La Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras advirtió que la nueva legislación amenaza la soberanía alimentaria al priorizar intereses agroindustriales sobre la producción de granos básicos y otros alimentos esenciales.
Tegucigalpa, Honduras. – En medio del rechazo a la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, organizaciones de base campesinas e indígenas advirtieron que esta privilegia grandes empresas agrícolas por encima de los pequeños productores que abastecen de maíz, frijoles, arroz, plátanos y otros alimentos básicos a la población hondureña.
A través de conferencias de prensa realizadas en algunos de los principales municipios productores del país, las organizaciones agrupadas en la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras manifestaron que la normativa, además de inconstitucional y contraria a las obligaciones internacionales, constituye una amenaza directa contra la soberanía alimentaria de las comunidades.
“Lejos de fortalecer la producción nacional, busca consolidar un modelo de concentración de la tierra, privilegios corporativos y represión estatal al servicio de los grandes intereses agroindustriales”, comunicaron durante la intervención realizada desde El Progreso, Yoro.
Aunque en el anteproyecto de ley, que tras su aprobación aún está pendiente de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, la normativa establece en su exposición de motivos que pretende asegurar la seguridad alimentaria, organizaciones campesinas sostienen que sus disposiciones terminan favoreciendo principalmente a los monocultivos agroindustriales, en detrimento de los pequeños productores de alimentos.
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El Informe de Resultados Generales del Censo Agropecuario Nacional de 2024 de Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Honduras, revela que, de las 2,748,054.8 hectáreas destinadas a actividades agropecuarias en Honduras, apenas 335,239.6 hectáreas se utilizan para el cultivo de granos básicos (maíz, frijol, sorgo y arroz), mientras que 704,912 hectáreas están dedicadas a cultivos de exportación como caña de azúcar, palma aceitera y café.
“No deben haber clases privilegiadas, pero el decreto tiene el objetivo de proteger un pequeño grupo de 125 agroindustrias que operan en Honduras, pero desprotege el 46% de la población hondureña que vivimos en zonas rurales”, remarcó Rivas, con respecto al enfoque de la normativa que beneficia los monocultivos agroindustriales como la palma africana por encima de los cultivos de granos básicos propiedad de pequeños y medianos productores.
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Además del impacto en la producción de alimentos, las organizaciones advirtieron que la ley debilita la capacidad del Estado para regular actividades productivas al establecer mecanismos que priorizan los intereses agroindustriales sobre otros criterios de interés público.
La discusión y aprobación de la ley se dio a días de la masacre de Rigores en Trujillo, Colón, donde 21 campesinos, entre hombres, mujeres y niños fueron asesinados.
Banegas puntó que estas decisiones que afectan directamente al pueblo y favorecen a una elite, se toman desde el desprecio y apuntó “no se cansan de seguir gastando y seguir entregando los recursos que pertenecen al pueblo”.
Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Silvin López recordó que pese a cuatro fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de pueblo garífuna, el Estado de Honduras continúa incumpliendo sus obligaciones internacionales. En ese contexto, advirtió que la nueva ley profundiza la preocupación de las comunidades ante posibles amenazas a sus territorios ancestrales, muchos de los cuales ya se encuentran ocupados por extensas plantaciones de palma africana.
La Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial fue aprobada la noche del miércoles 3 de junio en medio de cuestionamientos sobre la cantidad de votos con que habría sido aprobada, denuncias de inconstitucionalidad y llamados de diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) para suspender el tercer y último debate y abrir un proceso de socialización con los sectores afectados por la normativa.
Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras advirtió que la ley “podría contribuir a profundizar la criminalización de los conflictos sociales, las reivindicaciones colectivas, las protestas y las huelgas vinculadas a demandas de reconocimiento de derechos sobre la tierra”.
