Organizaciones territoriales sostienen que la iniciativa crea un régimen especial para grandes agroindustrias, desconoce derechos históricos sobre la tierra y amenaza la soberanía alimentaria del país
Tegucigalpa. – Por considerarlo inconstitucional, discriminatorio y amenazar la soberanía alimentaria de Honduras, organizaciones de base rechazan el proyecto de “Ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial”, y exigen su retiro inmediato que actualmente está a la espera de su tercer y último debate en el Congreso Nacional.
La iniciativa fue discutida en primer y segundo debate los días 25 y 26 de mayo, apenas cuatro y cinco días después de la masacre ocurrida en la Cooperativa Campesina Paso Aguán, en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, en el norte de Honduras.
La organizaciones que firmaron el pronunciamiento –entre las que se encuentran movimientos campesinos de todo el país– apuntaron que el proyecto de ley “legaliza e instituye un régimen de privilegios para los grandes agroindustriales”, a la vez que “desconoce y anula derechos históricos sobre la tierra y el territorio”.
Asimismo, señalan que a través de este proyecto de ley se pretende debilitar los controles ambientales, criminalizar la protesta social y violentar el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Las veintisiete organizaciones firmantes advirtieron al Congreso Nacional que la aprobación de dicho proyecto de ley constituirá un acto de traición a la patria y a los intereses del pueblo. Advirtiendo a las y los diputados que quienes “voten a favor asumirán la responsabilidad histórica de las consecuencias de su implementación, incluyendo represión, violencia y muerte de personas que defienden un derecho fundamental”.
Advirtieron que desconocen a cualquier organización –especialmente aquellas que bajo el discurso de “independientes” buscan legitimar y avalar graves violaciones a los derechos humanos– que pretendan hablar en nombre de las organizaciones territoriales, comunidades y movimientos sociales.
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Entre las organizaciones que firman el pronunciamiento se encuentran la Plataforma Agraria, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa), Movimiento Social Organizado de La Ceiba, Atlántida (MOSO), Bufete Justicia para los Pueblos (BJP), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDH), el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC), la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), el Centro de Derechos de Mujeres y la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), entre otras.
Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Aguán, dijo a Criterio.hn el viernes 28 de mayo, que el proyecto legislativo es lesivo por violentar el artículo 60 de la Constitución de la República de Honduras en el que se establece que no existen clases privilegiadas en Honduras. Agregó que es condenable la aprobación de proyectos de ley que protegen intereses de un pequeño sector, mientras se vulneran los derechos del 46% de la población que reside en el área rural.
La Constitución de la República en el Capítulo III, aborda la Reforma Agraria, estableciendo en el artículo 344 que este está “destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario. Declárase de necesidad y utilidad pública la ejecución de la Reforma Agraria.”
Pese a esto, el artículo 2 del Proyecto de “Ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial” establece que la “inafectabilidad de tierras agroindustriales” será “aplicable incluso frente a causas de utilidad pública”, violentando la Constitución de la República.
En entrevista con Criterio.hn, Hugo Noé Pino, diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) de Francisco Morazán, dijo el miércoles 27 de mayo, “que desde la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola a comienzos de los años 90, el siglo pasado, no ha habido una ley tan nefasta como la que se está presentando”.
La iniciativa de ley fue inicialmente presentada el 4 de febrero, pero no fue hasta el lunes 25 de mayo –cuatro días después de la masacre en Rigores, Trujillo– que esta fue debatida. El proyecto fue presentado por el diputado por Copán del Partido Nacional, Erick José Alvarado Alvarado.
