estructura actual del CNDS y crear un nuevo estamento que, según sus impulsores, permitiría fortalecer la independencia de los poderes del Estado. Durante las dos administraciones de Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), este órgano fue utilizado de manera autoritaria alrededor de la figura presidencialista.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) fue creado con base al artículo 287 de la Constitución de la República, la cual dice de manera textual “créase el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad; una ley especial regulará su organización y funcionamiento”.
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Prometen fortalecer la persecución del delito
De acuerdo, con el portavoz presidencial, uno de los principales acuerdos fue impulsar un paquete de reformas al Código Penal para fortalecer la persecución del delito de extorsión, considerado uno de los flagelos que más afecta a la población y al sector productivo del país.
José Argueta Padilla explicó que también se discutió un proyecto de ley para incrementar las penas en casos de femicidio, señalando un compromiso gubernamental de reforzar la protección a las mujeres y enfrentar la violencia de género con mayor severidad.
“Estamos claros de que es un problema que no puede seguir tratándose con tibieza. Las penas deben ser las más altas posibles”, afirmó el vocero, quien indicó que el proceso aún requiere la participación de especialistas y del Congreso Nacional para su eventual aprobación.
Durante la sesión del CNDS, también se abordó la revisión del régimen de medidas sustitutivas de la prisión, incluyendo la implementación de grilletes electrónicos como mecanismo de control.
Otro de los puntos discutidos fue la reactivación de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, concebida como un espacio clave para articular a las instituciones encargadas de la investigación y persecución del delito.
Y pese a que el narcotráfico es uno de los problemas más álgidos en Honduras, en el seno de la primera reunión del CNDS, al parecer, no se abordó, según el resumen proporcionado por el secretario de Prensa, pues en ningún momento destacó la temática.
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Delito de usurpación, el instrumento para criminalizar
En paralelo, se plantearon acciones para “fortalecer la seguridad jurídica” en materia de propiedad privada, con énfasis en combatir el delito de usurpación, figura penal con la que se ha criminalizado a defensores del territorio, una problemática que, según las autoridades, afecta particularmente a inversionistas nacionales y extranjeros.
Argueta Padilla señaló que se realizará un diagnóstico integral con el Instituto de la Propiedad (IP) y entes de seguridad del Estado, para identificar los principales focos de conflictividad en la tenencia de tierras y diseñar mecanismos legales e institucionales para enfrentarlos.
El funcionario también adelantó que se están evaluando ajustes en la estrategia de seguridad, aunque evitó brindar detalles al señalar que algunas decisiones no pueden hacerse públicas por razones operativas.
La conflictividad agraria por la tenencia de la tierra es parte fundamental de la agenda del gobierno nacionalista, de hecho, este jueves tras una movilización de plataformas campesinas, que denunciaban la políticas de despojo del gobierno, el presidente del Congreso Nacional advirtió con desalojos de tierras.
Sin mencionar la figura jurídica a utilizar para efectuar los desalojos, Zambrano, hizo alusión al delito de usurpación tipificado en el Código Penal.
