Tegucigalpa, Honduras. – Alrededor de las 10 de la mañana del martes 16 de junio de 2026, bajo un sofocante sol, se congregaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) varios movimientos sociales, campesinos, indígenas y feministas a la defensa de las familias y sus tierras ancestrales, y manifestar su rechazo y exigir mediante un hábeas corpus para que se declare inadmisible la lesiva Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.
Familias completas que tienen sus casas desde hace muchos años son a diario removidos por la fuerza, la amenaza y hasta el asesinato en Honduras, por las entidades que deberían garantizar seguridad y justicia, con el afán de obedecer la entrega de los territorios y las tierras a los intereses privados, dando también potestad a la Policía Nacional para accionar en contra de los pobladores que se opongan o hagan protestas.
Se presentó el recurso constitucional del hábeas corpus en su modalidad preventiva de manera colectiva, para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de la Sala de lo Constitucional de manera inmediata nombre jueces ejecutores en 217 territorios, sobre los cuales se ha presentado el Hábeas Corpus, con la finalidad de prevenir las violaciones a los derechos humanos que han ordenado el anteproyecto de ley que favorece la agroindustria.
La controversial ley, en su Artículo 5, 6 y 8, establece la obligatoriedad que tiene la Policía Nacional, el Ministerio Público y los jueces de los tribunales de la República para judicializar, criminalizar, capturar y desalojar forzadamente y, por supuesto, para encarcelar a todas aquellas personas que según la arbitrariedades o los criterios de los funcionarios encargados de la persecución penal, ocupen tierras sobre las cuales tienen interés ya sea las empresas agroindustriales, las del mega turismo y las empresas relacionadas con la imposición de proyectos energéticos en el país.
Miriam Miranda quien leyó el comunicado, señaló que, “Los territorios son agua, son alimentos, son bosques, son recursos, son bienes que son colectivos comunitarios y estos proyectos lesivos que están en las comunidades como Los Pinares, los quieren legitimas a través de esa ley de la agroindustria y no lo vamos a permitir”, dijo la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) tras la presentación del hábeas corpus para que se declare inadmisible la lesiva Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.
“Compañeros y compañeras, pretenden asesinarnos, eso es lo que buscan y tener la autoridad y legitimidad a través de una ley. Los territorios son agua, son alimento, son bosques son recursos, son bienes colectivos y comunitarios, y todos esos proyectos que están en las comunidades como Pinares, quieren legitimarlos a través de esta ley”, denunció Miranda.
Reafirmó que están en pie de lucha en contra de los asesinos que quieren quedarse con lo poco que queda en el país y legitimarlo con la Ley Agroindustrial. Hoy los pueblos, campesinos y organizaciones están en peligro como nunca antes, por eso la lucha es para evitar los asesinatos en su contra, porque buscan instalar empresas e industrias.
La acción de hábeas corpus está presentada contra el presidente de la República, Nasry Asfura Zablah; el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo; el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes Theodore y el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass.
Asimismo, contra el secretario de Seguridad, comisionado general en condición de retiro, Gerzon Onán Velásquez Aguilera; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón, y el secretario de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard, todos son actores responsables de lo que ocurre directa e indirectamente en los territorios con los desalojos, con las detenciones arbitrarias que esta ley puede provocar en Honduras.
“Hemos presentado este hábeas corpus, la Corte Suprema tiene una obligación de responder de mamera inmediata preferente a cualquier recurso, a cualquier proceso que está llevando a cabo la Sala de lo Constitucional y esperamos que en las próximas horas haya una respuesta”, apuntó Edy Tabora.
UNA LEY SIN SOCIALIZACIÓN
Los diversos movimientos sociales, diferentes organizaciones de campesinos, indígenas, feministas, de diferentes sectores y de diferentes territorios estuvieron presentes para interponer el hábeas corpus preventivo, juntos con el objetivo de prevenir las vulneraciones de derechos con la que se creó la Ley Agroindustrial en el Congreso Nacional, la noche del 3 de junio en medio de un ambiente de suspicacia y, aun así, ratificada el 8 de junio y ampliada al sector turismo y energético.
La Ley fue cuestionada por la cantidad de votos con que se aprobó, por las denuncias de inconstitucionalidad en su contra y el revés hacia diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes exigían suspender el tercer y último debate, para abrir un proceso de socialización con los sectores afectados por la normativa.
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DESPROTEGEN A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y TIERRAS ANCESTRALES
La ley da luz verde y ordena la detención arbitraria, para que desalojen, desaparezcan y hasta asesinen a las poblaciones que defienden territorios, lugares de interés para las élites, que han sido habitados por pueblos originarios de forma ancestral, es decir, por quienes son los verdaderos propietarios de esas tierras.
Jaime cabrera, Coordinador de la Plataforma Agraria del Aguán (COPA), dijo para Criterio.hn que, han estado presentes siempre como sector social y sector campesino, para protestar y mostrar su rechazo a todas las leyes que históricamente garantizan solo estabilidad para la parte agroindustrial.
Las organizaciones anunciaron preparar otras acciones y movilizaciones hasta que se derogue o se declare inadmisible la Ley Agroindustrial que, aunque todavía no se ha publicado en Diario Oficial La Gaceta, está encaminada a aprobarse y ya surte “efecto”.
